Mostramos de manera pública nuestra gran preocupación por la involución democrática que estamos viviendo, un momento político de graves recortes de derechos y de libertades en todo el estado y a todos los niveles.
Los últimos ataques a la libertad de expresión con penas de cárcel para tuiteros y raperos son un ejemplo evidente. La represión ante manifestaciones y protestas pacíficas, la censura por parte de la derecha española a artistas, cantantes, actores… y, en definitiva, a todo tipo de expresiones de contenido crítico y discrepante, tiene un soporte legal y se llama Ley Mordaza.
Una nueva herramienta legal creada para reprimir la disidencia y el pensamiento crítico. Que se suma a ese entramado legal y judicial de excepcionalidad montado en los últimos años con la excusa del terrorismo.
¿A qué esperan PSOE y Podemos para poner fin a toda esta sin razón? ¿A qué esperan para echar atrás con su mayoría política la Ley Mordaza en el Congreso? No logramos entender la indiferencia y la inacción de las fuerzas políticas estatales de dicen ser democráticas y progresistas ante los graves acontecimientos que en los últimos meses se vienen sucediendo.
El estado español tiene personas presas por motivos políticos. Esta es una realidad bien conocida y que deja constancia también en el ámbito internacional, por medio de las distintas denuncias públicas de las y los representantes catalanes.
Pero fuera del foco de la prensa internacional, están dándose casos gravísimos de vulneración de derechos y libertades básicas. El caso de los jóvenes de Altsasu es uno de los más graves casos de abuso y prevaricación judicial que se están cometiendo en estos momentos en el estado español. Constituye el lamentable parangón de la grave involución democrática, de la que como sociedad, estamos siendo todas y todos víctimas en estos momentos.
Los jóvenes de Altsasu están encarcelados injustamente, acusados de forma desproporcionada en un proceso plagado de manipulaciones políticas y mediáticas, de irregularidades e irresponsabilidades democráticas.

Consideramos que la actitud de un estado que exculpa a neonazis pero mantien la acusación por terrorismo y la prisión preventiva contra estos jóvenes por una riña de bar nocturna responde a la persecución política. Una riña de bar entre las miles de características parecidas que ha habido en el Estado sin que se produzcan acusaciones similares, es un castigo y una advertencia, no sólo al pueblo de Altsasu, sino a Navarra.
Es por ello que, ante estos abusos y vulneraciones, partidos y organizaciones tenemos el deber de denunciarlos públicamente. Desde Eusko Alkartasuna queremos expresar nuestra solidaridad y nuestra denuncia ante la actitud de autoridades judiciales y de la Fiscalía, que acusa a estos jóvenes de terrorismo y pide penas de hasta 60 años de cárcel por una pelea de taberna a las cinco de la mañana. ¿Cómo una trifulca de bar es el más grave de todos los excesos políticos y judiciales, de todas las corruptelas, que se están cometiendo en este mismo momento en el estado?
Lo decimos de manera firme y clara: El caso de Altsasu no es terrorismo. Esta calificación supone una banalización y una desproporcionalidad absoluta, cuyo único fin es practicar el castigo ideológico contra estos jóvenes. Pervirtiendo el concepto mismo de terrorismo y extendiendo su interpretación hasta límites insoportables en un Estado de Derecho.
Es por ello que exigimos a la Fiscalía que retire una acusación terriblemente desproporcionada y sin fundamento y se juzguen los hechos desde los principios de la proporcionalidad, justicia y democracia. No podemos aceptar ni un minuto más una situación tan inhumana, cruel e injustificada.
La censura, la represión, la persecución política, las acusaciones sistemáticas de ensalzamiento del terrorismo… sitúan en este momento al Estado español más cerca una dictadura que de una democracia, que extiende y aplica la excepcionalidad a interés del poder político y fáctico de turno.
Eusko Alkartasuna exige la inmediata puesta en libertad de los jóvenes detenidos, y que la causa se vea en Pamplona, no en la Audiencia Nacional, órgano al que consideramos un auténtico “tribunal de excepción”, incompatible con la democracia.
Por último, tras enviar nuestro mensaje de ánimo a los implicados y sus familias, y en general a todo el pueblo de Altsasu, hacemos un llamamiento a la sociedad navarra y a todas las fuerzas políticas y sociales para acudir de manera masiva a la manifestación de este próximo sábado en apoyo a los jóvenes de Altsasu. Tenemos que salir a la calle en solidaridad y en defensa de los derechos y las libertades básicas que tenemos todas las personas, y que en este momento están en jaque.