Joseba Azkarraga. Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco
La puesta en marcha del nuevo Palacio de Justicia de Eibar ha supuesto la culminación
del el Plan de Sedes Judiciales que el Gobierno Vasco inició en el año
1990. Han sido trece edificios de nueva planta y otros tres rehabilitados de
forma total, con una inversión superior a los 180.303.630 €uros
(30 mil millones de pesetas), que han conferido una nueva cara a un servicio
público clave y esencial en nuestra sociedad pero han supuesto mucho
más profundo. Al desarrollar este Plan se ha contribuido a que la ciudadanía
perciba que el poder público le ha tomado muy en serio como sujeto de
derechos y deberes al igual que la responsabilidad que le afecta a la hora de
procurar un buen funcionamiento de la Administración de Justicia.
La memoria nos
remite a finales de 1987, cuando se asume la competencia de medios económicos
y materiales reconocida en el Estatuto de Gernika. La escasa inversión
que el Estado dedicaba a este capítulo nos situó ante un panorama
de cierta desolación en el que la precariedad era la nota dominante.
Una situación que todavía se vive en otras comunidades. La Administración
vasca decidió entonces que una política de paños calientes
y parches sería claramente insuficiente por lo que se apostó,
de manera inequívoca, por una modernización que debía tener
como ejes la renovación total de las infraestructuras judiciales, un
plan de informática judicial integral y la calidad de los servicios.
Debo recordar aquí
a Juan Ramón Guevara, Javier Caño, José Ramón Recalde,
Ramón Jáuregui, Francisco Egea y Xabin Intxaurraga. Son los consejeros
de Justicia que me han precedido y que han impulsado esta política modernizadora
acompañada de un enorme esfuerzo inversor. No quiero ni puedo olvidarme
en este momento de José María Lidón porque, antes de que
ETA le asesinara el 7 de noviembre de 2001, fue un juez que, con dedicación
y entusiasmo, colaboró con el Departamento en todos los procesos de modernización
de la Justicia.
Toda esa suma de
impulsos y esfuerzos ha merecido la pena. Los propios profesionales de la Justicia
han valorado de forma muy positiva el ejercicio de la competencia en medios
materiales asumida por la Administración Autónoma Vasca. Así
lo reflejaron en una encuesta realizada el pasado año con el objetivo
de conocer las opiniones de quienes participan, de una u otra manera, en la
administración de Justicia.
Pero lo que quiero
subrayar aquí y ahora es que en la base de todos los planes desarrollados
y en marcha, tanto en lo que afecta a medios materiales como los relacionados
con el personal, subyace el propósito de acercar la justicia al ciudadano.
Valga como ejemplo www.justizia.net, la página que posibilita aproximarse
desde casa al funcionamiento de la Administración de Justicia con un
lenguaje sencillo y obtener certificados de nacimiento, matrimonio, información
de subastas judiciales o datos para la participación en un jurado. Es
una iniciativa pionera en Europa y herramienta útil para contrarrestar
esa imagen de la Justicia como algo lejano y opaco que, por desconocida, puede
provocar recelo, desconfianza y hasta rechazo.
Ahora se presenta
la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Ha entrado en el registro
del Congreso de los Diputados como proposición no de ley para enmendar,
aseguran, un olvido histórico de los sucesivos gobiernos del Estado para
con la Justicia. Se reconoce que no sólo no se le ha dedicado los medios
económicos necesarios, sino que se ha ignorado a los propios usuarios
del servicio, a los ciudadanos.
Como titular del
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social veo con satisfacción
y orgullo que varios de los objetivos recogidos en esa Carta están ya
vigentes en nuestra Comunidad. No sólo en lo que afecta a la reivindicación
de una justicia moderna y tecnológicamente avanzada sino, sobre todo,
porque algunas de las metas fijadas forman ya parte de nuestra manera de hacer.
Pienso en la atención especial a las víctimas del delito o a los
menores; en la recomendada transparencia o en la justicia gratuita de calidad.
Es cierto que no
todos los objetivos están en nuestras manos. Uno de los principales problemas
que inciden en la no correcta eficiencia del sistema de Administración
de Justicia es la multiplicidad de instancias competenciales que operan sobre
la misma. Recordaré que los Jueces y Magistrados dependen del Consejo
General del Poder Judicial; los fiscales de la Fiscalía General del Estado;
los Secretarios Judiciales del Ministerio de Justicia y el personal al servicio
de la Administración de Justicia no está tampoco integrado en
la función pública vasca porque pertenece a lo que se denomina
Cuerpos Nacionales.
Es lógico,
por tanto, reconocer la dificultad de que el sistema funcione. Nuestra ciudadanía
ha de utilizar la administración de Justicia de una forma práctica
y ágil, sin tabúes o resquemores, como sucede con los servicios
municipales de ocio y cultura o de correos. Un Palacio de Justicia no tiene
por qué imponer al ciudadano que realiza en el mismo cualquier gestión
tal y como lo haría en una delegación de servicios sociales o
de vivienda. El Departamento de Justicia y Empleo del Gobierno Vasco hace grandes
esfuerzos de coordinación y se propone perseverar en ellos desde la máxima
colaboración con todas las instancias implicadas pero sin renunciar a
una descentralización que se considera fundamental. Y la razón
no es otra que ofrecer un servicio en las mejores condiciones y aspirar a que
se desarrolle con excelencia porque siempre he pensado que la eficacia a la
hora de prestar un servicio no debe tener más punto de referencia que
el ciudadano.
Fuente: Eusko Alkartasuna