Joseba Azkarraga. Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco
El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que ´la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado´. Esto significa que el primer código ético consensuado por la Humanidad, el 10 de diciembre de 1948, no quiso olvidarse de la familia que constituye un factor clave de cohesión y bienestar social, un medio educativo por excelencia y un sistema natural básico de solidaridad y ayuda mutua.
Es muy probable, por no decir seguro, que quienes se afanaron por hacer posible aquella Declaración tuvieran como punto de referencia los horrores que precedieron y acompañaron a la II Guerra Mundial, para reafirmar de modo solemne los derechos incuestionables de todo ser humano. Pero hubo en ellos una voluntad de consideración específica hacia la familia. Quizás sabían o intuían, como luego se ha constatado, que los grandes cambios encuentran su primera referencia en el ámbito de lo privado y que la familia tiene en él un lugar primordial.
No me refiero a un modelo único de familia. En nuestra sociedad los hay muy diversos y todos ellos son acreedores de máximo respeto. La responsabilidad y el deber de los poderes públicos es la de ayudar a las familias en toda su diversidad, a fin de que puedan desarrollarse con la mejor calidad de vida y libertad posibles. Ese es precisamente el objetivo que se ha marcado el Gobierno Vasco al poner en marcha un Plan abierto que pretende avanzar, peldaño a peldaño, hacia la construcción de un sistema integral y de Ayuda a la Familia.
Los decretos ahora aprobados por el Gobierno Vasco suponen un primer paso. Hemos calculado que este año 14.500 familias vascas podrán verse beneficiadas por las medidas de apoyo directo a la natalidad y otras muchas estarán en disposición de acogerse a las contempladas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Son dos caminos que deben ir necesariamente parejos si pretendemos no sólo incidir sobre la tasa de nacimientos sino propiciar y fomentar, además, condiciones de igualdad en el ámbito familiar, para que sus integrantes alcancen una conciliación adecuada en sus necesidades de trabajar, educar y atenderse mutuamente.
No ignoramos que las medidas pueden resultar insuficientes o parciales. Sabemos que son muchas las cuestiones pendientes para poder hablar de un Plan Integral de apoyo a la familia, en el que seguimos trabajando, pero puedo asegurar que la Comunidad Autónoma Vasca ocupa un lugar pionero en el Estado, acercándose a las pautas que marca la Unión Europea. No planteo una puja por ver quien da más, ni digo que seamos los mejores. Lo que confirmo es que damos una respuesta responsable al reto de aplicar una política de alta intensidad y eficacia en apoyo a las familias, que permita avanzar tanto en la calidad de vida como en la no discriminación por causa de género.
Las resoluciones de la Unión Europea sobre protección a la familia y el niño han puesto sobre la mesa la necesidad de definir las líneas directrices de una política familiar integrada, que tenga en cuenta la diversidad de los modelos familiares. Y que la protejan no sólo desde un punto de vista económico sino en su función educativa y de solidaridad entre generaciones. Las recomendaciones han incluido la necesidad de políticas que contribuyan a conciliar mejor la vida familiar y laboral y presten singular atención a las necesidades de las familias monoparentales.
Puedo afirmar que la Administración vasca ha llevado al Presupuesto las recomendaciones. Esto es, se ha concretado, con las lógicas limitaciones que siempre impone el reparto de recursos también limitados, una filosofía tendente a remover los obstáculos de todo tipo que las familias, en su diversidad, encuentran para desenvolverse en las mejores condiciones.
Hemos ido más allá de las palabras y de la mera declaración de intenciones, -muy en boga, por otra parte, en los planes de familia del PP-, para comprometer un esfuerzo real que se traduce en 96 millones de euros que supone el desarrollo de los decretos y en una previsible atención a más de 30.000 familias a lo largo de la vigencia del Plan. Ahora que el discurso político de algunos descubre a la familia tenemos que recordar que el Gobierno Vasco ya adoptó iniciativas en la anterior legislatura y que, poco a poco, las va perfeccionando en su compromiso con la sociedad vasca y con su bienestar.
Estoy convencido de que las políticas de protección social no constituyen una carga sino un factor productivo y creo necesario avanzar por el camino que hemos emprendido en atención a la familia. Esa es nuestra apuesta. No se trata sólo de subsidiar la natalidad, aunque consideremos que puede resultar necesario hacerlo, sino de crear las condiciones y oportunidades para el bienestar de sus integrantes, para que progresen en igualdad y para garantizar la protección de sus miembros más frágiles y más discriminados. Sabemos cual es nuestra responsabilidad y no la eludimos.
Fuente: Joseba Azkarraga
