EUSKO ALKARTASUNA ha solicitado la comparecencia del Presidente del Gobierno Miguel Sanz para que informe en Comisión de Régimen foral sobre lo acaecido y la comparecencia también del Consejero de Economía y Hacienda Francisco José Iribarren para qué explique en la Cámara cuales son las reformas fiscales previstas y las consecuencias que éstas pueden tener en las arcas públicas.

La última sentencia del Tribunal Constitucional que anula el incremento salarial de los funcionarios navarros acordado en 1997 es una AGRESIÓN directa contra el autogobierno de Navarra y los derechos históricos de Navarra.

No anula un decreto, como se ha afirmado para tratar de minimizar su importancia, sino una Ley Foral del Parlamento de Navarra: la ley de presupuestos de 1997.

Un fallo judicial que, además, fue provocado por el presidente del PP actualmente, y socio de UPN, el señor Mariano Rajoy, con la connivencia del Gobierno de Navarra y del señor Sanz, también presidente entonces, que pretendió además utilizar una maniobra burda y estéril para ocultar el calado de esta agresión, a sabiendas de que, como ha ocurrido, no resultaría y que el recurso llegaría al fin al Tribunal Constitucional.

Una maniobra que, además, pone en evidencia el miedo que la propia derecha navarra a la interpretación que hace el Tribunal Constitucional de los derechos históricos de Navarra. En este fallo, como en otros anteriores, se ha puesto de manifiesto que el TC no espeta la foralidad de Navarra, no reconoce nuestros derechos y equipara a esta comunidad con todas las demás.

Entender, como recoge la sentencia, que un incremento de las retribuciones de los funcionarios supone un principio básico que atenta contra la unidad constitucional es una auténtica aberración desde el punto de vista foral, y puede llegar a justificar cualquier intromisión del Estado en las competencias de Navarra con el simple argumento de manifestar que la norma estatal tiene carácter básico.

Esta sentencia, y la argumentación del Tribunal Constitucional pone de manifiesto que es ABSOLUTAMENTE NECESARIO blindar las competencias de Navarra, como han pretendido los catalanes en su Estatuto. De lo contrario, cualquier norma del estado a la que se le pretenda dar el carácter de ‘básica’ acabaría con las competencias de Navarra.

Esta falta absoluta de garantías es un argumento más para acometer una revisión y modificación urgente del Amejoramiento Foral que nos permita tener instrumentos para defender nuestro autogobierno de las continuas agresiones del poder central. Desde nuestra seria preocupación, consideramos imperioso que se aborde este debate para implementar las garantías suficientes a nuestra capacidad de autogobierno.

La consideración de ‘competencias atribuidas’ que da el Tribunal Constitucional a la autonomía de Navarra en materia de retribución a su personal funcionario pone en evidencia que este tribunal no reconoce el carácter preconstitucional de nuestros derechos históricos, y por tanto, supone un atentado contra la esencia misma de nuestra soberanía propia.

Este hecho, y el análisis comparado entre la argumentación de los representantes de Navarra y del Estado, demuestra que es absolutamente imprescindible crear un Tribunal de Resolución de Conflictos de carácter paritario entre el Estado y Navarra para dirimir las diferencias en estos casos, a la vista de la interpretación escorada, siempre desde una perspectiva centralista, que hace el Tribunal Constitucional ante cualquier conflicto entre Navarra y el poder central. Se demuestra que este órgano judicial no sirve para resolver diferencias entre Navarra y el Estado, porque no reconoce nuestro autogobierno.

El Tribunal Constitucional basa su fallo en una lectura conjunta de los dos párrafos de la Disposición Adicional Primera de la Constitución y de las previsiones de la propia LORAFNA. Si estas previsiones permiten una interpretación tan limitativa de nuestra capacidad económica y financiera, deberán modificarse tales previsiones en la LORAFNA. Un nuevo argumento para cambiar el Amejoramiento.

