Joseba Azkarraga. Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco
Verdaderamente resulta lamentable para la independencia judicial el hecho de que Baltasar Garzón se haya convertido en un fiel brazo político del Gobierno central. El auto dictado por este juez declara a Batasuna responsable civil de los casi 24 millones de euros en los que ha valorado los daños causados por la ´kale borroka´ cometidos, según sus opiniones, por los miembros de Segi. Así, a la brava, tal y como ha actuado cuando ha detenido a decenas de personas acusándoles de toda clase de cosas para luego ponerles en libertad por falta de pruebas.
Baltasar Garzón no está dispuesto a que sea la Sala Especial del Tribunal Supremo la que dirima, tal y como establece la nueva Ley de Partidos, su especial causa contra Batasuna. En su auto no sólo vincula a Batasuna con Segi sino que la extiende a ETA. Resulta inexplicable que, hecha tal afirmación, Garzón no ilegalice directamente a Batasuna o que no sume a los daños por violencia callejera los más terribles causados por la organización terrorista.
Uno creía hasta ahora que las aseveraciones que los jueces realizan al dictar resoluciones debían estar suficientemente probadas o aportar indicios bastantes para acreditarlas. Entiendo que para relacionar de manera absoluta a Batasuna con ETA, el juez debe contar con pruebas. Y si las tiene, lo que tendría que haber resuelto no es el embargo de las cuentas de la organización política sino otras medidas ya contempladas en el Código Penal.
Como no creo que los asuntos de Garzón sean palabra de Dios espero el devenir del procedimiento. En cualquier caso, llama la atención que si no ha probado vínculos orgánicos entre Segi y Batasuna –en caso de haberlos tendría que haber optado por poner a esta última fuera de la ley cuando ilegalizó a la primera– es más que dudoso que con la ley en la mano pueda declarar la responsabilidad civil solidaria, de daños que han producido determinadas personas a las cuales hay que imputar la comisión del delito. Si los que causaron tales daños lo hicieron en nombre de Segi, sería a esta organización que, por otra parte, nunca fue legal sino alegal, a quien habría que derivar las responsabilidades.
En fin, observo tonos de delirio en toda la cuestión. Mi deseo de que quienes han producido severos daños a personas y a la propia comunidad los resarzan con todas sus consecuencias lo que no me impide considerar algo más que cuestionable, el auto del magistrado. El derecho penal exige rigor jurídico y en este auto el rigor queda apartado una vez más por esos saltos en el vacío a los que nos tiene acostumbrados Garzón. Esta nueva actuación parece esconder una estricta motivación política. A pesar de todo, confío que las zozobras de Garzón se reconduzcan y que la verdadera independencia judicial pueda actuar como corresponde.
No está probado que determinados individuos, presuntas autores de destrozos y daños ocasionados en acciones de violencia y vandalismo callejero dependan de Batasuna o hayan actuado a indicación de esa asociación política por lo que es totalmente ilícito el embargo de bienes a Batasuna. Si hay alguien que ha utilizado la violencia ¡claro está que debe responder de ello! pero no debe incriminarse a su entorno social. Eso es lo que hacían Hitler y Franco y lo que ahora hace Ariel Sharon.
¿Acaso los policías y guardias civiles a los que se ha sorprendido en Pamplona quemando contenedores o en Vitoria insultando y amenazando desde coches a los concejales socialistas pertenecen también a Batasuna?; evidentemente no por lo que ¿por qué no se embargan los bienes a la Policía Nacional o Guardia Civil para pagar esos daños o los causados por las organizaciones paramilitares organizadas -como se ha demostrado en los tribunales- desde el propio Gobierno español y en los que han muerto numerosas personas?.
Parecidos razonamientos utilizó el régimen de Franco cuando embargó bienes a los socialistas, nacionalistas vascos y catalanes, sindicatos y familias de todo el Estado. El encrespamiento que persigue Aznar, ahora con la colaboración de este juez que no pudo triunfar en política y que busca al precio que sea la notoriedad, es muy preocupante. De verdad, no se qué persiguen ya que dan la sensación de que la democracia les estorba y la utilizan para sus fines mientras puedan. Han exigido ya a los nacionalistas democráticos que renunciemos a nuestras ideas y ahora abren nuevas vías aprovechando la violencia para implantar un nuevo totalitarismo y borrarnos del mapa a quienes discrepemos.
La situación es verdaderamente terrible. Muy grave, ya que Aznar la aprovecha para conseguir su único objetivo: acabar con el nacionalismo democrático después vendrá el fin de los sindicatos tradicionales y de las conquistas sociales, el fin de la libertad y el fin de esa apertura o leve paseo por la democracia que se ha conocido en estos años anteriores. El PP de Aznar quiere acabar con el estado autonómico, quiere terminar con muchas cosas y a esto se suman una serie de personajes que no encuentran otra forma de medrar en su entorno. Es patético.
Fuente: Joseba Azkarraga
