Gaur Talde Popularrak Ganbara honetara dakarrena arazo historikoa da, benetan, nahiz eta gure erakunde-sistema, Gernikako Estatutuan definitzen dana, hain gaztea izan.

Ezaguna da, baita, batzarkide honek ordezkatzen dauan alderdiak beti defendidu dauala euskal erakundeen arteko botere-banaketa ezbardin bat, eta beti salatu dauzala oraingo sistemak ekarzan disfuntzio operatiboak eta arrisku politikoak.

Disfuntzioei jagokenez, danok dakigu geurelako herri txikian horrenbeste erakunde egotea, berez, kudeatzeko gaitza dala eta erraz-erraza dala bikoiztasun administratiboan eta baliabide ekonomikoen zarrastelean edo despilfarroan jaustea. Are gehiago sistema bera ez badago ondo definituta, eta ez badau argi izten erakunde nagusi baten eskuetan sektore publikoaren zuzendaritza.

Bigarren aspektua be larria da geuretzat, herri-eraikuntzaren ikuspuntutik, gure ustez “LTH”aren ereduagaz probintzialismoen haziak landatzen ziralako. Hona hemen modeloaren fruituak: eskuma espainola foruzale amorratua bihurtu jaku edo, gitxienez, foruzaleaz mozorrotu jaku, eta sistemak berak emoten deutsoz argudioak eta armak euren disgregazio estrategiak bultzatzeko.

“De aquellos polvos, estos lodos”. No es la primera vez que lo sugerimos en esta Cámara. Nosotros estamos convencidos de que el modelo institucional que se instauró con la Ley de Territorios Históricos llevaba el germen de todo lo que viene sucediendo en los últimos tiempos, y, en el aspecto más político, muy especialmente desde que el PP gobierna en las instituciones alavesas.

Vamos a hacer referencia después, como es natural, al estudio de los profesores de la UPV en que se basa la Proposición no de Norma y al propio texto que se nos presenta para su aprobación, pero antes creemos necesario recordar que, desde una perspectiva global, nosotros estamos convencidos de que el sistema institucional interno de la CAPV necesita de una modernización que resulta inaplazable, porque arrastra muchos problemas desde su propia configuración.

El modelo de la LTH fue fuertemente criticado por Eusko Alkartasuna desde un inicio y, a nuestro juicio, sigue propiciando hoy unos determinados niveles de desajuste, de despilfarro, de burocratismo y de falta de dirección política de las instituciones comunes, esto es, de Gobierno y Parlamento vascos.

Existen, efectivamente, disfunciones en una multiplicidad de materias que van desde la financiación municipal y la falta de un encaje suficiente de los Ayuntamientos en el sistema hasta sectores tan importantes como como las infraestructuras, los servicios sociales, el urbanismo, el medio ambiente o el planeamiento económico.

Cuando hablamos de disfunciones nos referimos, naturalmente, a duplicidades administrativas y de gasto público, al solapamiento competencial, a la dispersión de esfuerzos y al despilfarro de recursos que todos ello conlleva, con la consiguiente pérdida de competitividad como país en relación con la situación en que podíamos encontrarnos si el sistema fuera menos histórico pero más racional.

El sistema actual potencia, además, el que las instituciones compitan entre ellas a la hora de llevar a cabo muchas políticas públicas, en virtud del acervo competencial y de la capacidad financiera de que disponen.

En materia de servicios sociales y de servicios al ciudadano en general, el resultado es conocido, en la medida en que, si bien el marco normativo es sustancialmente igual, sin embargo el nivel de prestaciones es mayor en unos territorios que en otros, planteándose por tanto un problema de igualdad entre ciudadanos de una misma comunidad. Hemos tenido ocasión de comprobar, en esta misma legislatura y en esta misma Cámara, cuál es el nivel de cobertura por Territorio histórico en determinadas prestaciones para la tercera edad, por poner un ejemplo conocido.

En otro campos como la promoción y la planificación económica, el peligro de competencia puntual es evidente y se ha dado en el pasado, cuando determinados proyectos industriales de inversión extranjera, por ejemplo, o determinadas apuestas en materia de infraestructuras se han planteado en uno o en otro territorio.

