“ No podemos permitir que siga muriendo gente. Colombia está inmersa en un conflicto de difícil solución en el que cada día muere gente, entre ellos personas que lo dan todo porque se respeten lo derechos humanos de la gente que allí habita. Nosotro Según Naciones Unidas, Colombia sufre una grave crisis humanitaria, entre otros, por los cerca de tres millones de desplazados internos existentes en el país como resultado del conflicto armado interno. Colombia es el tercer país del mundo con mayor número de desplazados internos, después de países como Sudán y Congo. Miles de comunidades y familias han tenido que dejar sus casas y sus tierras violentados por los diferentes actores armados del conflicto. Los miembros de estas comunidades han visto a sus seres queridos desaparecidos, asesinados, y han sufrido las amenazas, hostigamientos y señalamientos por parte tanto de la guerrilla y los paramilitares, como de las fuerzas públicas colombianas.

Como respuesta a esta situación, muchas comunidades se han organizado para defender su derecho a la vida. Su opción no violenta tiene su base jurídica en el Principio de Distinción proclamado en el Derecho Internacional Humanitario. Su exigencia es que se les respete su derecho a mantenerse al margen del conflicto en las llamadas Comunidades de Paz, o Zonas Humanitarias. De acuerdo a la descripción de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), éstas ´se establecieron a finales de los 90 (…) por desplazados por el conflicto que gradualmente empezaron a retornar a sus comunidades. Las Comunidades de Paz tienen un compromiso con la resistencia civil y la neutralidad. Rechazan la presencia en su territorio de cualquier grupo armado ya sea ilegal o legal´.

Entre estas comunidades se encuentra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá Antioqueño, donde ocho personas, entre ellos tres niños, fueron brutalmente asesinadas los días 21 y 22 de Febrero del 2005 y sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura y descuartizamiento. Una de estas personas asesinadas fue Luis Eduardo Guerra, fundador, líder y representante de la Comunidad de Paz en sus diálogos con el Gobierno e instituciones internacionales. A pesar de las múltiples manifestaciones de solidaridad y de la petición de la comunidad internacional para que se desarrollara una investigación pronta y exhaustiva, dada la presunta implicación del ejército colombiano en este caso, ocho meses después todavía no se conoce ningún resultado de las investigaciones.

Esta masacre se inscribe dentro de los constantes ataques que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha enfrentado desde su fundación en 1997, con un resultado de 163 asesinatos, que a día de hoy continúan en la impunidad. Todo ello a pesar de gozar de medidas provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) según las cuales el ejército colombiano es responsable por la seguridad de la comunidad. De nuevo, el pasado 17 de noviembre, otro líder de esta Comunidad de Paz, Arlen Salas David coordinador de la Zona Humanitaria de las vereda de Arenas Altas, murió como consecuencia del impacto de una granada lanzada según los testigos por miembros del ejército colombiano. Arlen Salas David y otros 6 campesinos estaban desyerbando el maíz cuando un grupo de soldados empezó a dispararles y lanzaron la granada. Otro miembro de la comunidad, Hernando Goez, resultó herido grave del ataque.

Las Zonas Humanitarias promovidas por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, han recibido el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las reconoce como un mecanismo legítimo de protección de la población civil en el contexto del conflicto armado interno. Además, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha sido visitada en varias ocasiones y apoyada públicamente por la Embajada Española en Colombia y hace poco por una delegación de organizaciones sociales y parlamentarios españoles.

También las comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas de la región del Bajo Atrato, en el departamento de Chocó, como las comunidades del rió Cacarica y Jiguamiandó, han denunciado repetidamente la ofensiva contrainsurgente que se viene desarrollando desde 1996 en la zona. Dicha estrategia ha combinado el accionar de la Brigada XVII del ejército colombiano con ofensivas de tipo paramilitar que han tenido como resultado centenares de crímenes de Lesa Humanidad y el desplazamiento masivo para garantizar la deforestación ilegal, y de proyectos agroindustriales de palma aceitera, banano y hoja de coca en esta región, considerada como la segunda del mundo más rica en biodiversidad.

En el último de estos casos, el pasado 15 de octubre en Belén de Bajirá en la región del Medio Atrato (Chocó) un miembro del Consejo Comunitario del Curvaradó, Orlando Valencia, fue llevado a la fuerza por dos hombres reconocidos en la región como paramilitares. Su cuerpo sin vida fue encontrado pocos días después a unos kilómetros de la región.

