Estamos haciendo lo imposible por todos los amenazados Ha pasado un mes del asesinato del magistrado
Lidón. ¿Cómo ve a los jueces vascos? ¿Tras las reuniones
con ellos han rebajado sus críticas al Gobierno?
Con los jueces, después de lo de Lidón
hemos estado dos veces: justo el día que asesinaron a los dos ertzainas
, estuvimos con la Sala de Gobierno trasladándoles cuál sería
la acción de este departamento sobre la Justicia. Luego, con ocasión
del debate de la iniciativa en el Parlamento . He de decir con absoluta sinceridad
que entre los jueces y su dirección hemos visto una posición rotunda
por seguir desarrollando su labor en este país. Hemos visto también
una situación de preocupación y les hemos transmitido nuestro
absoluto respaldo, no sólo moral, sino también, en la medida de
lo posible, de seguridad.
Algunos jueces han criticado la lentitud con
que se tramita su protección. ¿Le constan esas críticas?
No, y posiblemente el consejero de Interior nos
hubiera transmitido esa opinión si le hubiera constado a él. Creo
que los departamentos del Gobierno vasco relacionados con la Justicia están
haciendo lo imposible por ese colectivo y por todos los colectivos amenazados
por una banda terrorista. No sólo están los jueces; desgraciadamente,
cualquier ciudadano de este país es objetivo de esta banda. En eso estamos
haciendo lo imposible. Cuando se producen situaciones en que la seguridad de
las personas es vulnerable, la crítica se dirige siempre a los poderes
públicos. Le pasa a este Gobierno, pero también al español.
No tenemos que olvidar que en este país se ha asesinado a un juez y en
el Estado se han cometido seis asesinatos contra jueces y magistrados.

Se le ha reprochado desde ámbitos judiciales que algunos de sus planteamientos,
por ejemplo sobre un Poder Judicial vasco, le hacían un flaco favor a
la forma en que los jueces se sentían tratados.
La iniciativa de apoyo a los jueces que se aprobó
el pasado día 30 en el Parlamento es redactada por este departamento
y trasladada a los grupos parlamentarios. Podemos poner algún ejemplo
más. ¿Qué más podemos hacer? No podemos renunciar
a plantear dentro del ámbito que es competencia de este departamento
aquellas iniciativas que son compromisos electorales, como la normalización
lingüística o dar pasos hacia la necesaria descentralización
del CGPJ. Lo que no queremos es que se intente mezclar reivindicaciones políticas,
pero que afectan al ámbito de la Justicia, con lo que es el apoyo a ese
colectivo, que es absolutamente total y lo estamos demostrando.
Quisiera que me precisara más qué
entiende por un Poder Judicial vasco.¿Cómo lo articularía?
Hay un planteamiento en dos pasos. Uno no es
propio de este departamento, ni de esta comunidad, sino que lo hemos hecho las
siete comunidades con competencias en la materia. Y lo ha hecho el propio CGPJ
en el Libro Blanco sobre la Justicia. Lo que se plantea es dar pasos hacia la
descentralización del Poder Judicial trasladando la competencia a las
salas de gobierno de los tribunales superiores. Es un planteamiento de descentralización
sin más y ahí no es necesaria ninguna reforma constitucional.
Otra cosa es que sea necesaria cuando planteemos la posibilidad de tener un
CGPJ vasco, de funcionamiento autónomo, pero como poder de esta comunidad.
Ése es otro planteamiento a muy largo plazo. En estos momentos nos tenemos
que centrar en esa descentralización en la que estamos de acuerdo siete
comunidades que representamos al 70% del territorio del Estado.
Uno de los dos vocales del CGPJ para Euskadi
teme que esta comunidad siga siendo un lugar de paso para los jueces.
Desgraciadamente, Euskadi ha sido, no ahora,
ya antes también, una especie de territorio de paso para un número
de jueces que prácticamente el mismo día que llegaban solicitaban
el traslado por razones profesionales o por razones que todos conocemos desgraciadamente.
Eso se ha producido y ahora claro que se puede producir y nos preocupa y estamos
trabajando ante esa posibilidad. Pero tenemos también la posición
de la propia Sala de Gobierno de los jueces, absolutamente firme, de mantenimiento
de su labor en este país. Tenemos 198 jueces en la comunidad autónoma.
Hay 35 vacantes en estos momentos, un 17,6%. No es un número importante
y puede asemejarse a otras comunidades. Vamos a intentar que se mantenga esta
situación paliando en lo posible las vacantes que se puedan producir.
La semana que viene hay un concurso de traslados. Esperemos a su resultado.
Usted se pronunció contra los incentivos
económicos a jueces luego aprobados. ¿Este departamento podría
incentivar la estancia de los jueces en Euskadi?
No me pronuncié en contra.
Dijo que hacía un flaco servicio a
su dignidad.
Hacía un flaco favor el que ese tipo de
planteamientos se hicieran de manera pública. Y además el que
se planteara como uno de los objetivos prioritarios para que los jueces vascos
sigan cumpliendo con su trabajo en este país. Creo que es importante
que se incrementen las remuneraciones a cualquier colectivo, y cómo no
al de los jueces, pero no se debe plantear como un objetivo fundamental para
que continúen desarrollando su trabajo. Mucho más importante que
el económico, que hay que hacerlo, es el incentivo de apoyo moral. Y
eso es algo a lo que estamos obligados las instituciones.
El objetivo del plan de euskaldunización
de la Justicia era el 40% del personal en 10 años. ¿Marcha a un
ritmo adecuado?
Respecto a los jueces, estamos en un 30% aproximadamente.
En los fiscales se ha reducido bastante, básicamente por los traslados.
Hace dos años estábamos en un 32% y en estos momentos, en un 13%.
Pero es un proceso que lentamente avanza. Calculo que esta legislatura podríamos
alcanzar el objetivo del 40%. En el personal transferido al servicio de la Administración
de Justicia estamos en el 34% aproximadamente.
¿Cuántos jueces pueden seguir
ahora un juicio en euskera?
Posiblemente ese 30% todavía no estaría
en condiciones desde el punto de vista del conocimiento del euskera, sobre todo
en un ámbito tan técnico como el judicial, para hacerlo. Calculamos
que de aquí a cuatro años mínimamente un 20% podría
desarrollar esos juicios en euskera.

