Seguramente, lo más llamativo de los procesos que han derivado en escándalos financieros ha sido que se han hecho a la vista de todos. Desde los delirios de grandeza de la Caja de Navarra, que la sensatez decía que iban a tener trágicas consecuencias, hasta el uso de las tarjetas black de Bankia se han realizado con la naturalidad de quienes se creen impunes.

Algo parecido está pasando en Kutxabank. El atraco a la sociedad vasca se está haciendo desde las portadas de los periódicos y revestido de la pátina de la legalidad. Así que, entre que la ingeniería financiera que se desarrolla en estos procesos es difícil de entender para la mayor parte de la sociedad y que nos mienten sin complejos asegurando que la privatización es obligatoria por ley –lo cual es radicalmente mentira-, para cuando nos demos cuenta del expolio que se ha producido no nos quedará más que el recurso de la pataleta.

Y sin embargo, van dejando muchas pistas. Por ejemplo, que ninguna de las tres bases incorporadas a los estatutos de las cajas de ahorros de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para la fusión se ha cumplido. Por que hay que recordar que las cajas se fusionaron bajo las premisas de que se mantendría su carácter público y negando explícitamente la posibilidad de la privatización; de que el 30% de los beneficios del banco se destinarían a la Obra Social, y respetar la voluntad de la plantilla en cuanto al marco de relaciones laborales.

Sin embargo, está claro que ninguna de estas premisas se han cumplido. La privatización es un hecho por que así lo han decidido PNV, PP y PSOE. Como consecuencia de la privatización es imposible garantizar la obra social que ya es casi inexistente. Y a estas alturas también se ha comprobado que la plantilla de Kutxabank se verá perjudicada por la nueva situación.

Otra pista que nos señala que la privatización no es tan perfecta como nos dicen es que a la mayoría de la sociedad no le ha reportado nada bueno: no hay más crédito ni para particulares ni para pequeñas empresas; la obra social desaparece; las prácticas antisociales, como los desahucios, se han convertido en el pan nuestro de cada día,…

Es hasta difícil entender cómo un proceso que había generado tanta ilusión, tan largamente añorado por la mayoría de la sociedad vasca y que aunaba un consenso muy inusual en Euskal Herria, ha derivado en este desastre. Lo que están haciendo PNV, PP y PSOE es un escándalo equiparable a otros que se han dado en el Estado, por muy legal que este sea. El expolio de fondos públicos, aunque esté avalado por una ley hecha a medida, es un escándalo del que algunos responsables políticos terminarán teniendo que dar explicaciones.

Así, nos encontramos en una situación en la que unas cajas que funcionaban –con sus errores y aciertos-, tenían un arraigo en la sociedad en la que actuaban y un carácter público que garantizaba el control de los fondos han derivado a una fundación privada, sin ningún tipo de arraigo y que solo beneficiará a manos privadas que PNV, PP y PSOE han puesto al frente de Kutxabank.

Es decir, hemos hecho un viaje largo y trabajoso, que intentan cerrar de manera oficial con la Asamblea de la Kutxa del 24 de octubre en Donostia, para llegar a una situación que perjudica a la sociedad y que los tres partidos políticos –y algún sindicato- que han pactado todo lo referente a Kutxabank defienden con uñas y dientes. Y ni siquiera es porque no haya habido otras alternativas en el camino, ya que EH Bildu las ha puesto de manera reiterada sobre la mesa, antes y durante el proceso.

Ahora ya solo la presión social puede hacer cambiar las cosas. Si esperamos un poco más, solo nos quedará lamentarnos. Y lo haremos.

Unai Ziarreta, secretario de política Institucional de Eusko Alkartasuna