JOSEBA AZKARRAGA RODERO/CONSEJERO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO VASCO

Resulta verdaderamente inquietante el ruido que algunos quieren crear en torno a la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, aprobada por el Gobierno Vasco el pasado 25 de octubre. Entiendo que su contenido haya suscitado interés, que invite a la reflexión y que incite al debate. Comprendo que se expresen las discrepancias con el documento o que se planteen los interrogantes que en lo político y en lo jurídico pueda suscitar, pero observo con gran preocupación que el objetivo primordial del partido en el Gobierno de España no sea otro que promover el odio contra los promotores de la iniciativa, a los que impunemente se vincula con una organización que mata, extorsiona y roba la libertad, no sólo de unos ciudadanos sino del conjunto de la sociedad.

Las palabras del presidente Aznar, que durante un foro económico en Barcelona aprovechó para arremeter contra el Gobierno vasco por plantear «un plan de secesión encima de mil muertos» se convierten en palmario ejemplo de la absoluta intemperancia con la que el ejecutivo español está dispuesto a combatir lo que, de momento, es una propuesta para el debate. Además, la anunciada decisión de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC)-cuando el texto aprobado por el Gobierno vasco ni tan siquiera había sido calificado por la Mesa del Parlamento- es prueba suficiente de la determinación con la que el gabinete Aznar está dispuesto a impugnar cualquier paso legal de instituciones vascas que escapan a su control. Lo hace con la clara intención de reafirmar su poder y orientar a la vez la decisión del Tribunal al que en esta ocasión apela. Cuando Aznar señala con el dedo un objetivo, lo hace de forma imperativa y para ser obedecido.

Y eso lo ha entendido muy bien Manuel Jiménez de Parga, quien otra vez, de manera vergonzosa e impresentable, se ha dado prisa en dar una patada a la independencia e imparcialidad a las que se debe. El presidente del TC hizo justo lo contrario de lo que le es exigible al avalar las palabras del ministro de Justicia en defensa del recurso contra la propuesta. Esta conducta reincidente, amonestada en su día incluso por otros miembros del mismo órgano judicial, constituye en mi opinión motivo más que suficiente para que sea apartado del cargo que ostenta.

La retahíla de improperios que acumula la iniciativa es mucho mayor que la de pausadas opiniones, que también las hay, en torno al texto normativo. De momento, lo que prima es la línea gruesa, las acusaciones infundadas y un indisimulable intento demonizador de quienes han realizado un esfuerzo de consenso, para presentar a la sociedad un punto de partida para el diálogo. El Gobierno de Aznar y el PP descalifican de forma gratuita al ejecutivo vasco. Y lo hacen sin más motivo que su visceral beligerancia contra las ideas del na- cionalismo vasco, al que pretenden eliminar del mapa político. Porque lo que le interesa al PP es abortar el debate de ideas.

Quisiera recordar que el Gobierno al que pertenezco ha llegado a esta situación tras meses de trabajo y como respuesta al compromiso contraído con los ciudadanos, en un programa electoral, primero, y en un acuerdo del ejecutivo, después. El debate serio y profundo que todas las fuerzas políticas abordamos durante semanas en la Comisión de Autogobierno del Parlamento reveló, de forma nítida, la existencia de un premeditado bloqueo del Estatuto de Gernika e, incluso, un intencionado vaciamiento de su contenido. Allí quedó constatado -y no sólo por los nacionalistas vascos-, a través de una grosera combinación de vías directas e indirectas, que el Gobierno del PP ha materializado en estos años un clamoroso retroceso autonómico, que unido a otra no menos pavorosa regresión democrática, nos retrotrae a momentos de triste memoria.

