Conferencia del consejero de Justicia en el foro Res Publica
El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, ha ofrecido esta tarde en Bilbao una conferencia en el foro Res Publica en la que ha expuesto sus reflexiones y opiniones que, como responsable del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, defiende en torno a los importantes acontecimientos que se han producido a lo largo de la presente legislatura en las Cortes españolas y que, constituyen, según ha afirmado ´un notable retroceso democrático, ya que algunas de estas reformas legislativas han supuesto un paso atrás en la trabajada conquista de derechos y libertades´. Asimismo, ha ofrecido el punto de vista que, en lo relativo al Poder Judicial, mantiene el Gobierno Vasco en su propuesta de Nuevo Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi.

En su exposición ha señalado que la ley ´se ha reformado a la carta, como, por otra parte, dirigentes del propio PP han reconocido. Y todo ello, a instancias de una ecuación tan peligrosa como perniciosa: se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia´. ´¿Cómo entienden ustedes si no la tocata y fuga que ha rodeado el Pacto por la Reforma de la Justicia auspiciado por el PP y firmado por el PSOE y con la marginación inicial de los nacionalistas, si no es desde un claro impulso político y de reparto partidista? ¿Para qué se hizo? ¿Qué cuestiones desarrolló mientras estuvo vigente? ¿Y por qué se ha roto? Estas preguntas tienen una respuesta común: por razones de índole político´, ha destacado.

A juicio de Azkarraga, ´la mayor parte de las reformas planteadas por el Gobierno Central tiene como excusa la actuación contra ETA. Sin embargo, todo no vale contra ETA. Soy de los que han creído y creen que hay que estar frontalmente contra la banda. Y que hay que trabajar día a día, y más aún desde las responsabilidades de Gobierno, para erradicar la violencia y el terrorismo de nuestra sociedad. Pero no creo que haya que hacerlo debilitando el sistema de libertades´.

En este sentido, ha acotado que ´debilitar el sistema de libertades es ilegalizar ideas, prohibir partidos y cerrar periódicos. Porque no hay coartada más rechazable que utilizar la democracia para atacar las entrañas de esa democracia que se dice defender. Y eso es lo que, en mi opinión, ha ocurrido y está sucediendo´.

´Entiendo -ha continuado el consejero- que el uso y abuso de leyes ad hoc para dar respuesta a un problema político es la vía equivocada. Así lo defendí cuando se dio luz verde a la nueva Ley de Partidos, concebida y elaborada para ilegalizar a Herri Batasuna o en su más reciente acepción, Batasuna. Y he rechazado, igualmente, la última reforma del Código Penal pensada para posibilitar el ingreso en prisión del lehendakari, Juan José Ibarretxe y de su gobierno por ´el grave delito´ de querer dar la voz y la decisión al Pueblo. Y de querer hacer lo mismo con el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa y los miembros de la Mesa Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, por defender la autonomía de la Cámara´.

Azkarraga ha vuelto a manifestar su oposición a la Ley de Partidos que, según ha explicado ´ha derivado en la efectiva ilegalización de una determinada fuerza política, en la marginación de unas ideas, en la prohibición a ciudadanos y ciudadanas vascas de su derecho a elegir y ser elegidos y con ello ha vulnerado los principios de igualdad y pluralidad. Pero también ha provocado un enfrentamiento institucional de gran calado y sin precedentes, como el que en estos momentos mantiene el Tribunal Supremo con el órgano de Gobierno del Parlamento vasco, con la autonomía de la Cámara como telón de fondo´.

En torno al caso que se sigue contra Atutxa, Knörr y Bilbao, y siempre desde el más absoluto respeto a la independencia e imparcialidad de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior del País Vasco, ha refutado el genérico reproche que se lanza contra el Gobierno Vasco, e incluso contra los responsables del Parlamento, y ha afirmado que ´tras esa crítica se pretende deslegitimar la defensa de principios democráticos con los que las instituciones vascas están comprometidas´.

Al hilo de esta reflexión ha dicho que ´queremos que la democracia sea garantía en la lucha contra ETA, porque sólo el respeto escrupuloso a los derechos humanos y a los principios democráticos legitima la lucha contra quienes, desde el más absoluto totalitarismo, quieren imponer su propia concepción de país´.

La amplísima reforma del Código Penal acometida por el Gobierno de Aznar ha supuesto, en opinión de Azkarraga, ´transitar del que se conoció como Código Penal de la Democracia a un Código Penal de la Seguridad, en la que todo se supedita a ese ambiguo y abierto concepto´. ´Con la excusa de dar respuesta penal a nuevas formas delictivas, se ha reformado una tercera parte del Código Penal, con un retroceso tan claro como el que, desde mi punto de vista, supone, por ejemplo, cegar la vía a la reeducación y a la inserción social de los penados´.

