Anjeles Iztueta. Consejera de Educación del País Vasco. En estos últimos 50 años, la formación profesional ha sufrido
una serie de transformaciones que, en algunos casos, han supuesto cambios de gran
calado. En este artículo me voy a referir a las dos últimas, es
decir, a la Ley General de Educación, de 1970, y a la LOGSE, de 1990.
La Ley General
de Educación definía una formación profesional nueva, bien
estructurada, con visión de futuro, y con aspectos muy innovadores, ya
que situaba tres niveles, la FP1 y FP2 como un itinerario posterior a la EGB
y al BUP, y la FP3 como salida corta tras el primer ciclo de la universidad.
Además, incluía en el currículo la posibilidad de hacer
prácticas en empresas, algo que ya entonces se consideraba fundamental
para el desarrollo formativo del alumnado.
El problema, como
casi siempre, surgió con el desarrollo de esa ley. En 1974 se publicó
un decreto que, aunque teóricamente pretendía ordenar y desarrollar
lo dispuesto en la Ley General de Educación, en realidad lo único
que consiguió fue desarticular y diluir todas las nuevas innovaciones.
Haciendo más de lo mismo, consumando una oportunidad perdida, la FP1
se convirtió en un nivel educativo para alumnos excluidos del sistema,
la FP2 profesionalizaba sin implantaran unas prácticas en empresa bien
estructuradas, y la FP3 ni siquiera se puso en marcha.
Con la LOGSE, la
formación profesional volvió a tener la posibilidad de dar un
cambio drástico, absolutamente necesario, que cambiara esa imagen de
estudios alternativos para gente que no puede cursar el bachillerato, y que
ajustara la formación a las necesidades reales de los sistemas productivos.
La LOGSE, oportunamente, planteó una nueva concepción y ordenación
tanto de la profesionalidad del alumnado como de la propia FP. De acreditar
formación, se paso a acreditar competencia profesional, término
que se ha convertido en un referente para las formaciones profesionales de los
países más avanzados de la Unión Europea.
Cuando transcurrido
un tiempo se propone redactar y aprobar una nueva ley, se supone que se hace
porque existe necesidad de ello. Los cambios que se están produciendo
en la economía, en las nuevas y renovadas tecnologías y en la
sociedad en general, así como la evolución que están teniendo
los sectores productivos para dar respuesta a esos cambios, hacen que la formación
profesional necesite adecuarse, estructurarse y organizarse de una manera más
flexible.
En la Unión
Europea países como el Reino Unido, Irlanda, Holanda y Finlandia han
diseñado un nuevo modelo de formación profesional flexible, adaptado
a las necesidades actuales y amparado en leyes recientes, avanzadas en su concepción,
participativas y descentralizadas. Concretamente, en el caso del Reino Unido,
a través de diferentes normas reguladoras han configurado uno de los
modelos más flexibles, descentralizados y avanzados de Europa.
En el País
Vasco, buscando y trabajando una evolución y desarrollo paralelo al de
la FP europea, llevamos años verificando de manera clara y precisa el
buen funcionamiento de todo el sistema, llevamos años aplicando medidas
que hacen posible que nuestra formación profesional eduque integralmente
y responda con garantías y calidad a las necesidades de las empresas.
Hemos conseguido
prestigiar socialmente la FP, hemos integrado los tres subsistemas de formación
profesional en un modelo con un único referente profesional, aseguramos
calidad y excelencia en cuanto a actualización y especialización
tanto de la formación inicial, como de la formación continua.
Desde las instituciones vascas y gracias a la profesionalidad, a la confianza
y al esfuerzo de un profesorado altamente competente e ilusionado por las mejoras
y la innovación, hemos creado una red de centros integrales en los que
se imparten acciones formativas de toda la formación profesional.
Ésta es
nuestra realidad, sin embargo, entendemos que en estos momentos todo apunta
a que es necesaria una nueva Ley de Formación Profesional que desarrolle
campos que se preveían en la LOGSE y que no se han desarrollado. Una
nueva ley que, desde el ingenio y siempre mirando al progreso, establezca medidas
que nos permitan adaptarnos a los trepidantes cambios que se están produciendo
en la sociedad actual.
Sin embargo, una
vez más y desgraciadamente, la historia se repite en cuanto a oportunidades
perdidas. El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Educación,
corto en sus planteamientos e insuficiente en su fondo plantea modernizar desde
planteamientos que se han quedado viejos, que ya están superados. La
propuesta del PP representa un cambio sin mejora para este ámbito de
la educación, la FP, tan sensible a las necesidades de cada momento,
tan necesitado de constante adaptación y puesta al día.
Esta Ley de FP
no servirá de cara al futuro, no es una buena ley porque no apuesta por
el futuro, no mira hacia adelante y se vuelve a anclar en conceptos antiguos,
en una especie de ‘más de lo mismo’ buscando innovación sólo
en las denominaciones, pero no en los planteamientos. El Gobierno del Estado
con esta ley no se atreve a asumir los cambios que el sistema educativo necesita
para avanzar en sintonía con Europa, cambios imprescindibles a la hora
de modificar estructuras y conceptos desfasados e ineludibles a la hora de concebir
una formación profesional con visión de futuro.
Además,
el respeto al escenario político actual, el respeto a las reglas de juego
que democráticamente nos hemos dado, obliga al PP a potenciar el trabajo
conjunto, de colaboración y cooperación con Gobiernos autonómicos
que, desde el matiz y la experiencia, tanto podemos aportar. Si esto no es así,
si se persiste en el texto, repetiremos el fracaso que se produjo con la Ley
General de Educación de 1970 y perderemos la oportunidad de situar a
la FP en el lugar estratégico que le corresponde.
La formación
profesional debe consolidarse como una alternativa de formación que armonice
las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad en general. La Ley
de Formación Profesional no representa ninguna ayuda, no será
útil en el diseño de un nuevo marco de relación entre los
sistemas formativos y productivos cuyas repercusiones en el mercado laboral
y en la gestión de recursos humanos no han hecho sino esbozarse en el
horizonte de este siglo.

Fuente: Eusko Alkartasuna