No se respeta la verdad cuando se acusa al Gobierno vasco de haber actuado de forma unilateral al plantear la propuesta, porque este Gobierno, además de estar legitimado por el actual Estatuto para promover su reforma, ha reclamado diálogo desde el primer día de su gestión y no ha obtenido más respuesta que el monólogo del señor Aznar y su ejecutivo, negando cualquier posibilidad de encuentro. El Gobierno español se ha cerrado a toda conversación que tratara de desatascar el bloqueo estatutario o bien de abordar el conflicto vasco. Todos los intentos de aproximación que hemos realizado, y han sido muchos, no han tenido otra respuesta que la displicente soberbia del señor Aznar, que ajeno al comportamiento que se exige a quien se encuentra al frente de un Estado plurinacional, ha ignorado las legítimas demandas de un gobierno democrático como el vasco, que no son sino reflejo de las ansias de autogobierno de la ciudadanía de este país.

Hace ya mucho tiempo alertamos de que para avanzar en el autogobierno y en el bienestar de la ciudadanía, de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad, no había más alternativa que establecer un diálogo entre los gobiernos vasco y español y entre todas las fuerzas políticas sin exclusiones. La existencia de un conflicto político no resuelto exige sentarse para hablar. Y no reclamamos hablar para que se nos diera la razón, como de manera interesada se transmite con obsesión enfermiza. Lo único que en-tonces y ahora demandamos es una actitud que, desde la legítima diferencia, permita el debate sosegado. Lo que pedimos es una disposición abierta al contraste y al razonamiento, con la seguridad de que sólo mediante ese planteamiento es posible el entendimiento y el acuerdo entre diferentes, que es la raíz de todo sistema democrático.

La condena preestablecida contra la propuesta de nuevo Estatuto; la auténtica ´guerra santa´ iniciada por el Gobierno de Aznar desde la permanente y pertinaz tergiversación de la iniciativa y la extensión falaz del miedo sobre las mil plagas que, supuestamente, se desatarían con la materialización del proyecto, demuestran un nivel de tolerancia mínimo. Porque se está mintiendo cuando se dice impunemente que es el Gobierno Vasco quien desde la política desea llevar a la ciudadanía a una aventura con mil riesgos; o que pretende conducirla a un enfrentamiento social; o que el aislamiento del País Vasco se convierta en eje de un declive sin precedentes para todos los que aquí vivimos. Todo eso es una patraña alimentada desde la propaganda oficial. Y no vale escandalizarse, co-mo sucede en ocasiones, por la dureza del término empleado para denunciar una actitud innoble como la que adopta el Gobierno español frente a Euskal Herria, sin reparar en la propia conducta que provoca dicha censura, que es lo realmente grave.

Es perfectamente lícito discrepar con el proyecto que hemos presentado. Que nosotros estemos convencidos de la bondad del nuevo modelo de relación entre Euskadi y España que en él se defiende no implica, por supuesto, que todos deban pensar de la misma manera. Pero la discrepancia no legitima la mentira como resorte para neutralizar al contrario. Y esa práctica es incluso anterior a la presentación de la propuesta, porque su solo anuncio ya promocionó el pasado año el diseño de una es- trategia de demolición contra la iniciativa y contra quienes la promueven. La clave, en última instancia, se remite a identificar al Gobierno Vasco con ETA para fomentar la animadversión social en su contra.

Creo que es una estrategia burda aunque conveniente para determinados intereses partidistas. Espero también que el sentido común de los ciudadanos, en el que tengo absoluta confianza, se impondrá a consignas y lemas para impedir que el oleaje arrolle el debate y para lograr que se recupere el respeto a la diversidad.

El reto ahora y aquí no es la imposición de proyecto alguno, sino procurar que se haga sitio al contraste de pareceres, a través de un diálogo sereno y con la máxima participación posible. Aznar quiere evitarlo. Lo que nos corresponde como ciudadanos es demostrar con la palabra que nuestra voluntad de discutir libremente sobre el modelo de futuro que deseamos no admite veto posible. Y sobre todo, que las ideas, y el debate libre de éstas, terminarán imponiéndose a las mentiras. Pese a quien pese. La discrepancia no legitima la mentira como resorte para neutralizar al contrario, Y esa práctica es incluso anterior a la presentación de la propuesta.

Fuente: Joseba Azkarraga