Gorka Knörr

Ante la decisión del juez de enviar a prisión a 5 responsables del diario Euskaldunon Egunkaria, y las medidas tomadas contra el resto, nos debemos reafirmar en que la actuación de la Audiencia Nacional no puede ser considerada más que como un abuso, una aberración y una brutalidad jurídica inadmisible en un sistema que se diga democrático, y un intolerable atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

El cierre de Euskaldunon Egunkaria, y las actuaciones seguidas contra sus responsables, son el resultado, como en tantas otras ocasiones, de la presión de determinados medios de comunicación y del gobierno español del señor Aznar, y de una política de inculpación del nacionalismo vasco, en un contexto de incapacidad manifiesta del gobierno español para afrontar el problema de Euskadi. El señor Aznar, y su cohorte mediática, pretenden una y otra vez establecer la conexión entre el mundo del euskera y el mundo de la violencia de ETA, mediante burdos, increíbles y novelescos montajes, que sirven además, en este momento concreto, para tapar su nefasta gestión en los asuntos de gobierno y su posicionamiento servil para con la estrategia belicista del gobierno de los Estados Unidos, tan contestada por la ciudadanía del estado español. Ante sus reveses políticos, el gobierno Aznar y su apéndice de la Audiencia Nacional, optan por la carnaza vasca, pisoteando los derechos de los vascos y las vascas.

Muy posiblemente, no pasará mucho tiempo antes de que los responsables de Egunkaria salgan en libertad, pero, como tantos otros injustamente inculpados en el pasado, después de haber pasado todo un rosario de penalidades, injusticias y calumnias por parte de los responsables del Gobierno Aznar y de sus resortes mediáticos, y sin que se hayan respetado en absoluto valores tan inseparables de un sistema que se llame democrático, como lo son la presunción de inocencia, la separación de poderes, y la protección de los derechos fundamentales de expresión y de libre información.

No hablamos a humo de pajas. Aquí en muy poco tiempo han pasado cosas muy graves en torno a este asunto. Como, por ejemplo, que un auto que implica el cierre de Egunkaria es entregado al director del medio, Martxelo Otamendi, y al Presidente del Consejo, Joan Mari Torrealdai, al mismo tiempo que se les detiene y se les incomunica. El juez y la guardia civil, ni siquiera se toman la molestia de dejar una copia a sus familiares. ¿Cómo se supone que se puede recurrir ese auto cuya copia, finalmente, consigue el abogado Iñigo Iruin, a su propia demanda y tras constatar en la propia Audiencia Nacional que a los detenidos se les han asignado abogados de oficio? ¿Dónde quedan las garantías jurídicas y procesales?

Estamos hablando, repito, de un hecho grave, porque la decisión judicial afecta a derechos fundamentales, como son la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24 de la Constitución, y, por extensión, a las propias garantías de presunción de inocencia y de las garantías de defensa recogidas en el Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

No respetan ni su propia legalidad.

Esa violación de derechos fundamentales, además del ataque gratuito e indiscriminado contra el disidente, el discrepante, y al que se supone en la órbita de las tesis del nacionalismo vasco, es, a nuestro juicio, el tema crucial. Porque decisiones como las que se toman contra Egunkaria, ni siquiera respetan, no ya principios generales y declaraciones universales, sino, ni tan siquiera la propia legalidad que el constitucionalismo español y sus exégetas dicen respetar. Por ejemplo, el artículo 6 del Estatuto de Gernika.

O sigamos con la propia Constitución. El cierre cautelar, como ya hemos señalado, afecta a derechos fundamentales como son el derecho de libre expresión, de información y comunicación, y en definitiva el derecho de los euskeldunes a recibir información en su propia lengua. Y, por otra parte, se debe señalar que el Artículo 55 de la Constitución, en relación con la suspensión de derechos y libertades, dice que se podrá privar de determinados derechos a la persona (información inmediata y garantía de asistencia de abogado) ´para el supuesto de declaración de estado de excepción´. Pueden los señores Aznar, Acebes o del Olmo aclarar si estamos en ese supuesto?

Por otro lado, el mismo artículo 55, en su apartado 2, dice que los derechos reconocidos en la Constitución ´pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas´. En el peor de los supuestos, se habla de suspensión a ´personas determinadas´, no, en ningún caso, de suspensión de derechos de los miles de lectores de un diario, sea éste el que sea.

Por no hablar, repito, del artículo 6 del Estatuto; o de la Ley Básica de Normalización del uso del Euskara, cuando encarga a las autoridades vascas que ´adopten las medidas conducentes a aumentar la presencia del euskara y a la equiparación progresiva de las dos lenguas oficiales, el empleo preferente en los medios de comunicación y la protección y uso, potenciando su difusión y posibilidad de utilización efectiva en la radiodifusión, la prensa y publicaciones, la cinematografía, teatro y espectáculos´; o de la Carta de las Lenguas Minoritarias, suscrita por el propio gobierno español.

Para qué seguir. Es todo tan evidente que da vergüenza tener que argumentar estas cosas. No nos queda sino seguir trabajando codo con codo para garantizar cuanto antes la reversión de este atropello, desde la responsablidad que cada uno de nosotros tenemos, y decir al gobierno español y a su apéndice judicial de la Audiencia Nacional: ya esta bién! Aski da!

Gorka Knörr
Secretario General de Eusko Alkartasuna
Ex Miembro del Consejo Editorial de Egunkaria

Fuente: Gorka Knörr