Veintidós
años después de que la ciudadanía de la CAV aprobase en referéndum el Estatuto
de Gernika, la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna quiere denunciar públicamente
la modificación fraudulenta de la voluntad popular que, a lo largo de estos
años, han realizado quienes han tenido responsabilidades de Gobierno en el Estado.
El
Estatuto de Gernika, que fue negociado en unas circunstancias políticas
muy diferentes en las que se llegó a un difícil equilibrio –que, obviamente,
no recogía ni mucho menos nuestras legítimas aspiraciones de autobierno y unidad
de Euskal Herria, pero resultaba apremiante para dar respuesta a las
gravísimas necesidades del país en todos los órdenes: económico, cultural, lingüístico,
etc.-, permitía actuar, en un momento transcendental y comprometido de
nuestra historia, en muy diversas materias, posibilidad radicada lógicamente
en la voluntad de ambas partes contractuales. Sin embargo, a día de
hoy la realidad es otra y el pacto estatutario ha sido defraudado unilateralmente.
El Estatuto, en consecuencia,  ha cumplido ya su tiempo histórico y  debe darse
otro paso hacia la profundización del autogobierno, hacia un nuevo consenso
político que supere el fraude estatutario, con la referencia fundamental y exclusiva
de la voluntad de los vascos y las vascas.
           
Este Estatuto de Gernika,  que supuso una gran esperanza y un paso adelante
enorme en 1979, ha visto mermado de forma constante y reiterada tanto su espíritu
como su contenido material, tras sufrir diversas y sucesivas interpretaciones
restrictivas. La legislación básica impulsada por las Cortes Generales, ha devaluado
el contenido del articulado del marco jurídico establecido en el Estatuto de
Gernika. Estas agresiones vía legislación básica perjudican seriamente la validez
del articulado que, si bien formalmente no se anula, materialmente se convierte
en un precepto absolutamente irreconocible, que no se corresponde con el Estatuto
aprobado por la ciudadanía en el referéndum del 25 de octubre de 1979. Como
ejemplo, basta recordar el paradigmático caso de la LOAPA.
           
 Otro factor que ha cercenado  el espíritu y el contenido de este documento
contractual lo constituyen las interpretaciones y sentencias del Tribunal Constitucional,
que han chocado frontalmente con la voluntad originaria, al menos por una de
las partes, de establecer las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca. Por
poner un ejemplo, cuando se aprobó la Ley de la Función Pública, la competencia
en el ámbito público se la atribuía nuestra comunidad, y sin embargo, a raíz
del fallo del Constitucional se imposibilitó el porcentaje de aumento salarial.
Hechos como éste, lejos de constituir una anécdota, revisten una importancia
capital, porque suponen de facto un irresponsable pulso competencial entre la
Administración del Estado de España y la Administración de la Comunidad Autónoma
Vasca.
           
 La adhesión a la Comunidad Europea, ahora Unión Europea, y la consiguiente
recepción del Derecho Europeo, se ha convertido en una vía de vaciamiento competencial,
sin la lógica contraprestación de participar directamente en las instancias
europeas. Lo que debiera haber sido una transferencia de competencias de la
CAV y del Estado a favor de la UE, se convierte en una transferencia de competencias
de la CAV al Estado, al compartir éste la decisión sobre las competencias en
el Consejo Europeo. El poder y el derecho europeo pasa de Bruselas a Madrid,
directamente, sin tener en cuenta a Gasteiz, a pesar de regular aspectos en
los que nuestra comunidad tiene por derecho competencias sobre las mismas.
           
 La reivindicación de las treinta y siete competencias pendientes es una constante
desde hace años. El propio Parlamento de Gasteiz aprobó unánimemente en 1995
un informe sobre las mismas instando a su transferencia. Hoy, cuando el Gobierno
español además de traicionar su compromiso, se atreve incluso a falsear la realidad
constatable de su incumplimiento, intentando manipular a la ciudadanía con falsedades
sobre el estado de las transferencias, queremos hacernos eco una vez más, y
especialmente, de aquellos incumplimientos de transferencias sobre materias
tan sensibles e importantes para el desarrollo del País como las que afectan
a materias socio-laborales, que impiden una mejor aplicación de políticas propias
concretas en aspectos clave para la creación de puestos de trabajo estable,
políticas tendentes a un justo equilibrio entre mujeres y hombres, reorganización
del horario de la jornada laboral, subsidios y pensiones, etc.
Por
todo ello, el marco de autogobierno apoyado en su día de forma absolutamente
mayoritaria, por más de la mitad del censo de la Comunidad Autónoma Vasca, se
muestra hoy por hoy insuficiente, tanto por la devaluación de contenidos que
han propiciado quienes hoy pretenden, desde el cinismo político, presentarse
ante la sociedad como sus abanderados, como por la ausencia de capacidad alguna
para dar respuesta práctica a las demandas de la sociedad vasca actual.
Por
estas razones, desde Eusko Alkartasuna proclamamos que ha llegado el momento
de impulsar un nuevo consenso político basado en el diálogo, la síntesis democrática
de las diversas propuestas políticas aportadas por quienes tienen acreditada
su representación popular en las urnas y el respeto a la voluntad de la ciudadanía
de Euskal Herria, expresada de forma democrática y pacífica.
Fuente: Eusko Alkartasuna