Joseba Azkarraga, consejero de Justicia del Gobierno vasco
La evidencia salta a la vista. La Ley de Partidos que se está debatiendo
en las Cortes Generales a instancias del PP, dócilmente secundada por
el PSOE, tiene un doble objetivo. Electoral, al presentarla a la ciudadanía
del Estado como un triunfo frente a las históricas reclamaciones vascas.
Y político, al amenazar con ella a cualquier idea o aspiración
nacionalista por muy demócratas que éstas sean.
La amplia campaña de propaganda desarrollada por el partido de Aznar,
que ha utilizado fieles medios de comunicación a su servicio y todo tipo
de artimañas para crear un desinformado estado de opinión sobre
este asunto, ha conseguido presentar la situación que vive Euskadi como
un conflicto que no tiene más solución que los decretos totalitarios,
la aprobación de leyes involucionistas, la criminalización de
todo lo vasco y la permanente amenaza de «utilizar otras vías»
cuyas órdenes espera ansioso su delegado del Gobierno central en Vitoria.
Este asegura «que no le temblará el pulso para ello». ¡Qué
más querían escuchar quienes practican la violencia! Uno tiene
la impresión de haber retrocedido en el calendario hasta las más
oscuras noches del régimen franquista.
El Congreso de
los Diputados, utilizando esa mayoría que le han concedido populares
y socialistas, junto a los votos de conveniencia de aquéllos a los que
lo mismo les da votar una cosa que la contraria, ha intentado aplastar a la
representación vasca en el Estado.Con la votación del pasado jueves,
se ha ignorado cuál es la voluntad de esos más de dos millones
de ciudadanos ya expresada en los escaños del Parlamento vasco.
Aznar necesitaba
un escenario en el que practicar su discurso de intolerancia e involución.
Su opción conservadora no tiene otro remedio que trabajar en democracia,
pero no puede olvidar su lenguaje totalitario, excluyente e incluso bélico
a la hora de practicar un ciego seguidismo del presidente norteamericano George
Bush. Sus carencias personales, su falta de imaginación en la búsqueda
de soluciones a los problemas de la ciudadanía y la necesidad de un respaldo
aparente de cara a la circunstancial Presidencia europea reclaman una situación
de enfrentamiento, da igual con quien, para demostrar una fuerza y un carisma
inexistentes.
Tal vez en su cabeza
vaguen todavía las imágenes de Isabel la Católica o de
Mío Cid Rui Díaz a quienes emula no a golpe de espada y sí
con amenazas e imposiciones. A falta de molinos de viento, Aznar ha encontrado
en la situación vasca un magnífico recurso electoral para mantener
su vacía estructura.
Desde la defensa
de los valores democráticos y del sistema de libertades, no se puede
permanecer impasible ante la convicción de que se juega con derechos
fundamentales por un determinado interés partidista, que es lo que, en
definitiva, ha movido al PP a tramitar vertiginosamente ese Proyecto de Ley.

El sistema de libertades
se ve vulnerado por una nueva ley que afecta directamente a la libertad ideológica,
a la libertad de pensamiento y a la libertad de asociación. Una cosa
es el respeto a las leyes y otra muy diferente es la sumisión ideológica.
No me cansaré de explicar que esa no sumisión ideológica
no constituye delito. Una formación política que pretenda acabar
con las libertades democráticas establecidas en la Constitución
podrá ser políticamente ilegítima y rechazable desde la
perspectiva democrática, pero no es jurídicamente inconstitucional.
El ejemplo más reciente lo tenemos en el Frente Nacional de Francia.
Tanto la actividad como el ideario expresado por Jean Marie Le Pen resultan
absolutamente rechazables desde una óptica democrática, pero son
perfectamente lícitos desde una perspectiva jurídica, siempre
que esa actividad y ese ideario se expresen a través de los cauces legales
establecidos.
La nueva ley en
absoluto pretende regular la creación de partidos políticos ni
establecer el régimen de funcionamiento de los mismos.Por el contrario,
establece la ilicitud de los fines perseguidos por una formación política.
