´Ni invierte en medios materiales y personales para cumplir la función reinsertora, ni cumple con su obligación de transferir las competencias, y ni siquiera está por la labor de colaborar´, afirma
El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Joseba Azkarragaz, ha denunciado la actitud de ´permanente desidia y obstrucción´ del Gobierno del PP en materia penitenciaria, porque ´ni invierte en medios materiales y personales para cumplir con la función reinsertora de las penas, ni permite que se haga efectivo el deseo de asumir competencias o, incluso, la disposición a colaborar para el desarrollo de políticas que redunden en beneficio de la situación y condiciones de vida de los reclusos´.

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, ha presentado hoy en Vitoria-Gasteiz el estudio sobre la situación de las mujeres presas en la CAV, obra de Juana Balmaseda y César Manzanos. Los propios autores dieron a conocer los datos de este estudio, realizado a iniciativa de la Comisión de Mujeres del Colegio de Abogados de Bizkaia e impulsado desde su inicio por el Departamento de Justicia.

En su intervención, Azkarraga se refirió a la actual limitación con que se encuentra la CAV a la hora de trabajar en el ámbito penitenciario, debido a la negativa del Gobierno español a efectuar el traspaso de una competencia que el Estatuto reconoce como exclusiva de la Administración vasca, en una decisión que, según denunció el consejero, ´obedece a razones claramente políticas´. De hecho, ´en ningún momento se han aducido problemas técnicos para negar el traspaso y lo que se ha hecho es desoír, sistemáticamente, hasta los diversos pronunciamientos del Parlamento vasco que ha instado a cumplir con el mandato estatutario, también en esta materia´, recordó.

El consejero denunció que el interés de su Departamento por mejorar las condiciones de vida en las prisiones y orientar la política penitenciaria hacia la reeducación y la reinserción social de los internos ´topa con esa negativa y con los obstáculos que el Ministerio del Interior viene poniendo a la hora de potenciar el Convenio que se firmó en 1994 para desarrollar áreas de colaboración con programas dirigidos a los tres Centros Penitenciarios situados en el País Vasco´.

La política del PP, una renuncia a la reinserción

Por otra parte, censuró que la nueva regulación del Código Penal, promovida y aprobada por el Gobierno del PP, supone ´una renuncia a la reeducación y a la reinserción social en un buen número de casos´. En palabras del titular de Justicia, Empleo y Seguridad Social, ´es alarmante que los fracasos en materia de resocialización de los penados se quieran combatir con una política de más mano dura en la que se prescinde del carácter humanista de la sanción penal en aras de una solución revanchista que convierte de facto en inviable la reeducación social del delincuente´.

Azkarraga reveló que la población penitenciaria crece de forma continuada y que ese aumento también afecta a la mujer. Así, las cárceles vascas acogen en estos momentos a un total de 1.139 personas, de las que 78 son mujeres.

Según aseguró, el hacinamiento constituye un problema real que con el tiempo, y si no se pone remedio, se agravará todavía más. En tal sentido, alertó de que ´las reformas penales puestas en marcha, la regresiva y represiva política penal del Gobierno que amplía los supuestos de prisión provisional, producirá un mayor número de ingresos en las cárceles y, por tanto, unas peores condiciones de cumplimiento de penas´.

En cualquier caso, anunció que, ´sin la más mínima renuncia a exigir la gestión penitenciaria que nos corresponde, el Gobierno vasco utilizará sus propias competencias sociales, educativas, sanitarias o laborales para incidir de la forma más positiva posible respecto a personas que están o podrían estar en un proceso efectivo de inserción social en libertad´. ´Seguiremos -dijo- con nuestra política de apoyo a las asociaciones que colaboran en los cumplimientos extrapenitenciarios y trataremos de habilitar los recursos precisos para apoyar, por ejemplo, la excarcelación de personas con problemas de salud específicos o el apoyo a los pisos de acogida de mujeres extranjeras para que puedan acceder a permisos y a la libertad condicional.

En palabras del consejero Azkarraga, el rotundo y absoluto compromiso del Gobierno vasco en sus políticas contra la exclusión ´mira también a las personas privadas de libertad, mira a las cárceles porque la reinserción social de los internos, hombres y mujeres, es un objetivo clave´, cuyo logro ´nos permitirá crecer como sociedad y reconocernos como personas que trabajan en beneficio de su pueblo´.

Fuente: Joseba Azkarraga