Terminaba la semana con el altisonante anuncio del líder de los populares catalanes, Xabier García Albiol, de que acudirían al Tribunal Constitucional a pedir amparo para que en el Parlamento catalán no se pudiera celebrar el debate sobre la declaración conjunta presentada por Junts pel Sí y las CUP sobre el proceso independentista abierto. Poco tardaron el resto de fuerzas constitucionalistas en sumarse al recurso y el miércoles pudimos ver la foto conjunta entre Arrimadas (Ciudadanos), Iceta (PSC) y el citado líder popular. PP y Ciudadanos no querían permitir siquiera el debate de la iniciativa en la sede de la discusión política por excelencia: el Parlamento.
Mientras tanto se pusieron en marcha todos los aparatos del Estado y el propio ministro de Interior, Jorge Fernández Diez, anunció que tenían preparados “planes de contingencia” para una eventual declaración de independencia de Catalunya y apeló al Tribunal Constitucional. Una vez más, y esto nos suena mucho en Euskal Herria: la judicatura como ariete contra el derecho a decidir.
Tampoco se quedó atrás el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciando que cerraría el grifo de la financiación a Catalunya, como si el dinero de la recaudación de la sociedad catalana fuera propiedad de Madrid. Y esto también nos suena, ya que es algo recurrente que los partidos españoles amenacen a nuestras fuentes de financiación, el Concierto Económico y el Cupo.
Entre tanto, el Tribunal Constitucional, en un intento de mantener apariencia respetable, dice que no puede tanto como prohibir un debate político en un Parlamento pero que la última palabra es suya, no de los y las catalanas. Será muy legal, pero es muy poco democrático.
Está claro que el proceso catalán genera enormes simpatías en Euskal Herria, porque es a lo que siempre hemos aspirado: un proceso que nace de la sociedad, 100% democrático y pacífico.

Y mirando con atención a Catalunya, cada vez está más claro que el camino que decida la sociedad vasca lo tendrá que hacer con el Estado en contra. Todo son trampas para el derecho a decidir: Catalunya no puede decidir porque el derecho a decidir no está en la Constitución, pero a los navarros y navarras que sí tienen un resquicio de derecho a decidir en la Constitución mediante la transitoria cuarta, también les niegan ese derecho.

Lo dijo Rajoy el jueves en Iruñea: la legislatura que viene se reformará la Constitución y el PP suprimirá la transitoria cuarta que otorga a la ciudadanía de Nafarroa el derecho a decidir si quieren unir su futuro al de los otros tres herrialdes de Hegoalde. Es decir: con aval legal, tampoco se puede decidir.

Sin embargo, es difícil creer que un país que quiera ser independiente pueda no llegar a serlo en la Europa del siglo XXI. Entonces, ¿qué vía queda para ello? La unilateralidad, la legitimidad democrática, hacer caso a la sociedad en lugar de obedecer al Tribunal Constitucional español.
Y para ello, el independentismo tiene en Euskal Herria un gran obstáculo: un PNV que mira de perfil lo que está sucediendo dentro del mismo marco institucional del Estado y que niega lo evidente, reafirmándose en la tan cacareada bilateralidad y el pacto. ¿Qué pretende pactar con un Estado que ha demostrado reiteradamente que no está dispuesto a acordar nada?
Decididamente, el alma soberanista del PNV se está diluyendo tanto que es difícil encontrar el mas mínimo rastro de ella. Imitando al constitucionalismo en Catalunya, ha impedido que en el Parlamento Vasco se debata sobre el proceso catalán, como solicitaba EH Bildu; y Urkullu insulta a la sociedad catalana diciendo que “ve imposible crear un estado independiente de la noche a la mañana” despreciando el trabajo que han realizado los catalanes y catalanas durante los últimos años y tratándolos como menores de edad incapaces de decidir lo mejor para su país.
Observamos un PNV cada vez más despojado de sus vergüenzas y al que sólo le interesa seguir gestionando las instituciones para mantener su “statu quo”. Ya lo dice sin tapujos y ni se despeina a la hora de menospreciar la propuesta de ley presentada por EH Bildu para empoderar a la ciudadanía y habitar fórmulas para poder decidir, una propuesta inspirada en la Ley de Consultas de Catalunya, es decir, una ley con inmensas posibilidades.
La esperanza es que la propia base soberanista del PNV –en Catalunya y pese a los pronósticos en contra es muy mayoritaria dentro de la extinta CiU- le haga cambiar el rumbo.