Antxon Belakortu e Iratxe Lopez de Aberasturi analizan la polémica sobre las ayudas sociales en Gasteiz.

Javier Maroto, alcalde de Gasteiz, ha creado una polémica sobre la RGI a medida de sus necesidades electorales. A día de hoy en Gasteiz hay más de 22.000 personas desempleadas; 1.314 más que, aun teniendo trabajo, cobran un sueldo tan bajo que necesitan cobrar Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para poder vivir dignamente; y 1.271 pensionistas que también acuden a la RGI para complementar su paupérrima pensión. Si a esto se le une que en un día detuvieron a 51 (presuntos) corruptos en Madrid, la mayoría de ellos cargos públicos, casi todos compañeros de militancia de Maroto, y que la plana mayor de su partido está bajo sospecha, tenemos los hechos precisos que han “obligado” al alcalde de Gasteiz a poner en marcha una polémica que aleje la atención de la sociedad acerca de quién es el responsable de esa situación.

Porque el PP tiene responsabilidad en todo esto. Vamos por partes. Por mucha crisis global que haya, algo está haciendo mal el PP, no solo en Madrid, sino también desde el Ayuntamiento de Gasteiz y la Diputación de Araba, cuando tenemos los datos de paro que tenemos. De hecho, ¿a que todos sabemos qué piensa Maroto de la RGI pero nadie le ha oído hablar de los parados y paradas de Gasteiz o de planes de empleo para ellos?

Por otra parte, quienes cobran salarios tan bajos o pensiones tan pobres que deben completar con RGI para poder cubrir sus necesidades básicas, también tienen mucho que “agradecer” a nuestro alcalde y su partido. En el Estado español la proporción de trabajadores que no supera el SMI (congelado en los últimos dos años y uno de los más bajos de la UE) se ha duplicado en los últimos diez años. Tanto los trabajadores que cobran sueldos más bajos como los pensionistas han ido perdiendo poder adquisitivo a pasos agigantados. ¿Verdad que todos sabemos la opinión de Maroto sobre los magrebíes pero nadie le ha oído preocuparse por quienes cobran sueldos o pensiones indignas?

El PP es autor intelectual de la ley que regula actualmente la RGI. Los cambios en la normativa anterior, y obra de nuestros compañeros de Eusko Alkartasuna, fue una de las condiciones del PP al PSE para llevar a Patxi López a Lehendakaritza y se aprobó gracias a la abstención del PNV. Vale que un partido que ha tenido a Fraga de presidente de honor tiene necesariamente que tener carencias democráticas, pero acudir a una campaña ciudadana de firmas para cambiar la Ley que impulsó en el Parlamento es un poco demasiado, ¿no?

El sistema de protección social vasco (mejorable, sin duda, sobre todo para dar respuesta a nuevas necesidades), que está por encima de la media estatal, ha servido para tener un índice de pobreza por debajo de la UE pero no ha tenido el efecto llamada que rechaza Maroto, ya que el porcentaje de población inmigrante está muy por debajo de otras zonas del Estado.

Este porcentaje, además, ha descendido en la CAV desde 2008. Cansa decir lo obvio pero el emigrante va a donde hay empleo, no a donde puede vivir de la sopa boba, y si no que se lo pregunten a tantos jóvenes de nuestro entorno. Es absurdo tener que insistir, pero no existe cronificación de las ayudas, lo que hay, y rara es la familia que no lo sufre, es cronificación del desempleo. ¿Alguien duda que esto es así? ¿No conocemos todos a personas que no consiguen trabajo pese a lo mucho que lo intentan? No hay trabajo, por eso hay mucha gente –haya nacido en Gasteiz, Ataun, Salamanca o Tánger- que está en el paro y que tiene que recurrir a los servicios sociales. Maroto sabe que solucionar eso es bastante más difícil que hacer una ley que restringe derechos fundamentales.

Por eso, el alcalde de Gasteiz, inmerso en una campaña lamentable, ha intentado avalar con datos sus teorías, pero los datos no le avalaban ni siquiera con trampas como pedir cifras al Gobierno vasco y tratar de crear los colectivos a su medida. Así parece que hubiera dicho “quiero el número de perceptores de la RGI pero quitando a los pensionistas, que son autóctonos y me estropean la media”; “méteme a los nacionalizados españoles en el grupo de inmigrantes porque de lo contrario, no dan los números”; además de especificar todos los datos de los supuestos defraudadores por origen y no por casuística –edad, empleabilidad, estudios, situación familiar,…. Y sin embargo, él, precisamente él, debería saber que pertenecer a un colectivo no significa nada. Ni ser magrebí significa ser un defraudador nato ni ser del PP asegura ser un corrupto de libro. ¿O sí?

EH Bildu piensa que la evolución lógica de los servicios de protección social es su universalización, llegar a todas las situaciones de necesidad. Todas. Y lo que el PP propone es justo lo contrario: que cada vez sean menos personas las que reciban ayuda de nuestro sistema de Bienestar. Con su propuesta, terminarán fuera de la cobertura de RGI desde las viudas, a las amas de casa, y, por supuesto los jóvenes que no consiguen acceder a su primer empleo. Esa es la receta del PP, se reducirá el número de perceptores de RGI y nadie que actualmente no cumpla los criterios para cobrarla, la cobrará en el futuro. Cada vez más pobreza, más exclusión, más miseria.

Y es que Javier Maroto, con sus pretensiones de verso libre, es PP en estado puro, es el neo liberalismo que arremete contra el estado de bienestar en nombre de la crisis y la racionalidad en el gasto.

Antxon Belakortu e Iratxe Lopez de Aberasturi, concejales de EH Bildu y miembros de la Coordinadora de Araba y la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna respectivamente.