En esta línea ha criticado la creación de los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria, ´diseñados desde la sospecha hacia los jueces naturales o, cuando menos, hacia determinados jueces. Con la instauración de esos juzgados, aunque de momento sólo hay uno, se introducen de manera camuflada preceptos que materialmente pueden calificarse como legislación antiterrorista excepcional. De hecho, lo que se está propiciando es disfrazar la excepcionalidad legal incorporándola a la legislación común´.

´Todo ello se ha cocinado desde el Gobierno sin mayores críticas desde un Consejo General del Poder Judicial, fracturado en dos bloques de distinta obediencia política. Esta división ha operado de tal forma que ha logrado actuar de freno a una necesaria confianza ciudadana en la justicia´.

PROPUESTA DE NUEVO ESTATUTO POLÍTICO

Joseba Azkarraga ha iniciado su exposición en torno a este apartado mostrándose receptivo a la preocupación social que en estos momentos se pregunta ´cada vez con mayor inquietud qué es lo que está pasando cuando se pretende, como ahora ocurre, que sea el Tribunal Constitucional quien aborte el debate de una propuesta política o cuando la cúpula del Poder Judicial, representada por los Tribunales Supremo y Constitucional, aparece enfrentada entre acusaciones que sonrojan. Y sólo encuentro una respuesta: Hay aspectos de la legalidad que resultan insoportables para algunos centros de poder del Estado Español´.

Azkarraga, desde el respeto a todas las opiniones, ha mostrado su absoluta reserva y total discrepancia y rechazo sobre el modo ´antidemocrático, con el que el Gobierno del Partido Popular el señor Aznar, y más de un cualificado miembro del Poder Judicial, han conducido su beligerancia militante contra el Gobierno del que formo parte y contra su oferta de nuevo Pacto de convivencia´.

El consejero vasco ha defendido que el Estatuto de Autonomía de Gernika reconoce competencias en materia de Administración de Justicia y que suponen una singularidad respecto a otros Estatutos. ´Hablo de la competencia expresa para la provisión de medios económicos, materiales y de personal (art. 35), pero deseo mencionar, también, la cláusula subrogatoria (art. 13.1), mediante la que se establece la subrogación de la Comunidad en las competencias que corresponden al Gobierno del Estado, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que, siendo cierta sobre el papel, jamás se ha llevado a la práctica´, ha acotado. ´Lo digo como prueba del, a mi entender, fraude de ley al que se ha sometido al Estatuto. Y lo recuerdo para que no se atribuya a planteamientos o exigencias radicales de última generación la inclusión de este capitulo en la propuesta de nuevo pacto con el Estado´, ha defendido.

Azkarraga ha hecho un repaso sobre cómo se aprobó el Estatuto de Gernika y ha destacado que el documento que el entonces presidente del Consejo General Vasco, Carlos Garaikoetxea, llevó a la Moncloa para negociar con quien ejercía la presidencia del Gobierno español, Adolfo Suárez, contemplaba un Poder Judicial Vasco. Sin embargo, ha destacado que ´el diálogo y la negociación bien pronto desaparecieron con la nunca nacida LOAPA. Esta ley armonizadora del café para todos no prosperó formalmente, pero estableció las pautas que han marcado el comportamiento del Estado de las Autonomías bajo la batuta del PSOE, primero, y del PP, después´.

Y, en este sentido, ha recordado que ´los esfuerzos desarrollados en este nuevo siglo, no digo ya por Euskadi sino por todas las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, se han visto frustrados. Los acuerdos que se firmaron entre las Comunidades y el Gobierno durante 2001 no han tenido una materialización efectiva y los acontecimientos posteriores han producido notable intranquilidad, cuando no evidente decepción.

PODER JUDICIAL

´La propuesta de nuevo Estatuto, articulada en torno a 69 artículos, una disposición transitoria y una disposición final, configura un Poder Judicial que, junto con el Poder Ejecutivo y Legislativo complete los tres poderes de nuestro autogobierno´, ha señalado Azkarraga.
´Esto supone, según ha defendido, disponer de un Poder Judicial en el que se agoten todas las instancias judiciales en Euskadi y la sustitución del Estado en la Administración de Justicia en nuestra Comunidad, sin más limitación que la aplicación de los mismos principios procesales y los derechos fundamentales que rigen en el Estado y con el diseño de un marco de coordinación y cooperación con el ámbito estatal y europeo´.

