Joseba Azkarraga, consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social
Recientemente, y a iniciativa del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, ha tenido lugar en Donostia el primer Congreso Internacional por el Derecho Humano a la Paz. Una iniciativa que durante tres días propició el debate y la reflexión de los principales expertos en gestión de conflictos, encabezados por personalidades del prestigio y la talla internacional de Nancy Soderberg, Federico Mayor Zaragoza, Yossi Beilin, Samaan Khoury, Cora Weiss o Danielle Mitterrand.
Fruto de las sesiones de trabajo, se hizo público un manifiesto que aboga por el reconocimiento en las instituciones internacionales del Derecho Humano a la Paz, a la vista justamente de las enormes dificultades existentes para su inclusión en el conjunto de los derechos humanos protegidos por la legislación internacional, y desde la voluntad inequívoca de avanzar en el respeto real, y no meramente enunciativo, del derecho del ser humano a vivir en paz.
Así, el manifiesto reclama a los Estados e instituciones internacionales que adopten las medidas necesarias para poner fin o paliar las causas y contextos que alimentan en no pocas ocasiones las acciones violentas como instrumento de gestión política. Y les insta además a que en la resolución de cualquier tipo de conflicto, y en la lucha contra el terrorismo en particular, lleven a cabo políticas de prevención respetuosas con la Carta de Naciones Unidas y los derechos humanos, que eviten las intervenciones violentas, asumiendo el multilateralismo y depositando en Naciones Unidas toda la legitimación para este tipo de acciones.
El pronunciamiento pide además que se dé protagonismo a la sociedad civil y voz a quienes más sufren las vulneraciones de la paz, en especial las mujeres, para hacer especial hincapié en la resolución pacífica de los conflictos. E, igualmente, solicita a las Naciones Unidas que acometan un proyecto de Declaración sobre el Derecho Humano a la Paz, estableciendo cuándo y en qué condiciones debe darse la protección ante las vulneraciones de este derecho y a quiénes corresponde su reparación.
Mi compromiso como consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social al término de esa cita fue encontrar el modo de dar continuidad, incluso orgánicamente, al congreso, algo en lo que ya trabajamos, precisamente para que la iniciativa que acogió el Palacio Kursaal no se convierta en una gota de buena voluntad que termine evaporándose.
Y es que, más allá de la literalidad de ese pronunciamiento y del éxito, innegable por otra parte, de una iniciativa que ha estado presidida por el rigor científico y la talla de los expertos participantes, en mi opinión, la principal virtud de este primer congreso es precisamente ésa: haber sido el primero de esta naturaleza. Porque, sin duda, ello es tanto como haber abierto la puerta hacia un debate relegado hasta ahora en la agenda internacional, pero absolutamente necesario, más aún en el contexto mundial que sacude los primeros compases de este tercer milenio.
En efecto, nuestro primer Congreso Internacional por el Derecho Humano a la Paz no acabó con su clausura el pasado 8 de mayo. Ése día no debe entenderse, ni mucho menos, como el final de nada, sino, muy al contrario, como el germen para contribuir a edificar un tiempo nuevo. Una nueva era, donde ´guerra´ y ´violencia´ sean tan sólo viejos y anacrónicos vocablos. Donde la convivencia sea sinónimo de paz, de una paz construida entre todos y todas, sin exclusiones, y erigida sobre los cimientos de la justicia social, de la dignidad de las personas y de la dignidad de los pueblos. En Euskadi, lugar en el que la organización de un congreso de estas características adquiere un significado especial por la acción criminal de ETA, y en el resto del planeta.
La celebración de ese congreso, el camino que, de forma humilde pero convencida, se ha intentado abrir, es un grito tan sereno como enérgico que quiere hacerse oír alto y claro: No más guerras, no más violencia. Queremos la paz. La paz basada en la justicia social y en el respeto a la dignidad de las personas y los pueblos.
Una receta que en cualquier parte del mundo -también aquí en Euskal Herria; también, y especialmente, en esa ´nueva España´ (que empieza a revelarse como mero y cosmético ´lifting´) de Rodríguez Zapatero- requiere, además, claro está, de la disolución inmediata y definitiva de ETA que la propia sociedad vasca exige en su inmensa mayoría, otro ingrediente imprescindible: el coraje político de quienes ejercen responsabilidades de poder y realmente están en política para mirar más allá del corto plazo y el puro rédito partidista. La valentía histórica indispensable para afrontar el problema desde sus raíces políticas y a través de un diálogo entre todas, y digo todas, las partes implicadas con legitimidad derivada de su representación popular. En suma, la audacia democrática imprescindible para legar a nuestros descendientes un porvenir más alentador que el pasado y -¿por qué no?- mucho más ambicioso que el presente, en términos de calidad de la convivencia, el bienestar y la justicia social.
La paz, pues, es nuestro derecho, sí. Pero también nuestra necesidad e incluso nuestra obligación. Cumplamos, por tanto, con ella. Y hagámoslo hoy mejor que mañana.
Fuente: Joseba Azkarraga
