Joseba Azkarraga
Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco El pasado 31 de diciembre se evidenciaba una
triste anacronía. Ese día observábamos con alegría
como se ponía fin al tiempo de levas o servicio militar obligatorio.
Los últimos soldados de reemplazo abandonaban sus cuarteles tras nueve
meses de obligado encierro. Quienes les han precedido han padecido esa misma
situación durante un año, o año y medio en el caso de la
Armada. ¡Y no digamos tiempo atrás cuando los reclutas dedicaban
casi tres años de sus vidas al obligado mantenimiento del aparato y estructuras
militares!.
Pero la situación presenta un evidente
anacronismo. La ‘mili’ deja de ser obligatoria y todavía se
penaliza su rechazo u objeción con el cumplimiento de condena en prisión.
Se trata de una callada injusticia, máxime cuando el supuesto infractor
-el joven llamado obligatoriamente a empuñar las armas- no ha causado
daño alguno a un semejante.
El movimiento de insumisión y objeción
de conciencia constituye un valor de compromiso social contra la violencia.
Máxime en este tiempo en el que cada vez somos más quienes en
las sociedades democráticas abogamos por la desaparición de los
ejércitos. Puede que haya casos que denigren este auténtico valor
social pero lo cierto es que el planteamiento iniciado por nuestros jóvenes
en los años ochenta ha de marcar las pautas sociales del nuevo milenio.
Ahora que se asume que los ejércitos son
profesionales con todas las consecuencias, resultaría inaudito que las
Audiencias dieran salida a los juicios pendientes que se cuantifican en más
de 4.700 casos. Desde mi absoluto respeto a la independencia judicial, considero
que el poder político, el Gobierno del Estado y el Parlamento del que
surge, debe impulsar, sin tardanza alguna, una solución debida para todos
ellos. Si fuera preciso hacerlo a través de medidas legislativas, estas
tendrían que convertirse en prioridad para el Congreso de los Diputados
en cuanto este retome la actividad tras el periodo inhábil de enero.
De la misma forma debe revisarse la pena de inhabilitación.
El hecho de ampararse en que ‘se cometió un delito mientras existía
una obligación’ supondría no reconocer que ha sido un logro
social y democrático alcanzar la situación actual.
No hay que olvidar los años perdidos por
decenas de miles de jóvenes en lúgubres e insidiosas tareas que
poco tenían que ver con el servicio militar y sí con un vergonzante
mantenimiento de las castas en las que se apuntalaba el régimen. Recordaremos
los dolores, accidentes, muertes, penosas situaciones familiares, trabajos inalcanzados,
empleo gratuito y todo tipo de humillaciones que, para buena parte de los soldados
forzosos y de sus familias, ha supuesto el servicio militar.
Pero la larga y dura lección ha servido
para algo ya que se ha convertido en una conquista social. Las conquistas ciudadanas,
a través de medios pacíficos y democráticos, deben verse
políticamente recompensadas. Es el modo de dar carácter político
a un compromiso moral.

Vitoria Gasteiz, 31 de diciembre del 2001

Fuente: Eusko Alkartasuna