El consejero ha recordado que existen opiniones de talla que defienden ´la necesidad de dotar a los tribunales superiores de Justicia de competencias, para así descargar el trabajo al Alto Tribunal´. Y ha lanzado varias preguntas: ¿Por qué en España a esa clasica separación de poderes horizontal de Montesquieu no se le ha añadido una vertical, en orden a esa concepción de Estado de las Autonomias? ¿Por qué, si el Poder Judicial es un poder difuso, que tiene que estar cerca del justiciable y atender al principio de juez natural, en el Estado Español se aplica en sentido contrario? Y ahí está el caso de la Audiencia Nacional; y los más recientes de la centralización de la justicia para los jóvenes y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. ¿Todo esto se debe a la situación de violencia? ¿O existen otras razones en la trastienda menos políticamente correctas??, se ha preguntado. ?¿Cómo no vamos a querer hacernos cargo del sistema judicial, quienes creemos firmemente y queremos un poder Judicial Vasco, independiente de injerencias y presiones del poder ejecutivo, no sólo del español, sino del vasco, también? Y, si cabe la descentralización del ejecutivo y la del legislativo ¿Por qué no la del poder Judicial??

Joseba Azkarraga ha resumido el contenido normativo de la propuesta de Nuevo Estatuto Político en las siguientes ideas tractor:

- Un Poder Judicial en el que se agotan todas las instancias judiciales.
- La creación de un órgano de gobierno de jueces y magistrados, es decir, un Consejo Judicial Vasco.
- La sustitución del Estado en la Administración de Justicia afecta también a la denominada Administración de la Administración de Justicia.
- La inclusión en este capítulo de los órganos de colaboración con la Administración de Justicia, esto es, ministerio fiscal, funcionarios al servicio de la administración y policía judicial.
- El respeto a los mismos principios procesales y derechos fundamentales que rigen en el Estado.
- La necesaria cooperación y coordinación con el ámbito estatal y europeo.

´Y como última clave, pero no la menos importante, hay que dejar claro que no estamos hablando de un Poder Judicial independiente, por lo tanto no se produce ruptura alguna con el principio de unidad jurisdiccional´, ha destacado.

Sobre este punto ha dejado bien claro que ´lanzar el mensaje de que el Gobierno Vasco está en posiciones de ruptura del sistema judicial, mientras lo que tenía que hacer es arropar a los jueces frente a las amenazas, es una maledicencia. Repito, esa concatenación de ideas que llevan a más de uno a criminalizar al Gobierno Vasco es falsa y sólo obedece a intereses partidistas, aún a costa de ahondar con ello en la fractura social y en la deslegitimación del sistema judicial´. ´En la propuesta no hay ruptura alguna del principio de unidad jurisdiccional. Y, en segundo lugar, porque se parte en ella de un respeto claro a la Ley Orgánica del Poder Judicial y una comprometida aplicación de los mismos principios y leyes procesales que rigen en el Estado´.

´El Gobierno Vasco -ha reiterado- parte con su iniciativa de la legalidad actual y pretendemos movernos dentro de ella. No estamos en un escenario de ruptura sino de inicio de un debate para un acuerdo sobre un nuevo pacto de convivencia. Creemos que el Derecho no puede ser obstáculo para los cambios sino un instrumento para facilitarlos´. En estos momentos, ha recordado, ´existe una opinión, no sé si dominante, pero si importante, de expertos juristas que no consideran necesaria una reforma de la Constitución para dar entrada a una propuesta como la del Gobierno Vasco´.

Aunque, previamente a cualquier juicio de valor o posicionamiento sobre éste u otros aspectos, ´lo más importante es que el debate se dé y que se de en el Parlamento Vasco, donde reside la voluntad popular de los ciudadanos y ciudadanas vascas´.

´Nuestra propuesta no tiene ni puede tener vocación de verdad absoluta, sino que quiere ser y es una opción legítima, con la que efectivamente se puede ¡cómo no¡, discrepar. El Gobierno Vasco tiene voluntad y así lo ha demostrado, de querer abordar el problema político al que el nuevo Estatuto de la Comunidad de Euskadi pretender dar respuesta. Y al final serán los vascos y vascas quienes decidan sobre su futuro´.

´Estimo que con esa voluntad, y desde una exigible flexibilidad democrática, es posible abordar la cuestión en pos de un acuerdo que dé a las partes una satisfacción aceptable. Por ahí se debe encaminar el esfuerzo´, ha concluido.

Fuente: Joseba Azkarraga