“¿Qué tipo de proyecto se puede construir con una persona que te hecha en cara que vas contra el futuro o con un socio que cree que el derecho a decidir es antidemocrático?, ha preguntado Pello Urizar, secretario general de Eusko Alkartasuna y parlamentario de EH Bildu, al lehendakari Iñigo Urkullu en el Pleno celebrado hoy en el Parlamento Vasco. Urizar ha puesto en duda que dos formaciones con diferencias tan profundas puedan tener un proyecto de Gobierno en común: “Es difícil que puedan construir el proyecto político que necesita este país”.

La pregunta realizada por Urizar ha partido de las graves críticas realizadas en los últimos meses por dos miembros del PSE, Idoia Mendia y Koldo Unzalu, contra el nacionalismo vasco, llegando a compararlo con Le Pen o Salvini. Un acuerdo de Gobierno con dos socios con una visión de país tan diferente, “no responde a los verdaderos problemas de este país”, ha afirmado el secretario general de Eusko Alkartasuna.

“Este país necesita acuerdos políticos de calado realizados desde una visión de país”, ha reivindicado Urizar, que ha recordado al PNV que “EH Bildu le ha tendido la mano para ello”.

Ley de Vivienda

En otro punto del orden del día, la parlamentaria Maider Otamendi ha denunciado que la Ley de Vivienda no ha tenido el desarrollo necesario para ser eficaz. La Ley aprobada en 2015 tiene “los instrumentos necesarios para hacer una política de vivienda muy progresista”, ha recordado Otamendi, pero para ello necesita un desarrollo “que camina muy muy lentamente”.
Concretamente, la miembro de EA ha reflexionado sobre cuatro puntos incluidos en la Ley. Por una parte “el derecho subjetivo, que es un elemento fundamental de la Ley de Vivienda, el reconocimiento del dreecho a disponer de una vivienda digna y adecuada”. En segundo lugar, “los recursos en materia de vivienda, que deben destinarse de manera prioritaria a pisos de alquiler para colectivos en situaciones difíciles”. “La definición de vivienda deshabitada y las herramientas para poder intervenir en las viviendas que no cumplan con su labor social”, en tercer lugar y “el organismo autónomo que debía crearse en el plazo de un año tras la aprobación de la Ley para aglutinar a todas las empresas e instituciones públicas” por último.
Sin desarrollar estos puntos la Ley queda en agua de borrajas, según a criticado Otamendi, por lo que ha instado al consejero de Vivienda a tomar medidas de manera inmediata. En concreto, que presente “una planificación para el desarrollo de la Ley de Vivienda y una calendarización de las medidas a tomar”.