Begoña Errazti argumenta que se trata de ‘un proyecto de ley ‘ad hoc” que entraña un peligro evidente de una interpretación extensiva a otros partidos La presidenta
de Eusko Alkartasuna y portavoz parlamentaria, Begoña Errazti, ha presentado
en el Parlamento de Navarra una moción contra la reforma de la Ley de
Partidos del Partido Popular, apoyada por el PSOE, que se está debatiendo
en estos momentos en el Congreso de los Diputados de Madrid. En la exposición
de motivos, Begoña Errazti (EA) señala que se trata de ‘un
proyecto de ley ‘ad hoc” para permitir y propiciar la ilegalización
de un partido político concreto. Asimismo, advierte, el texto ‘lleva
a una extrema inseguridad jurídica’ ya que, explica, existe ‘el
evidente peligro de que, en el futuro, se extienda a otros partidos la interpretación
de los supuestos previstos para la ilegalización de ese partido político
concreto’.
La presidenta
de EA denuncia que el proyecto de ley abre cauces a la ilegalización
de partidos ‘sobre la base de conductas de enorme indeterminación
jurídica, y mediante un procedimiento rápido y limitado en cuanto
a posibilidades de defensa’. Asimismo, añade, ‘todo el proyecto
se consagra a regular los supuestos y procedimientos de ilegalización
de partidos, sin desarrollar apenas aspectos generales relacionados con el derecho
de partidos; además, carece de un planteamiento general de cuál
debe ser el papel fundamental de los partidos en nuestro sistema político’.
INSEGURIDAD JURÍDICA
Begoña
Errazti resalta especialmente la ‘inseguridad jurídica’ que
lleva parejo el texto presentado. ‘Tipifica una extensa tipología
de conductas que, aunque puedan ser social y políticamente rechazables,
sin embargo, no son jurídicamente ilícitas’. Asimismo, expone,
‘se burlan las exigencias y requisitos de legalidad, proporcionalidad,
irretroactividad, tipicidad, con posible vulneración de los principios
constitucionales de libertad ideológica, de expresión, de asociación,
de tutela judicial efectiva, de participación en asuntos públicos
e, incluso, la autonomía de los entes locales, todo lo cual causa un
estremecimiento en aquellas personas que tengan una mínima sensibilidad
jurídica’, afirma.
‘Con la redacción
propuesta, se lleva a una extrema subjetividad la apreciación de las
conductas lo cual significa una extrema inseguridad jurídica, con el
evidente peligro de que se interprete de forma extensiva, en el futuro y a otros
partidos políticos, los supuestos previstos para la ilegalización
de un partido político concreto’, apunta.
Por todo ello,
Errazti ha presentado una moción en la que el Parlamento de Navarra declara
que ‘por coherencia democrática, la defensa de las libertades y
derechos fundamentales debe garantizarse con independencia de la simpatía
o el juicio político que a unos u otros pueda merecer el titular o titulares
de esos derechos y libertades’.
Pone de manifiesto
que ‘estos procesos de ilegalización de organizaciones políticas
afectan directa y restrictivamente a derechos y libertades tan relevantes como
la libertad ideológica, de expresión, de asociación o de
participación ciudadana’, reconocidos expresamente en la Constitución.
Afirma que ‘los
procesos de ilegalización citados se asientan en una interpretación
expansiva del delito de colaboración o pertenencia a banda armada que
tiende a situarse más allá de los supuestos objetivos previstos
por la ley, que se dirige contra sujetos colectivos y no contra personas concretas,
y que además se extiende a formas de expresión, asociación
y opción política o ideológica con arraigo en la realidad
social de nuestro país’.
Expresa ‘su
preocupación y denuncia’ porque, en este contexto, ‘se producen
situaciones de indefensión y espacios de legalidad ambigua, propicios
a la arbitrariedad en lo referente a la garantía de los derechos y libertades
básicas de las personas’. Asimismo, añade, ‘esta situación
de indefinición y equívoco en la protección de las libertades,
especialmente cuando se da en un contexto de gran relevancia pública,
contribuye a fomentar una cultura política relativista de los derechos
humanos’.
La moción
constata que ‘estas circunstancias incidente negativamente en la consecución
de una convivencia política pacífica, democrática y con
garantía para la expresión de su pluralismo’ y, expresa su
rechazo a ‘las iniciativas actualmente en marcha que tienen como objetivo
la ilegalización de organizaciones políticas’ y así
exige ‘su paralización y revocación, en su caso’.

Jatorria: Eusko Alkartasuna