¿Qué medidas jurídicas caben contra el entorno de ETA?
En los últimos días hemos estado
escuchando cómo el PP y el PSOE se reunían y pretendían
decidir el colapso de las cuentas de una organización como Batasuna.
Luego el ministro del Interior dice que no es posible. Se está haciendo
un brindis a la galería hablando de estas cosas. No se puede plantear
el colapso de las cuentas de una organización legal sin que antes se
haya procedido a su ilegalización. Hablar como se está hablando
de introducir a una organización como Batasuna o el entorno en las listas
de organizaciones terroristas creo que es una burla, no el que se le introduzca
o no, sino que se hable de estas cosas cuando el propio Estado, y en este caso
el PP y su Gobierno, son quienes tendrían que comenzar por iniciar los
procesos de ilegalización de Batasuna. Y esto no se hace. Sería
bueno centrarnos más en la realidad de este país y buscar otras
soluciones antes que hacer una carrera de a ver quién lanza la tesis
más dura.
Siempre en sus planteamientos está
la coletilla de buscar otras soluciones. También hay que actuar en el
momento presente.
No tengo ninguna duda. Claro que hay buscar otras
soluciones. Estamos en una situación de violencia que padece este país
desde hace más de 40 años. Se ha visto que exclusivamente la vía
policial no es un camino válido. Es absolutamente necesaria y está
actuando la Ertzaintza y otros cuerpos de seguridad. Y cada vez que se detiene
a un comando o a una persona vinculada a ETA yo me alegro. Pero se avanza muy
poco, porque cada vez que se detiene a un comando existe una renovación
en ese mundo. Lo cual demuestra que hay una base política debajo y hay
que atajar ese conflicto político para buscar una solución definitiva
a la violencia. Mientras no planteemos que hay un conflicto político
y que eso requiere otro tipo de situaciones dialogadas, muy poco podemos avanzar.
Ese planteamiento es muy parecido al que hace
Batasuna.
No. Nunca he negado mi opinión al respecto.
Que Batasuna coincida con lo que algunos estamos planteando desde hace muchísimos
años no quiere decir que yo esté de acuerdo con Batasuna.
Ha dicho que no se puede actuar legalmente
contra las personas que reciben a ex presos de ETA porque no hay exaltación
del terrorismo. En general, las víctimas y los amenazados critican al
Gobierno vasco por su lejanía.
Sinceramente, creo que no es delito. Otra cosa
es que estéticamente sea aceptable que haya ciudadanos que reciban y
vitoreen a alguien que ha salido de la cárcel y que haya sido condenado
por delitos de terrorismo. Tampoco es nada aceptable que todo un ex presidente
del Gobierno y cargos de un partido jaleen y abracen a dos ex ministros cuando
iban a entrar en la cárcel de Guadalajara. En segundo lugar, creo que
nadie con datos objetivos podrá acusar a este departamento de que en
esta situación de confrontación esté más cerca de
un colectivo que de otro. Este departamento estará siempre en defensa
de todos los derechos humanos y para todas las personas.
Reclaman la transferencia de las prisiones,
a la que los nacionalistas antes no eran muy proclives.
Ésa ha sido una acusación que se
ha venido vertiendo mucho tiempo, pero creo que no es cierto. Por lo menos,
en nuestro caso no lo va a ser. El Estatuto debe cumplirse y en su artículo
10 indica cuáles son nuestras competencias sobre prisiones. Es también
un objetivo para esta legislatura. Nunca se nos ha dicho que haya unos inconvenientes
técnicos. Por lo tanto, creo que hay inconvenientes políticos
que habrá que solventar.

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