A juicio de EA de Iruña, ´la sentencia es consecuencia de un gobierno que actúa con prepotencia, saltándose la ley si es preciso, y encima descalifica a quienes protestan por sus atropellos´

La Junta Local de Eusko Alkartasuna en Iruña considera que, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra contra la adjudicación del aparcamiento de la Plaza del Castillo, ´el equipo municipal de UPN y quienes apoyaron en Pleno la adjudicación deben asumir responsabilidades políticas y jurídicas por haber dado el voto a la tramitación de un expediente no conforme a la ley´.

En opinión de EA de Iruña, ´la responsabilidad de los miembros de la comisión de gobierno es evidente, al igual que la de quienes aprobaron tal tramitación´, y extiende las responsabilidades a los propios servicios técnicos del ayuntamiento, en especial, a la asesoría jurídica de la Corporación.

´La sentencia es consecuencia de un gobierno que actúa con prepotencia, saltándose la ley si es preciso, y encima descalifica a quienes protestan por sus atropellos´, opina la Ejecutiva Local de EA. En este sentido, pone como ejemplo la actuación municipal en materia de euskera, ´tema en el que los tribunales también han dado la razón sucesivamente a los ciudadanos´.

A su juicio, ´tras tanta denuncia y sentencia el equipo de gobierno no puede escudarse en su excusa habitual de ´son los de siempre´, ni puede esgrimir como argumento el desconocimiento, pues a un ayuntamiento se le supone que conoce la ley, para eso dispone de servicios jurídicos. Tampoco es creíble, tratándose de una obra tan controvertida, que en todo momento ha estado rodeada por la polémica y ha originado una importante respuesta social´, apunta.

´El ayuntamiento ha mantenido una actitud de descalificación permanente contra esta movilización social a la que ahora los tribunales están dando argumentos jurídicos´, señala EA de Iruña. Recuerda, además, la falta de transparencia, en cuanto a informes arqueológicos y a la gestión de Príncipe de Viana, que ha regido y sigue rigiendo en la ejecución de la obra, ´que da toda la impresión de estar resolviéndose improvisadamente´, comenta.

´Es bochornoso que el ciudadano, para ser escuchado por su ayuntamiento y corregir los excesos de la actuación municipal, se vea obligado a recurrir sistemáticamente a la administración de justicia, y cuando lo hace, sea criticado por los representantes políticos que deberían velar por el cumplimiento de la ley, y acusado de judicializar la vida municipal, cuando es el único camino que le queda frente al equipo de gobierno´, concluye.

Fuente: Eusko Alkartasuna