El Ejecutivo contradice, en una respuesta a una pregunta oral realizada por la diputada Begoña Lasagabaster, la postura defendida por sus compañeros en el Parlamento Vasco La diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster, ha defendido en el Congreso una Interpelación en la que ha pedido al Gobierno que se pronuncie sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo respecto a la regulación actual del Centro Nacional de Inteligencia en relación con el control judicial y parlamentario de sus actividades.
Lasagabaster ha denunciado la práctica ignorancia parlamentaria de las actividades del CNI y ha destacado las informaciones publicadas por diversos medios de comunicación, “donde se relatan actividades susceptibles de ser consideradas manifiestamente ilegales como el espionaje de las actividades y comunicaciones de algunos representantes electos de determinados partidos políticos, y la investigación a la que supuestamente se ha sometido a miles de ciudadanos carentes de antecedentes disciplinarios y penales solo por sus afinidades ideológicas”.
La diputada de la formación abertzale ha recordado toda la jurisprudencia existente referida a la necesidad de instaurar mecanismos de control judicial y parlamentario de los servicios de inteligencia de los Estados. Lasagabaster ha señalado “que ya en varias ocasiones el Tribunal Constitucional ha reiterado a través de sus sentencias que cualquier ley que pretenda habilitar a la Administración para intervenir en el ámbito especialmente protegido de los derechos y libertades de los ciudadanos debe expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de intervención y debe ser una ley con singular precisión”.
En concreto, ha señalado Lasagabaster, tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Supremo (TS) se han venido pronunciando en numerosas sentencias sobre la necesidad de reforzar las garantías del respeto al derecho a la intimidad y privacidad de las personas de conformidad con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativa a que la intervención de los poderes públicos estará legitimada en tanto se fundamente en una regulación clara y precisa de las condiciones en que puede producirse.
El ministro de Defensa, José Bono, ha sido el encargado de contestar a la interpelación presentada por EA asegurando “que el CNI cumple escrupulosamente sus funciones” al mismo tiempo que ha desmentido cualquier investigación a políticos.
Interpelación Urgente debatida a la que seguirá la presentación por parte de Eusko Alkartasuna de una moción que se debatirá en el próximo Pleno previsto para el día 8 de marzo.
Fuente: Begoña Lasagabaster
