Manuel Vigo García es viceconsejero de Inserción Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco Decía el político estadounidense Adlai Stevenson que “un hombre que tiene hambre no es un hombre libre”.

Si realmente aspiramos a una sociedad más justa, más solidaria, más integradora y más libre en la que el reconocimiento de los derechos sociales de la ciudadanía sea una de las señas de identidad de nuestro Pueblo, debemos ser capaces de garantizar los recursos necesarios a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas para que puedan desarrollar una vida digna y autónoma. En este contexto, hay gastos -y me refiero a los gastos sociales- que deben responder a criterios de racionalidad, justicia y equidad y que en ningún caso deben ser objeto de demagogia, utilizados con fines electoralistas, ni supeditarse a la ley de la oferta y la demanda, ni a las coyunturas de bonanza económica, sino que, por el contrario, han de ser garantizados por los propios gobiernos; es decir, que es preciso hacer política social de bienestar social, no de asistencia social, porque entendemos que es, de esta forma, como mejor se lucha contra la pobreza.

Los datos que arroja la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2004 -que más adelante iré desgranando- permiten concluir que en Euskadi están siendo contenidas las tasas de pobreza, como lo demuestra el descenso de los diferentes indicadores, tanto el de hogares como el relativo a la población. Y esto es el resultado de una política pública contra la pobreza que ha recibido un nuevo impulso en los últimos cuatro años. Un esfuerzo que explica la peculiar situación vasca en Europa, con unas tasas de pobreza que nos sitúan entre los países más avanzados del continente, a pesar de tener unos indicadores generales de bienestar todavía alejados de esos países.

Cuando hablamos de esos impulsos públicos, en este caso del Gobierno Vasco, nos estamos refiriendo fundamentalmente a las AES y a la Renta Básica, pero podríamos hablar también de la protección de la familia (18,8 millones de euros para 2005) o de otras políticas de inserción socio-laboral (programa Auzolan, empresas de inserción…). Como datos que reflejan nuestro fuerte empeño por hacer frente a la pobreza y a la exclusión, podemos citar que en 2001 el presupuesto para la Renta Básica era de 70,4 millones de euros; en 2005 es de 134 millones. En cuanto a las AES, en 2001 la partida era de 19,2 millones de euros y para este año es de 25 millones, ampliable a 30 millones de euros. Por otro lado, la cuantía de la nómina mensual para un hogar con un solo miembro ha pasado de los 435,17 euros en 2004 a los 505,73 euros en 2005, lo que supone el 84,5% del SMI.

Todo ello indica que las políticas de lucha contra la exclusión aplicadas en Euskadi están dando sus frutos. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

Esta encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, elaborada por nuestro Departamento y que se viene desarrollando desde 1986, cada cuatro años, constituye un informe de referencia obligada para instituciones y organizaciones sociales, como se ha demostrado en un, a nuestro juicio incompleto, reciente estudio de las Cajas de Ahorro vascas, además de una herramienta importante para la adopción y aplicación de las políticas sociales.

Combinando las situaciones de pobreza de mantenimiento (disponibilidad de ingresos económicos potencialmente insuficiente para hacer frente a la cobertura de las necesidades más elementales) y pobreza de acumulación (incapacidad de un hogar para conseguir acceder a los bienes de consumo duradero necesarios para mantener un nivel de vida mínimamente adecuado) se pueden establecer cuatro categorías de hogares y de individuos:

1.- La primera y la menos numerosa es la de los que se encuentran amenazados por un doble riesgo, el de la pobreza de mantenimiento y el de la pobreza de acumulación. En este grupo (el de los que padecen una situación más precaria por carecer de ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas y, además, no cuentan con un patrimonio con el que suplir esa carencia), se encuentran 3.990 hogares, un 0,54% del total (5.710 y 0,83% en el año 2000). En estos hogares vive el 0,52% de la población, por debajo del 0,74% del año 2000.

2.- La segunda categoría es la de los que se encuentran afectados sólo por la pobreza de mantenimiento, pero no por la de acumulación. Tienen, por tanto, dificultades de ingresos en el momento presente, pero cuentan con una vivienda digna o un patrimonio con el que afrontar sus gastos de supervivencia. En esta situación se hallarían 32.438 hogares, un 4,4% del total. En el año 2000, la proporción de hogares afectados era del 4,7%.

