Es Viceconsejero de inserción social y familia Manuel Vigo es viceconsejero de Inserción Social y Familia, dos áreas que en menos de un año serán reguladas por nuevas leyes que pretenden convertir en derechos subjetivos de todos los vascos tanto el acceso a ayudas económicas en situación de pobreza como las subvenciones por hijo. Como ejemplo, ambas se mirarán al espejo de los países más desarrollados de Europa. Pero allí la presión fiscal no tiene nada que ver con la nuestra. Una realidad que Vigo tiene muy presente y de la que no pretende huir, pese a lo delicado del asunto con unas elecciones a la vuelta de la esquina.

La nueva ley contra la Exclusión Social prevé un complemento del que se beneficiarán, sobre todo, las viudas. Pero no todas, sólo las perceptoras de renta básica. Hay muchas más a las que no llegará este sistema pese a que sus pensiones no alcanzan ni de lejos el salario mínimo interprofesional. ¿No teme crear dos clases sociales? Las pobres más pobres estarán por encima de los pensionistas medios…

Los que tienen rentas inferiores pero tienen patrimonio no pueden entrar en este sistema. Con esta ley pretendemos atender la situación de necesidad. Si uno tiene 450 euros de pensión y un buen patrimonio, que utilice el patrimonio. Son mínimos para cubrir las necesidades elementales en un nivel medio de calidad. Pero quien debe superar los umbrales de pobreza son las rentas de trabajo y las pensiones. De lo contrario, estaríamos asistencializando derechos universales y eso es degradar las prestaciones.

No es competencia del Gobierno vasco dignificar las pensiones pero, por sus palabras, podría entenderse que la posesión de patrimonio justifica las pensiones bajas de las viudas, a menudo, debajo del umbral de la pobreza…

Las pensiones de la Seguridad Social son bajas. Hay un compromiso del PSOE de superar los 600 euros y situarlas sobre el umbral de pobreza. Eso es lo que tiene que hacer el sistema de pensiones pero, mientras no se cumpla, nosotros debemos intervenir y todos los ciudadanos vascos que no llegan al umbral de bienestar pueden recibir nuestras ayudas. No es justo que el sistema de pensiones o el SMI estén por debajo del umbral de pobreza. Pero tampoco es justo que el sistema de protección social sea de más calidad que las rentas de trabajo. Y, en este momento, los complementos de renta básica más el de vivienda están por encima del SMI desde un 130% hasta un 160%. El sistema de protección ya está por encima incluso de convenios sectoriales. Eso también es injusto para el trabajador. Por eso, partidos, sindicatos, ONG y afectados deberíamos luchar por un SMI justo y un sistema de pensiones digno, y no desviar el tema a la asistencia social.

Pero usted pactó esta ley con el PSE. ¿Cómo responden los socialistas vascos a esta reivindicación?

Hay un compromiso electoral del PSOE para poner todas las pensiones por encima del umbral de pobreza. Aún queda legislatura y espero que lo cumplan, y los pensionistas tengan rentas dignas para resolver sus necesidades básicas.

Y le quiten trabajo a la asistencia social…

Efectivamente, que la asistencia social vaya reculando y se dedique a otros ámbitos de desprotección.

¿Qué nivel de fraude existe entre los perceptores de renta básica?

Los ayuntamientos y las diputaciones hacen controles periódicos. El nivel de fraude puede llegar a un 10%. Pero en cuanto se detecta el perceptor queda expulsado del sistema. No obstante, unir perceptor de renta básica y fraude es peligroso. En este país, un 3,7% de la población está en un nivel de pobreza que necesita apoyos y protección. Criminalizar al pobre es un doble pecado. Si buscas el fraude en otros ámbitos, también lo encuentras y, probablemente, sea mayor.

La ley también permitirá ampliar los casos excepcionales de menores de 23 años que puedan acceder a la renta básica. ¿Qué nuevos casos se contemplarán?

Por ejemplo, jóvenes protegidos por la Diputación que están en pisos tutelados y se quedan en la calle a los 18 años. Se analizarán sus situaciones para saber si es necesario un apoyo administrativo. Y cualquier otra situación de necesidad que sea detectada por los servicios de base.

Muchos piden bajar la edad de acceso a esta ayuda hasta los 18 años. ¿Por qué no recogen ese guante?

La renta básica no sirve para emancipar a los jóvenes, se trata de cubrir situaciones de necesidad.

Quieren crear una nueva ayuda para alojamiento para acabar con la dependencia crónica de las AES. ¿Cómo evitar que también se cronifique el acceso a este recurso?

Una intervención para proteger una necesidad debe ser integral y cubrir todas las necesidades básicas del ciudadano: alimenticias, de alojamiento y de empleo. Para evitar que se cronifiquen, hay convenios de inserción laboral obligatorios para los perceptores de renta básica, que no podrán rechazar las ofertas de empleo.

¿Qué nivel de permanencia hay en la renta básica?

Sólo un 30% depende continuamente de esta ayuda y son personas que deberían estar en el sistema sociosanitario. La mayoría abandona el sistema de protección entre el primer y el segundo año. Con la ayuda para el alojamiento ocurrirá lo mismo: cuando dejen de recibir renta básica, dejarán de acogerse también a este complemento.

No es el único reto para este año. Anuncia una nueva Ley de la Familia con la que ampliará las ayudas por hijos hasta los 18 años para el año 2020. Pero ese plazo queda muy lejos. ¿Qué novedades deben esperar las familias a corto plazo?

Tendrán que esperar a 2011, cuando se aprobará un nuevo plan en el que las ayudas por hijos se irán ampliando a más edades de forma progresiva. Habrá otro aumento en 2016 y el último en 2020. Pretendemos hacer accesible las ayudas al mayor número de ciudadanos.

¿Tendrán en cuenta las rentas familiares para determinar la cuantía?

Solamente para los primeros hijos. Pero las ayudas son universales y todo el mundo podrá acceder a ellas. La ley las convertirá en un derecho subjetivo, para todos.

¿Qué estimación económica baraja su Departamento para asumir estas dos leyes?

Para la Ley contra la Exclusión Social calculamos entre 800 y 900 millones de euros para los tres primeros años. En cuanto a la Ley de la Familia, cuando el sistema quede cerrado en el año 2020, prevemos 180 millones de euros anuales.

¿Eso es asumible sin subir la presión fiscal? Pretende llegar a niveles de países con impuestos muchísimo más altos que los nuestros…

Efectivamente, la presión fiscal del Estado español y de la CAV son de las más bajas de la Unión Europea. Hay una diferencia de 4 ó 5 puntos con la media y hasta 10 puntos con relación a los países más avanzados en bienestar social. El Estado del Bienestar conlleva grandes inversiones, pero no sólo vía subvenciones.

¿Así que toca subir los impuestos?

Es muy difícil crear un sistema de bienestar similar al de países europeos avanzados con nuestra presión fiscal, no salen las cuentas. La redistribución de la riqueza es importante para la protección social. Si realmente queremos crear un sistema de protección similar a los europeos en todos los ámbitos (vivienda, educación, sanidad, lucha contra la pobreza…), si queremos de verdad construir un modelo del Estado de Bienestar Social en Euskadi, no tendremos más remedio que elevar la presión fiscal.

¿Hay consenso en el seno del Gobierno vasco sobre este asunto?

Los avances en gasto social todavía son parciales. Cuando sea global, el Gobierno se tendrá que plantear cómo lo financiamos.

DEIA

Fuente: Manolo Vigo