Al margen de la competencia entre instituciones, que ya es grave en sí misma, a veces da la impresión de que la CA no tiene una sola política de impulso industrial y económico, sino cuatro, y que lejos de producirse sinergias por suma lo que se puede producir es un cierta falta de rumbo político y económico, al faltar esa visión unitaria imprescindible en una país pequeño que compite en un mercado cada vez más abierto y global.

Si las cosas funcionan razonablemente bien en muchos ámbitos es por la buena voluntad de quienes se ven obligados a pactar sistemáticamente cuál es el ámbito de actuación de cada cual y por la lealtad institucional que en la mayoría de los casos se da entre responsables políticos, pero no porque el sistema facilite un reparto competencial claro, racional y razonable.

Sin irnos demasiado lejos, y para que vean que no tiramos balones fuera, los dos Diputados Forales que en Bizkaia tiene mi partido se ven obligados permanentemente a delimitar su campo de actuación por la vía del acuerdo con otros niveles institucionales, porque tanto el nivel local como las Diputaciones y el Gobierno Vasco ejercen la competencia de impulso del empleo y de apoyo a la promoción y a la innovación.

Por fijarnos en este último ámbito, los solapamientos funcionales se plantean, en las políticas de la Diputación Foral, tanto con la SPRI como con las siguientes Direcciones del Departamento de Industria del Gobierno: Dirección de Innovación y Sociedad de la Información, Dirección de Tecnología, Dirección de Desarrollo Industrial y Dirección de Emprendizaje, y nos referimos a líneas de actuación concretas que pro cierto hemos tenido ocasión de desbrozar en el reciente viaje a Israel de la Comisión de Economía y Hacienda, no estamos hablando de potenciales o hipotéticas coincidencias.

Ocurre, además, que en ciertos ámbitos nuestro territorio ha avanzado más que otros, y que el Gobierno, si quiere impulsar determinadas políticas en el conjunto de la CA, se ve forzado a entrar en campos que Gipuzkoa y Araba no han desarrollado todavía pero que en Bizkaia cuentan ya con actuaciones en marcha desde la Diputación Foral. Estas cosas no nos las estamos inventando. Están sucediendo ahora mismo, y son consecuencia de un sistema determinado.

No nos vamos a extender mucho más en el tema. Insistimos en que el modelo LTH provoca estas viejas disfunciones y que ello es debido a que el reparto competencial no es claro, a que cada orden institucional actúa en el sistema competencial del otro, gracias a un modelo financiero que vive al margen de la delimitación competencial teórica. El Gobierno puede gastar en materia de Diputaciones y viceversa, y no se olviden, Sres. del PP, del viceversa.

El Consejo de Finanzas se ha convertido en una segunda Cámara, con mayor poder político que el propio Parlamento para tomar determinadas decisiones, y a ello se suma la inexistencia real de mecanismos de planificación que ordenen la asignación de recursos con visión de país y desde la perspectiva del interés general.

Por todo esto EA ya planteó hace muchos años, más de quince, en el Parlamento Vasco, una Proposición de Ley de Constitución Interna Básica de la CAPV que venía a sustituir a la LTH y que propugnaba básicamente la integración de los Municipios en el modelo financiero, la consideración de los ingresos del Concierto como ingresos de todas las Administraciones y no de las Diputaciones Forales, el establecimeinto de un sistema en el que la planificación global del sector público se llevara a cabo en el Parlamento Vasco y en el que la asignación de los recursos recaudados se hiciera, con cierta flexibilidad, pero en virtud de dicha planificación general y, finalmente, unos principios de disciplina competencial y de lealtad interinstitucional que obligaran a cada cual a ceñirse a sus competencias y a gastar sólo en su ámbito natural de actuación.

Zoritxarrez EAren proposamena ez zan haintzat hartu eta, urte asko igaro ostean, arazoak bardin-bardin jarraitzen dau.

Orain PPk planteatzen deusku Arauz Besteko Salo bat EHUko irakasle batzuk egindako txosten baten oinarrituta.