3.- En la tercera categoría se encuentran los hogares afectados por la pobreza de acumulación, aunque no por la de mantenimiento. Disponen, por tanto, de unos ingresos suficientes para hacer frente, al menos, a las necesidades básicas, pero carecen de patrimonio, normalmente de una vivienda suficientemente equipada. Son 9.376 hogares, que representan el 1,3% del total, índice que en términos de individuos se eleva al 1,7%. Las cifras apenas han variado respecto al 2000, con 1,3% de hogares y 1,8% de población con esta problemática.

4.- Finalmente, la gran mayoría de la población y de los hogares pertenecen a la cuarta categoría, los que no se encuentran afectados por ninguna de las dos formas de pobreza. Es la situación del 93,8% de los hogares y del 94,8% de las personas. La proporción era del 93,2% y del 94,6%, respectivamente, en el año 2000.

En cuando al riesgo de ausencia de bienestar -disponibilidad de ingresos potencialmente insuficientes para hacer frente a los gastos necesarios para mantener los niveles de bienestar y comodidad esperados- en 2004 en la CAPV se situó en el 23,6% de los hogares -un total de 175.390-; lo cual significa que se redujo en más de cinco puntos respecto al 28,8% de la encuesta de 2000 y en un total de ocho puntos si lo comparamos con el 31,6% de la encuesta del 96. La incidencia en términos individuales es notablemente inferior, situándose en un 19,8% de la población, lo que suma 412.963 personas. En 2000 era un 20,9% -433.115 personas- y alcanzaba un 28,3% -599.502 personas- en el 96.

Respecto a la situación de la CAPV en el contexto de los estados de la Unión Europea (datos de 2001, referidos, por tanto, a la UE de los Quince), y utilizando datos comparables, homologables, a nivel europeo, los resultados reflejan que la posición de Euskadi es mucho más favorable en términos del indicador de pobreza grave. En este sentido, nuestra tasa -que en el equivalente del método europeo resultaría ser un 3,7%- se enmarca en la horquilla donde se sitúan los estados más beneficiados de Europa, que fluctúan entre porcentajes del 2 al 4%. El indicador de la CAPV resulta, en este sentido, inferior (mejor, por tanto) a la media de la Unión Europa, situada en el 5%. También es claramente inferior (más favorable) al indicador del Estado español (7%) así como al de los demás países del sur de Europa, incluida Italia, y a los de Irlanda y Reino Unido.

Si se compara nuestro indicador de bajos ingresos o ausencia de bienestar, el nivel del 16,5% de la CAPV se aproxima al 15% de la media de la Unión Europa o de estados como el francés, aunque, eso sí, sin alcanzar el de los países mejor posicionados. En cualquier caso, ese indicador de la CAPV continúa siendo notablemente más favorable que el 19% en que se sitúa el del conjunto del Estado español, y también que el de los demás países del sur de Europa, u otros como Irlanda o Reino Unido.

Como conclusión, podemos decir que hoy en nuestro país hay menos pobreza que hace cuatro años, pero, junto a esto, existe otro dato que tenemos muy presente: todavía cuatro mil hogares en nuestra Comunidad padecen una situación de extrema pobreza, ya que carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y no cuentan con un patrimonio con el que suplir esta carencia. Se trata, en la mayoría de los casos, de personas recién llegadas que no están empadronadas y que, por lo tanto, no pueden acceder a la Renta Básica, aunque sí que pueden percibir ayudas asistenciales promovidas por las administraciones públicas y por entidades privadas.

El éxito de la lucha contra la pobreza y la exclusión depende de que se convierta en un objetivo central de las políticas públicas y puedo asegurar -los datos están ahí- que para nuestro Gobierno ésta es una cuestión prioritaria. Un objetivo para el que podríamos ser más eficaces si dispusiéramos de todos los resortes que nos proporcionaría la asunción de competencias tan vitales como las políticas globales de empleo y de seguridad social. Sea como fuere, nuestra voluntad política de crear una sociedad más justa, más solidaria, más integradora y, por supuesto, más libre, continúa siendo decidida y firme.
Fuente: Manolo Vigo