En definitiva, la sentencia coloca a Navarra donde realmente está, y que UPN no quiere reconocer. Tenemos nuestra capacidad de ingreso ya limitada por la propia normativa europea y por la interpretación siempre restrictiva del Tribunal Constitucional cada vez que surge conflicto con los intereses del Estado, y además, en virtud de esta sentencia tampoco se nos reconoce capacidad de gasto.

Y la demostración es una afirmación recogida en la propia sentencia y que dice literalmente: “Ni el texto del Convenio ni una investigación histórica sobre las competencias ejercidas de forma continuada por las instituciones forales con el reconocimiento del Estado permiten reconocer a la Comunidad Foral de Navarra mayores ámbitos de autonomía de gasto que a las restantes comunidades autónomas”.

En definitiva, la sentencia es un ATENTADO contra el autogobierno de Navarra. Y UPN ha participado en la agresión al recurrir a una triquiñuela jurídica, desviando el recurso al contencioso administrativo, a sabiendas de que esta maniobra no resolvería la cuestión. Su única voluntad con este juego era que el recurso pasara desapercibido, ocultar lo evidente, que el Tribunal Constitucional y el poder central, y concretamente, en este caso su socio el PP, son quienes AGREDEN permanentemente nuestro autogobierno.

Cualquier interpretación mínimamente sensible con la foralidad considera esta sentencia UN ATAQUE a nuestros derechos. No hay más que contrastar la interpretación del TC con la argumentación de los propios letrados del Gobierno y del Parlamento de Navarra para constatar la absoluta invalidez de este tribunal para resolver sobre cuestiones que atañen a nuestro autogobierno. La absoluta DESIGUALDAD, desde una falta de reconocimiento total, con que resuelve el TC.

Hemos pedido la comparecencia del presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, ante el Parlamento para que dé explicaciones sobre la vergonzosa y vergonzante actuación del Gobierno de Navarra en este asunto.

Vamos a pedir explicaciones y si el señor Sanz se reconoce realmente en las declaraciones públicas que ha venido haciendo estos días con motivo de dicho fallo judicial, su connivencia con el recurso del PP, EXIGIREMOS SU DIMISIÓN por nula defensa del autogobierno de Navarra y por deslealtad a los principio forales que debe regir la actuación del presidente del Gobierno de Navarra.

UPN celebra este próximo domingo un acto en defensa de Navarra. Así lo ha presentado públicamente. El señor Sanz tiene una oportunidad histórica en dicho acto para DENUNCIAR esta agresión a nuestro autogobierno, el ataque del poder central, en este caso del Tribunal Constitucional, a nuestros derechos históricos, y para PEDIR DISCULPAS a la sociedad navarra por no haber hecho defensa de sus derechos.

Y es que no hay que olvidar que la sentencia puede tener evidentes consecuencias sociales entre las que se encuentran los salarios percibidos por miles de funcionarios que no sabemos cómo quedarán.

Este cuestionamiento permanente de competencias que nos corresponden implica cuestionar también el instrumento que tenemos en la Comunidad Foral para aplicar políticas más reales y efectivas para conseguir mayores cuotas de bienestar y avanzar en la justicia social.

Aunque es evidente que ésta no es preocupación del gobierno si atendemos a las últimas modificaciones fiscales previstas por el mismo tal como ha hecho público recientemente el vicepresidente del Gobierno de Navarra y Consejero de Economía y Hacienda Francisco José Iribarren. Con la reforma fiscal que propone, los mayores beneficiados son los de rentas más altas repercutiendo menos en capacidad de Administración de enfrentarse con los debidos recursos a las palmarias deficiencias de sanidad y educación y armarse para hacer frente al evidente problema de la deslocalización, siendo inevitable fijar la mirada en VW.

Por ello, para conocer en el Parlamento en qué consisten las nuevas reformas y la repercusión que las mismas tendrán en las arcas públicas, el Grupo Parlamentario de EA ha pedido la COMPARECENCIA en el Parlamento de Navarra del propio Consejero Francisco José Iribarren.

Fuente: Maiorga Ramirez