Se han presentado 185 enmiendas parciales a los proyectos de ponencias política y de estatutos
El Congreso Nacional que ibamos a celebrar el 28 y 29 de noviembre en Arrasate, se ha retrasado al 12 y 13 de diciembre, por la coincidencia con las Elecciones Generales. La Asamblea Nacional, reunida ayer en Gasteiz, aprobó el cambio de fecha. El cónclave mantiene su ubicación en edificio Garaia del parque tecnológico de la localidad gipuzkoana.
El XV Congreso Ordinario cuenta como viene siendo habitual con una propuesta de ponencia política, que marca la dirección del partido hasta el siguiente congreso, y otra propuesta de ponencia estatutaria, de carácter interno, destinada a la gestión de la organización. Finalizado el proceso, y por tanto el plazo para presentar enmiendas a los proyectos de ponencias a través de las organizaciones locales de toda Euskal Herria, la afiliación ha presentado 185 enmiendas parciales. No se ha registrado ninguna enmienda a la totalidad a los dos documentos. Para que ambas propuestas de ponencia sean firmes, deberán ser votadas, y en este caso aprobadas, por el pleno de 116 compromisarias y compromisarios en el congreso del 12 y 13 de diciembre.
El proyecto de ponencia política plantea una estrategia de partido para avanzar hacia una Euskal Herria reunificada, soberana e independiente, constituida como República Vasca mediante vías exclusivamente pacíficas, democráticas e institucionales. Defiende el derecho de autodeterminación y a decidir del pueblo vasco, reivindicando la soberanía foral y la participación ciudadana como fundamentos de legitimidad, así como una construcción nacional que integre los siete territorios históricos. Apuesta por reforzar Euskal Herria Bildu como espacio plural de confluencia de las izquierdas y fuerzas soberanistas, preservando la identidad socialdemócrata, institucional e independentista de Eusko Alkartasuna. En el ámbito económico y social, propone profundizar en el Estado del bienestar, impulsar una fiscalidad progresiva y redistributiva, fortalecer los servicios públicos y garantizar derechos efectivos en materia de vivienda, empleo, pensiones, sanidad y educación. Asimismo, promueve la transición ecosocial, el feminismo, la igualdad de género, los derechos LGTBIQ+ y un sistema público de cuidados. En materia territorial, defiende una organización descentralizada basada en la subsidiariedad, la autonomía de los territorios y la cooperación institucional entre Hegoalde e Iparralde. Otorga al euskera un papel vertebrador de la identidad nacional y reclama mayores recursos para su normalización y presencia tecnológica. Propone evolucionar hacia una democracia comunitaria, con más consultas populares, asambleas ciudadanas, presupuestos participativos y mecanismos de control de los representantes públicos. En política de convivencia, reafirma el rechazo a toda violencia, la reparación de todas las víctimas y una política penitenciaria orientada a la reinserción y los derechos humanos. Finalmente, apuesta por una Europa de los Pueblos, alianzas soberanistas progresistas y la defensa de la justicia social frente a la ultraderecha y el autoritarismo, vinculando inseparablemente la independencia nacional con la transformación social y la solidaridad.