Los daños ambientales y la destrucción del Patrimonio de la Humanidad son invaluables, al tiempo que sobre los pobladores persisten las amenazas, los señalamientos, las presiones, y las muertes, a pesar de que el artículo 22 de la Constitución nacional Colombiana indica que “la paz es un derecho y un deber de obligado cumplimiento”.

Existen varias organizaciones nacionales e internacionales que buscan la protección de tales comunidades a través de su acompañamiento y presencia en el terreno. En Colombia, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, presta acompañamiento a muchas comunidades de población desplazada y denuncia a las autoridades competentes las violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de que son testigo. Por ello recibe de manera regular amenazas contra la vida de sus integrantes. Otras ONGs con presencia en España, y en concreto en Navarra, como Brigadas Internaciones de Paz, Mugarik Gabe y Aldea han seguido desde hace 8 años el devenir de estas comunidades y han tenido la oportunidad de conocer personalmente a alguno de sus miembros durante las diferentes visitas que éstos han realizado a distintas ciudades del Estado Español para dar a conocer su experiencia modélica y también a través de su acompañamiento internacional a estas comunidades. Decenas de voluntarios internacionales, entre ellos 8 personas de Navarra, han sido o son voluntarias y voluntarios de Brigadas Internacionales de Paz (PBI), organización que acompaña dichos procesos.

Brigadas Internacionales de Paz (PBI), es una Organización No-Gubernamental, registrada ante la Organización de las Naciones Unidas, que mantiene en Colombia un equipo de observadores/ acompañantes internacionales desde 1994. El objetivo es la protección del espacio de actuación de los y las defensores de derechos humanos que sufren represión por su trabajo, no violento, en pro de los derechos humanos. Para conseguir este objetivo, el Equipo de PBI Colombia permanece sobre el terreno acompañando a las personas u organizaciones amenazadas, realizando visitas periódicas a zonas en conflicto, distribuyendo información sobre la evolución del conflicto, realizando labores de interlocución y cabildeo con las autoridades civiles y militares, así como con organismos estatales, ONGs, iglesia, cuerpo diplomático y organizaciones internacionales para promover cobertura internacional. PBI trabaja según los principios de la no violencia, la no injerencia y siempre a petición local.

Hoy en día la principal víctima de los conflictos armados sigue siendo la población civil, donde las cifras sobre pobreza y miseria son progresivamente más angustiosas y donde los derechos humanos son cuestionados y supeditados a intereses económicos y en aras de la seguridad. En Colombia muchas han sido las iniciativas de paz que han desaparecido víctimas de la presión ejercida por los actores armados del conflicto colombiano y del olvido internacional. De no ser por el trabajo de organizaciones como Brigadas Internacionales de Paz iniciativas como la comunidad de Paz de San José de Apartadó, las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica (Cavida) y el Consejo Comunitario Mayor del Jiguamiandó con mucha probabilidad habrían también visto su fin.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Eusko Alkartasuna ha presentado para su debate y votación en Comisión, la siguiente propuesta de resolución:
1. El Parlamento de Navarra plantea la necesidad de que se respeten las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica (Cavida), el Consejo Comunitario Mayor del Jiguamiandó y a la Comunidad de Paz de San José de Apartado su derecho como civiles a no verse arrastrados al conflicto y que los combatientes, ya sean miembros de guerrilla, de las fuerzas armadas o de los grupos paramilitares, permanezcan fuera y respeten las Zonas Humanitarias
2. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno del Estado Español a que exija a las autoridades colombianas en el respeto a las medidas provisionales de la CIDH que requieren la adecuada protección de las comunidades y que las medidas de protección que se apliquen sean concertadas con la comunidad

3. El Parlamento de Navarra exige el esclarecimiento rápido mediante investigación imparcial y exhaustiva, tal y como ha señalado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la masacre ocurrida en febrero contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y esclarecer los hechos del pasado 17 de noviembre en la vereda de Arenas Altas

4. El Parlamento de Navarra muestra su respaldo a la labor de defensa y protección de los derechos humanos en Colombia desarrollada por Brigadas Internacionales de Paz (PBI)

Fuente: Begoña Errazti