Begoña Lasagabaster La presencia del Gobierno Vasco en el Consejo
de Ministros de la Unión Europea para la defensa de los intereses que
le son propios como el Concierto Económico resulta ser un objetivo, primero,
imposible de cumplir por el propio funcionamiento y estructura de la Unión
y, en segundo lugar, un desastre para el propio Concierto. Este es el mensaje
que día tras día nos trasladan los voceros oficiales y oficiosos
del Gobierno Central a los ciudadanos vascos, supongo, en la creencia de que
somos o bien ignorantes en lo que se refiere al conocimiento de lo que ocurre
en la Unión Europea, o tan ingenuos para no saber a estas alturas quién
o quién no ha defendido desde siempre nuestras propias instituciones,
por ejemplo el Concierto.
Pues ni lo uno ni lo otro. La mayoría
de los ciudadanos vascos sabemos desde hace mucho tiempo que en aquellos Estados
de la Unión con estructuras no centralizadas donde coexisten distintas
naciones, regiones o comunidades diferenciadas, es decir, en jerga comunitaria
«regiones constitucionales o entes subestatales con competencias legislativas
propias», han articulado mecanismos para que su propia estructura jurídica
aprobada internamente en un Estado fuera objeto de respeto en la esfera comunitaria.
Este artículo no pretende entrar a analizar
cada uno de los sistemas establecidos en los distintos entes subestatales, ni
cómo debe hacerse aquí. Esta cuestión ya ha sido planteada
al Gobierno español en muchas ocasiones y, en concreto, en lo que a mí
respecta, en el propio Congreso de los Diputados. Tan sólo se trata de
un recordatorio de lo que existe en nuestro entorno y sin problema alguno, por
cierto.
Así, se han apoyado reformas a nivel comunitario
del los Tratados que permitieran, entre otras medidas, por ejemplo, la participación
de representantes de estas regiones constitucionales. Cabe recordar el actual
artículo 203 del Tratado de Niza, emanado a su vez del Tratado de Amsterdam,
para que representantes de estas naciones, länder o comunidades puedan
asistir de forma clara al Consejo de Ministros. Resulta interesante reseñar,
como señalan fuentes oficiosas conocedoras de los secretos de la negociación,
que España, en su momento, se opuso a la introducción de una explicación
que dejara claro que «rango ministerial» también se refiere
a consejeros de CCAA, ministros de länder, regiones belgas, etc. Esta posición
del Gobierno español en nada nos sorprende.
Estos Estados han establecido, igualmente, mecanismos
internos para que se articule de forma efectiva la participación de estos
representantes en defensa de sus propias competencias. Bélgica, Reino
Unido, Alemania, Austria y otros han adecuado esta cuestión a sus propias
necesidades y estructuras. Así, en este último semestre hemos
podido comprobar que no sólo no ha sido imposible que participaran en
el Consejo de Ministros como miembros de pleno derecho de la delegación
belga, sino que además han presidido algunos Consejos, por ejemplo el
de Investigación, el pasado día 30 de octubre, presidido por François
Xavier de Donnea. No creo que haya ocurrido ningún desastre en la esfera
comunitaria. Todo se ha desarrollado correctamente y nadie ha puesto ninguna
pega, ni siquiera España.
Pero no, aquí no. Ciertamente Spain is
different o al menos el Gobierno central parece serlo. Ni cumple el ordenamiento
jurídico vigente de atribuciones competenciales propias a las CCAA, ni
las resoluciones de las Cortes Generales, respecto a esta cuestión, ni
atiende tampoco a las reflexiones de la sentencia del Tribunal Constitucional
de 26 de mayo de 1994, según la cual se admite la existencia de relaciones
directas entre las instituciones autonómicas y las comunidades europeas,
y ya no hablo de lo que para ellos es un poder legislativo de segunda categoría
-la voluntad de los ciudadanos expresada en el Parlamento Vasco- que simplemente
exige el cumplimiento de la Ley. Y si alguien tenía alguna duda, el Gobierno
se encargó el pasado jueves, día 13, de cerrar tajantemente cualquier
posibilidad, incluso el mero debate sobre la articulación de mecanismos
para la participación de CCAA en el Consejo, ni para escuchar ni para
hablar.
Siempre se puede echar la culpa a alguien. «El
sistema sería ingobernable; sería simplemente un patio de enfrentamiento
entre intereses contrapuestos de distintas comunidades autónomas»,
según afirmaba el Sr. Matutes, en febrero de 1998, durante la interpelación
de EA debatida en el Congreso de los Diputados sobre la participación
autonómica en la delegación del Estado en el Consejo de Ministros
de la Unión Europea.
Pero quizá lo más paradójico
es que afirman representarnos «mejor que nadie» y lo hacen tras
diversos recursos ante los tribunales contra normas fiscales vascas. Actuaciones
que en muchos casos son el origen de numerosos expedientes de la Comisión.
Resulta curioso que nuestro defensor en la UE sea el mismo que nos acusa en
los tribunales del Estado.
Jatorria: Eusko Alkartasuna