Compareció ante el Parlamento para dar cuenta del proyecto de modificación del apartado 1 d) del artículo 18 de la Ley 12/1998 contra la exclusión social
El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga, ha comparecido hoy ante el Parlamento para dar cuenta del proyecto de modificación del apartado 1 d) del artículo 18 de la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la exclusión social, cuyo propósito es rebajar la edad mínima para poder acceder a la renta básica, de los 25 años a los 23.

En suma, el consejero Azkarraga se mostró convencido de que tal variación normativa permite un mejor ajuste a nuestra realidad social y es ´necesaria, beneficiosa y, lo más relevante, va acompañada de políticas sociales integrales´.

Según explicó Azkarraga, el objeto de esta modificación es ´profundizar, adaptar y mejorar los mecanismos de actuación precisos para hacer frente a las situaciones de dualización, pobreza y exclusión social´, especialmente, para adecuarlos a la ampliación de la Carta de Derechos Sociales. Algo que, según apuntó, es necesario hacer conciliando siempre las obligaciones de las administraciones y los derechos de los ciudadanos.

El consejero recordó que ya estaba previsto acometer este cambio normativo a lo largo de la presente Legislatura, tal y como se recoge tanto en el Acuerdo de coalición PNV-EA, como en el documento de participación de EB-IU en el Gobierno vasco y de adhesión a ese Acuerdo de coalición. Sin embargo, afirmó que ´no es sólo un compromiso con los ciudadanos y ciudadanas que votaron las opciones que conforman el actual Gobierno Vasco´, sino ´también con el conjunto de la ciudadanía de este país y, fundamentalmente, con los jóvenes´.

Y es que, en opinión de Azkarraga, esta modificación va a permitir poder llegar a un número considerable de jóvenes que hasta ahora no estaban en condiciones de beneficiarse de estas medidas. Así, consideró que supone un ´importante paso para la recuperación de los procesos de normalización de acceso a la vida independiente en las generaciones jóvenes de nuestra Sociedad´.

Azkarraga recordó que este reto ya se ponía encima de la mesa en las conclusiones de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2000, que hacían especial hincapié en las grandes dificultades económicas, pobreza encubierta y bloqueo de los procesos de reproducción social. ´Aquella encuesta -dijo el consejero- arrojaba un dato incuestionable: la mayoría, un 59,2% de los jóvenes, se plantearía sólo independizarse durante los próximos doce meses si se resolvieran sus problemas de dependencia económica. Asimismo, otro 33% asumía en el fondo implícitamente una perspectiva de emancipación a medio plazo, aceptando la realidad de que no iba a disponer de medios suficientes que lo hiciesen factible y perdurable en el tiempo´.

Por tanto, en palabras de Azkarraga, ´sería una frivolidad, inadmisible para el Departamento que dirijo, tratar de convencerles, a ustedes y al conjunto de la sociedad, de que con esta modificación legal se van a acabar los problemas. Pero lo que sí puedo asegurarles es que con la modificación legal que proponemos, sí cabe hacer frente de manera más eficaz a situaciones de pobreza oculta o de ausencia grave de bienestar social, además de luchar contra manifestaciones evidentes de exclusión social por motivos económicos, detectados en un sector determinado de la juventud que se sitúa en torno a los 23 años de edad´, aseveró.

El consejero argumentó que, ´teniendo en cuenta que los perceptores de la renta básica deben ser independientes y formar por sí mismos una unidad de convivencia, entendemos que la edad mínima adecuada son los 23 años, edad en que se culmina el ciclo educativo superior y que es la antesala de la incorporación al mercado laboral para miles y miles de jóvenes vascos´.

Azkarraga apostó por que las instituciones públicas ayuden a materializar esa inserción, a través de una intervención multifactorial:

En primer lugar, reduciendo la edad de acceso a la Renta Básica, posibilitándoles los recursos económicos suficientes con vías a su independencia e inclusión en el mercado laboral.

En segundo lugar, dando respuesta a las necesidades de vivienda, a través del Plan Director de Vivienda, donde se reservan 5.250 viviendas sociales de alquiler para colectivos especialmente vulnerables, entre los que se señalan a los jóvenes menores de 35 años.

En tercer lugar, poniendo en marcha políticas de empleo y formación donde se estimula la contratación y la lucha contra la precariedad laboral. En este apartado, citó el objetivo del Plan de Empleo, que pretende bajar la tasa de desempleo juvenil del 12,8% al 9%, en el año 2006.

Y en cuarto lugar, el consejero trasladó la voluntad de su Departamento de trabajar en la puesta en funcionamiento de programas de políticas activas, en el ámbito de la formación y el empleo, dirigidas específicamente al colectivo de jóvenes que se encuentran en el tramo de edad de 18 a 23 años, unas políticas orientadas a combinar un proceso formativo con una práctica laboral remunerada, mediante su participación en los citados programas.

Fuente: Joseba Azkarraga