Iñaki Cabasés
El proceso electoral de las próximas elecciones municipales, forales y autonómicas está siendo alterado por la anulación de una serie de candidaturas, promovidas por una parte de la izquierda abertzale, en base a la denominada Ley de Partidos elaborada y aprobada para ilegalizar a los grupos políticos en que esa parte de los ciudadanos se encuadra.
Esta Ley, a la carta, resulta inaceptable en una democracia que debe respetar el derecho de todos a su participación política. De todos sin excepciones, nos guste o no lo que defiendan unos u otros, incluida su estrategia política.
Porque el deslinde y la elección los deben hacer, en exclusiva, los ciudadanos, siempre en el ámbito del debate político e ideológico.
Cualquier limitación a este derecho universal de los ciudadanos es, ante todo, sencillamente eso: una limitación. Y las consecuencias de la limitación, evidentes: ni estarán todos los que son ni serán todos los que estén. Se verá coartada la libre decisión de los ciudadanos. De todos los ciudadanos.
La responsabilidad de esta situación, por encima de manipulaciones interesadas, es atribuible a quienes causan este estado de cosas.
En mi opinión, la mera existencia de ETA es la primera y principal. ETA, sin ninguna legitimidad, trata de imponer con las armas un sistema de orden social y político para lo que utiliza el más abyecto y antidemocrático de los procedimientos: la eliminación física del oponente con el subsiguiente amedrentamiento que esto supone para todos los demás.
Esta terrible consecuencia de su existencia repugna a la democracia, a la ética y a los más elementales derechos humanos. Y la sociedad tiene establecidos los instrumentos para evitarla y perseguirla con la misma eficacia que se aplica a los demás delitos: unos se evitan y, los que no, generan la responsabilidad penal de sus autores, entre la que se encuentra la inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos.
La vida y la libertad son valores que nadie tiene derecho a violar, independientemente de las causas que alegue. Y esta violación debe conllevar la responsabilidad de sus autores. Pero el uso político de la existencia de estos delitos para extender y generalizar esta responsabilidad significa la adopción de medidas de recorte y limitación de la libertad de manera inadmisible. Y más cuando se utiliza en beneficio o interés determinado aprovechando la conmoción social que los crímenes de ETA producen.
La propia estrategia de esa parte de la izquierda abertzale se ve afectada: no debe extrañarle su aislamiento e incapacidad de interlocución cuando acepta que ETA se constituya en participante de su lucha política. Y la verdad de que los asesinados no pueden presentarse a las elecciones es tan dramáticamente irreversible e incuestionable que no puede compararse con la exclusión de unas candidaturas por gravísimo déficit democrático que sea, que lo es. Al menos los candidatos excluidos no tienen libertad pero viven; los asesinados ni tienen libertad, ni viven.
Como demócrata que trato de ser no puedo, ni quiero, ignorar esta circunstancia porque en política, como en todo, hay unos principios y valores que no deben ignorarse ni eludirse.
No obstante hay otras responsabilidades que también quiero señalar: la aplicación generalizada de identificación y/o pertenencia a ETA a todos y cada uno de los militantes de las organizaciones ilegalizadas, es falsa y repudiable. La privación de derechos políticos sin que exista una expresa condena a ello, intolerable. Esta generalización lo mismo podría aplicarse a otras organizaciones políticas en cuyo entorno se crearon, ampararon y justificaron grupos paramilitares igualmente abyectos: los ejemplos son cercanos en la historia. Pues bien, hacerlo, sería igualmente injusto y antidemocrático.
Y qué decir de los que, incluso, han militado en ETA y hoy se configuran, quizás con el mismo fanatismo, como cualificados portavoces de los grupos ilegalizadores y activos combatientes de las ideas que ellos promovieron con las armas no hace tanto tiempo.
Y de quienes, todavía, defienden y añoran una cruenta dictadura que, entre otras graves consecuencias aún subsistentes, produjo la creación de ETA.
No vale ampararse en el llamado Estado de Derecho para justificar estas medidas y sus graves consecuencias: también las dictaduras tienen normativa jurídica que configura su estado de derecho y no por eso es democrático. Y no olvidemos que la propia expresión democrática la han utilizado y utilizan todos los dictadores: ¿o se nos ha olvidado la de orgánica que se atribuía la dictadura de Franco y su régimen?
La democracia se configura, entre otras cosas, por la participación de todos los ciudadanos en la elección de sus representantes y cualquier limitación a esa participación, reduce la democracia y la calidad democrática del estado de derecho.
Por eso nadie debe limitar lo que sólo a los ciudadanos, a todos, de manera libre y secreta nos corresponde decidir: elegir a quienes queremos que nos representen, gusten o no a unos u otros. Porque no es la elección libre lo que produce delito alguno. Ni la defensa de cualquier ideología o estrategia política en el ámbito institucional para el que se es elegido.
Puede que este no sea el momento oportuno, máxime cuando se es candidato, para exponer un criterio que puede ser incómodo, habida cuenta de la radicalización y simplificación de posiciones. Pero entiendo que es un deber dejar clara mi opinión porque me parece que la defensa de los más básicos principios democráticos debe estar por encima, incluso, de las coyunturas electorales.
Y me permito añadir que siento una creciente repugnancia a tanta manipulación como observo en todo este proceso: desde la de quienes propugnan y defienden la exclusión electoral, apelando interesadamente a la libertad, porque puede permitirles la mayoría absoluta, en términos electorales aunque no sociales, para ejercer el poder, hasta los que por verse privados de la condición de candidatos, apelan, también interesadamente, a la libertad, sin que nunca hayan reclamado igual respeto democrático para los amenazados o coaccionados que tampoco tienen libertad para ser candidatos o que, de serlo, tienen que asumir un riesgo añadido para su libertad y su vida.
Creo que la posibilidad de que todos los ciudadanos pongan a cada uno en su sitio en la representatividad, es la única medida que un demócrata debe perseguir y un sistema democrático garantizar. Lo demás es recorte de libertades que, siempre que se produce, se trata de justificar apelando a la libertad, la seguridad, el estado de derecho o la voluntad de la mayoría. Pero es sólo pérdida de libertad que hoy afecta a unos. ¿Y mañana?
Fuente: Iñaki Cabases
