Rafa Larreina Cada vez que en el Parlamento Vasco o en cualquier otro foro, institucional o no, ponemos sobre la mesa la existencia de la tortura y exigimos la puesta en práctica de medidas concretas que conduzcan a su desaparición se alzan voces cada vez más minoritarias, afortunadamente que nos acusan de estar legitimando otro tipo de violencias, más concretamente a ETA.

Durante demasiados años en nuestro país hemos convivido con la violencia, con ETA, con los GAL, con el Batallón Vasco-Español… y es desalentador comprobar cómo esa pesada carga puede llevar a algunas personas a asumir que el fin justifica los medios. La tortura se convierte así en la negación de la ética, en la anulación de una idea que en Eusko Alkartasuna consideramos básica y fundamental: en ningún caso es admisible la violación de los derechos humanos, en la defensa y en el respeto de los derechos humanos no caben las excepciones, ya que si miramos hacia otro lado y admitimos de facto una determinada violencia, estamos legitimando todas las violencias.

Los derechos humanos, en definitiva, no son una cuestión de conflicto político o de diferente ideología, son una cuestión ética fundamental. Por eso, cuando exigimos la desaparición de la tortura no estamos ante un conflicto político, sino ante un conflicto ético y moral.

El Estado español figura entre los estados que han suscrito los principios establecidos en la Convención contra la Tortura y en la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1984. En la práctica, sin embargo, esto no ha significado por su parte un compromiso firme en la lucha contra la tortura y los malos tratos. Así lo han constatado distintos organismos internacionales, como el Relator de la ONU contra la Tortura o Amnistía Internacional, que en más de una ocasión han tenido que denunciar, primero, la práctica de torturas en el Estado español y, segundo, el nulo interés del Gobierno en combatirlas, habiendo llegado incluso al extremo de indultar a torturadores condenados en firme.

Años de denuncia permanente nos han enseñado que no basta con hacer meras declaraciones de intenciones ni con expresar condenas y rechazos de cara a la galería que luego a la vista está no tienen su correspondencia en la práctica política diaria. Es imprescindible plantear, y aplicar, medidas concretas que eviten que las torturas se produzcan; de lo contrario, difícilmente podremos acabar con esta lacra.

A esta necesidad responde precisamente la proposición no de ley que Eusko Alkartasuna, junto a otras formaciones, ha impulsado en el Parlamento Vasco, una iniciativa que, entre otros puntos, hace suyas las recomendaciones que organizaciones humanitarias internacionales vienen trasladando desde hace años al Gobierno español. Así, el Parlamento reclama la derogación de la legislación antiterrorista, y, en consecuencia, la eliminación de la incomunicación de los detenidos, ya que ésta favorece la impunidad al posibilitar espacios oscuros donde el control efectivo sobre los potenciales torturadores resulta casi imposible, con lo que existe un riesgo cierto para la salvaguarda de los derechos fundamentales que asisten a cualquier persona, también a los detenidos por terrorismo. Porque la tortura es una lacra que afecta a la esencia misma de la Justicia, es igualmente necesario tomar medidas concretas en ese ámbito, medidas para perseguir desde el ámbito judicial a los torturadores pero también medidas que arrebaten a la tortura cualquier efecto práctico en los tribunales. Es decir, es imprescindible evitar que declaraciones obtenidas bajo tortura sean validadas después en instancias judiciales.

No hay mejor manera de hacer desistir a un torturador que hacerle saber, primero, que su delito va a ser perseguido y, segundo, que la tortura no le va a ser útil para combatir el crimen. El respeto y el compromiso activo con los derechos humanos, sin excepciones, tiene que estar por encima de cualquier otra consideración y en la base de todo sistema de convivencia que desee considerarse humano.

* Parlamentario de EA y vicepresidente 2º del Parlamento Vasco
Fuente: Rafael Larreina