El Consejero de Justicia del Gobierno Vasco pide la libertad para siete jóvenes -la mitad de ellos vascos- internados en prisiones civiles y militares
El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Joseba
Azkarraga, ha instado a los Ministerios de Justicia y de Defensa ‘a promover
las reformas pertinentes de los Códigos Penales Común y Militar,
a fin de despenalizar toda vulneración del derecho fundamental, de libertad
ideológica y de conciencia, adaptándolos a la supresión
del servicio militar obligatorio’.
Azkarraga, que ha remitido sendas cartas a los
ministros Trillo y Acebes, considera necesario que ‘se articulen cuantas
medidas transitorias sean precisas que, de inmediato, se elimine el sufrimiento
y la injusticia que significan los procesos abiertos contra 4.700 jóvenes,
además de miles de inhabilitaciones y el encarcelamiento de siete jóvenes
en prisiones civiles y militares por su oposición a la mili’.
Joseba Azkarraga considera que ‘las medidas
a aplicar pueden ser varias: el indulto, la libertad condicional, la excarcelación
o el sobreseimiento de las causas y junto a ello, las reformas legales necesarias
que permitan el sobreseimiento de las mas de 4.700 causas pendientes. Ante todo
es necesario suprimir la inhabilitación en la que se encuentran miles
de jóvenes’.
‘Considero que mantener esas situaciones
una vez desaparecida la causa del delito, supondría una muestra de revancha
contra las actitudes antimilitaristas y a la vez una muestra de sumisión
hacia los sectores más militaristas y belicistas españoles’
opina Azkarraga.
El Consejero Vasco de Justicia argumenta que
‘la finalización del año 2001 ha coincidido con el final
de uno de los mayores anacronismos que existían en el Estado Español
desde hace muchos años: el Servicio Militar Obligatorio. Durante décadas
han sido miles, millones los jóvenes obligados a dedicar un largo periodo
de su vida al sostenimiento de un ejercito’.

TRIUNFO SOCIAL
‘Como oposición a este sistema de servicio militar obligatorio -recuerda
Azkarraga- o también como oposición a la propia existencia de
los ejércitos, hace 25 años surgía con fuerza un movimiento
de objeción de conciencia profundamente democrático, antimilitarista
y pacifista. Esta oposición a los ejércitos se ha convertido en
un gran triunfo social, con la desaparición de la ‘mili’.
Para Azkarraga ese objetivo representa ‘un
logro social y democrático pero se mantiene una situación que
por su importancia, nos obliga como responsables del área de Justicia
de este Gobierno Vasco, a manifestar públicamente nuestra preocupación
y a exigir soluciones inmediatas’. El pasado mes de marzo, el Gobierno
Español aprobó los decretos de supresión del servicio militar
obligatorio y de la prestación social sustitutoria, que entraban en vigor
este pasado día 31 de diciembre.
‘La firma y aprobación de estos decretos,
deberían haber traído aparejada la excarcelación de los
jóvenes insumisos presos en la Prisión Militar de Alcalá
de Henares y en otras prisiones militares. Desgraciadamente esto no ocurrió
entonces y mucho nos tememos que tampoco ocurra ahora’ explica Azkarraga.
Según indica el Consejero de Justicia
del Gobierno Vasco ‘varios de estos insumisos son jóvenes vascos,
a los que como Administración, estamos obligados a defender. El Gobierno
Español debe de resolver de manera inmediata la ‘laguna’ que
se produce tras la supresión del servicio militar obligatorio’.
‘No tiene ninguna justificación,
que tras la desaparición del Servicio Militar Obligatorio y por tanto
el delito que podría suponer la insumisión a esta obligatoriedad,
se mantenga un solo joven en prisión. No solo nos encontramos con el
problema que representa la existencia de siete jóvenes en prisión.
Existen otros dos problemas que de no buscarse una lógica solución,
amenazan con convertirse en un problema social de importante magnitud: se mantienen
más de 4.700 causas abiertas, contra otros tantos jóvenes, de
los cuales también un muy alto porcentaje corresponde a jóvenes
vascos’ detalla el máximo responsable de la Administración
de Justicia en Euskadi.
Azkarraga se pregunta si ‘se va a dejar
en manos de cada uno de los jueces, la papeleta de la decisión de lo
que deben decidir en cada caso Colocándoles ante la tesitura de tener
que aplicar un Código Penal, aun no reformado, caduco, contra unas conductas
que han dejado de ser delito, porque ha desaparecido la causa que ha movido
a miles de jóvenes hacia la insumisión’.
El Consejero de Justicia considera que ‘debe
revisarse la pena de inhabilitación. Son miles los jóvenes que
se encuentran inhabilitados, por su condición de insumisos, para poder
acceder a un puesto de trabajo en la Administración Pública, poder
acceder a la condición de cargo publico, o al disfrute de becas en el
tramo universitario’.

ARTICULAR MECANISMOS
Ante esa situación, desde la Consejería de Justicia del Gobierno
Vasco, se ha instado al Gobierno Español mediante un escrito oficial
dirigido al Ministro de Justicia, ‘a articular los mecanismos legales necesarios,
con la urgencia que los casos requiere, a fin de ser coherentes con el final
del anacronismo que suponía la existencia del servicio militar obligatorio’.
‘En este sentido -comenta Azkarraga- manifestamos
al Ejecutivo Español que debe asumir que los Ejércitos son profesionales
con todas sus consecuencias Ampararse en la tesis de que se cometió un
delito mientras existía una obligación, supondría no reconocer
que ha sido un logro social y democrático llegar a la situación
actual. Las conquistas ciudadanas, a través de medios democráticos
y pacíficos, deben verse políticamente recompensadas. Es el modo
de dar carácter político a un compromiso ético y moral’.

Jatorria: Eusko Alkartasuna