El viento de cambio en la situación política de Euskal Herria viene en los últimos dos-tres años de Iparralde. Y podríamos decir que también la esperanza. El amplio consenso existente para la creación de una institución propia en los tres herrialdes continentales es la muestra de que los partidos y representantes políticos han sabido poner el interés general por encima de partidismos y, en caso de las formaciones de carácter estatal, también del famoso jacobinismo francés.
La reacción de la sociedad de Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Behera tras las detenciones de Luhuso también ha sido ejemplo de coherencia y sensatez política frente a intereses partidistas. Una operación policial conjunta entre la Gendarmería y la Guardia Civil contra un intento de entrega de armas por parte de ETA ha suscitado en el norte del país toda la estupefacción que cabría esperar.
En Hegoalde las formaciones de obediencia española también siguen con la inercia de los últimos años que, lamentablemente, es de signo diferente al de sus partidos hermanos en el norte.
La mayoría política y sindical vasca –que es tanto como decir la mayoría social- del país sí que ha estado a la altura de las circunstancias en esta ocasión con una respuesta conjunta a una situación que lleva camino de convertirse en, además de inédita en la historia de los conflictos políticos, patética. La respuesta conjunta de las fuerzas mayoritarias ha contado con la anécdota del desmarque de Podemos Euskadi en contraposición con la participación de Podemos de Nafarroa, con unos argumentos muy equiparables a los del PSOE y que supone la triste confirmación de que la formación morada va camino de convertirse en anecdótica en el tema de la paz y la convivencia.
El cese de actividad armada de ETA era el primer paso necesario para comenzar a construir la paz en Euskal Herria pero la ausencia de violencia de la organización, siendo imprescindible, no es suficiente para traer la total y definitiva pacificación. Falta construir la convivencia futura y la normalización política y es difícil que eso se haga con las armas en los zulos y presos en las cárceles.
Eusko Alkartasuna siempre ha defendido que el diálogo político es imprescindible para avanzar en la resolución del conflicto político y ahora debe combinarse con la negociación técnica que resuelva los temas pendientes en materia de consecuencias del conflicto. Cuando los gobiernos no lo hacen, es la sociedad civil quien toma la responsabilidad de hacerlo, como el caso de los detenidos en Luhuso.
Mientras los estados, y en otra medida también ETA, están inmersos en la guerra del relato, en la batalla por escenificar lo que mejor convenga a sus intereses, la sociedad civil se ha hecho cargo de la situación intentando resolverla. Porque el deseo de la sociedad es más práctico: que ETA se desarme, se disuelva y empecemos a hablar de construir una convivencia en la que no tenga cabida ningún tipo de violencia y la política gane la batalla de la normalización. Ahí es donde esta la mayoría social y donde la mayoría política y sindical debe conseguir llegar a acuerdos de futuro.
A Eusko Alkartasuna lo que siempre le ha interesado es el diálogo político que solucione el conflicto político pero está claro que en estos momentos debe simultanearse con la negociación técnica que impida un desarme dudoso –con la ventaja de contar con una ETA que ha dicho por activa y por pasiva que quiere desarmarse- o una disolución que pueda ponerse en tela de juicio, y que, por supuesto, solucione el tema de los presos.
El consenso de Iparralde nos da el ejemplo para abordar un trabajo que es urgente y necesario y que debe contar con el compromiso no solo de los partidos políticos sino también con las instituciones.