Llanos andereak suposatu leiken moduan, orduko esan dogunagaitik, gure botoa proposamenaren kontra izango da.

Alde batetik, gure eredua eta PPrena bateraezinak diralako, guk argi daukagulako zuzendaritza politikoa euskal erakundeetan kokatu behar dala, eta ez dogulako uste erakunde komunen ekintza gitxitu behar danik, inondik inora be.

Beste alde batetik, geuretzako ez dalako serioa testuan egiten diran adierazpenak eta baieztapenak irakasle batzuren informe bakar baten oinarritzea.

Guk argi esan nahi dogu txostena bera ez dagoela ondo eginda, datuak ez dagozela ganoraz aukeratuta eta ganoraz alderatuta, konparaketak egiteko hartu diran neurri eta aldagai edo bariable asko ezin dirala parekatu eta, oraindino gehiago esango dogu, txostenaren egileek eurek hartutako datuakaz be ondorioak ezbardinak izan beharko litxakez.

Guzti hau esaten badogu, esaten dogu ekonomilari batzugaz kontsultak egin doguzalako eta Eusko Jaurlaritzako Aurrekontuen Zuzendaritzako teknikariekaz be berba egin dogulako.

Eta lehenengo gauza harritu gaituna zera izan da: txostena argitaratu aurretik egileak ez zirala kontaktuan jarri Eusko Jaurlaritzagaz eta ez ebela txostenaren edukina pasatu erakunde honek, ohikoa dan legez, beraren ekarpenak eta alegazioak egin eiazan.

No hay tiempo material para hacer un análisis profundo del informe de los catedráticos de la UPV, profesores, por otra parte, de una conocida tendencia ideológica, lo que hace que en absoluto estemos ante un informe imparcial, pero sí nos referiremos en la segunda intervención a algunos de los aspectos más chocantes del estudio que han realizado y en el que basan sus conclusiones.

En síntesis, el estudio viene a concluir que el Parlamento Vasco invade competencias forales a través de las leyes sectoriales, que el Gobierno Vasco lo hace via reglamentaria y a través de su capacidad de gasto y de la acción directa, y que las cuentas del Gobierno muestran una tendencia superavitaria creciente mientras que las Diputaciones han aumentado su gasto en igualdad de ingresos en los últimos años y se ven obligadas a endeudarse.

Un aspecto quiero destacarle de pasada al grupo proponente, aunque ya lo he apuntado antes: el informe no sólo habla de las presuntas invasiones competenciales del Gobierno y el Parlamento, también cita una serie de materias en las que las Diputaciones vienen actuando y gastando buena parte de sus Presupuestos sin tener una competencia formal reconocida ni en el Estatuto ni en la LTH o ley sectorial alguna, ni tampoco por la vía del convenio. Esto se les ha olvidado a Vds. meterlo en el paquete, y les debería hacer cambiar sus percepciones sobre la suficiencia financiera de las Diputaciones Forales.

Respecto al estudio y a la forma en que está elaborado, en este turno me voy a limitar a apuntar que las conclusiones que obtiene en relación con los gastos del Gobierno Vasco, con el ahorro, con la capacidad de financiación y con los remanentes de tesorería, son erróneas.

El informe carece de consistencia interna y de rigor analítico, incurre en numerosos errores de cálculo e interpretación de las principales variables económicas, prescinde de los datos posteriores a 2002, a pesar de estar disponibles para los redactores las cuentas de 2003 y 2004, así como el Presupuesto para 2005, presenta conjuntamente y compara magnitudes que están medidas en bases diferentes, y se limita a analizar los Presupuestos de la Administración General, sin integrar los considerables niveles de gasto que el Gobierno lleva a cabo a través de sus Organismos Autónomos y Empresas públicas.

En resumen, se trata de un estudio poco fiable, además de tratarse de un informe de parte que no ha sido objeto del necesario contraste por el Grupo proponente y sobre el que, sin embargo, se pretende fundamentar un pronunciamiento político de esta Cámara en materias absolutamente troncales de nuestro sistema institucional.

Eskerrik asko.

Fuente: Joserra Lopez-Larrinaga