No plantea sancionar conductas delictivas, sino que pone fuera de la ley la
opinión política de miles de electores, hace desaparecer el cauce
político de su expresión y las condena a la clandestinidad. Además
no es necesaria. El Código Penal es suficiente para sancionar conductas
delictivas.
El artículo
6 de la Constitución indica que la libertad constituye el principio básico
de los partidos políticos en cuanto a su actividad; no impone lealtad
constitucional, sino el uso de cauces legales y el juego de mayorías
para defender cualquier ideología o proyecto político. Llegados
a este punto, yo preguntaría qué es lo que preocupa fundamentalmente
al presidente Aznar. ¿ETA y la violencia asesina que practica? ¿O
le inquietan más aún las ideas democráticas y las posiciones
políticas que pueda desarrollar el propio nacionalismo vasco? He de recordar
que los nacionalistas siempre hemos trabajado por la democracia y hemos sido
perseguidos por practicar un sistema al que Aznar y muchos de sus compañeros
se han incorporado recientemente.
La nueva y turbulenta
Ley del Oeste gestada por el PP ofrece serias deficiencias de legalidad a lo
largo de todo el texto, expresiones ambiguas y vaguedades sin límite.
El texto rezuma inseguridad jurídica por todos lados. ¿En qué
consiste «complementar» la acción de organizaciones terroristas
más allá de las formas de autoría, participación
y colaboración? ¿Cómo se mide y cuál es la base
de la ilicitud en la obtención de «beneficios políticos…contra
el pluralismo»? ¿Cuál es el sustento de la ilicitud en relación
con «programas o actuaciones que fomenten una cultura de enfrentamiento
y confrontación civil»? Por si esto fuera poco, y de acuerdo con
la Constitución, todo proceso en el que se halle implicada la tutela
de un derecho fundamental debe ser susceptible de recurso en una segunda instancia,
pero es a una Sala especial del Tribunal Supremo a la que se faculta decidir,
impidiendo así la posibilidad de recurso porque el Constitucional no
tiene naturaleza de tribunal de segunda instancia. En definitiva, se está
impidiendo el derecho de recurso ante una decisión judicial.Estamos,
por tanto, ante una ley innecesaria.
En Euskadi muchas
personas padecen una intolerable falta de libertad y sufren la amenaza y la
extorsión hasta límites insoportables.Son muchas las víctimas
de una situación provocada por la falta de diálogo, la ausencia
de respeto a la vida y a los derechos humanos y a las ideas del otro. El Gobierno
vasco trabaja para que esa situación tenga su fin, pero ¿piensa
alguien que la nueva Ley de Partidos va a propiciar ese final?
La Ley de Partidos
introduce elementos de mayor crispación y enfrentamiento en nuestro país…
Tal vez sea lo que se pretende desde el Gobierno Aznar a la vista de las soberbias
rentas electorales que su enrocada actitud provoca. Aquí se trata de
eliminar del mapa político a una formación después llegarán
otras a las que acusarán de romper la España Imperial y dejar
sin capacidad de elección política a quienes se identifican con
ella.
Resulta triste
y preocupante que el PP identifique como amparadores de la violencia a quienes
nos oponemos al proyecto de ley. Somos demócratas desde hace muchos años,
muchísimo antes de la reciente incorporación a la práctica
de la democracia de bastantes de los representantes actuales del PP. Nos acusan
a los nacionalistas de «ser cómplices de ETA» por oponernos
a una ley atentatoria contra los derechos y libertades. Defendemos valores democráticos
y presentamos nuestras razones. No respetar nuestro derecho a pensar de forma
distinta da medida de la tolerancia que algunos practican y este proyecto de
ley es un ejemplo de ello.
En las elecciones
del pasado año, los vascos expresaron su rechazo a Batasuna en las urnas
reduciendo a la mitad su representación política. ¿Le ha
dado miedo a Aznar ese fortalecimiento de los partidos que democráticamente
defendemos determinados objetivos? ¿Acaso prefiere mantener la brasa
de la violencia para ganar votos y para que los demócratas vascos no
demos pasos hacia delante en la libre construcción de nuestro futuro?

Umberto Eco escribía:
«Lo que gusta al Príncipe tiene vigor de ley». Trasladado
a nuestros días, será ley lo que plazca a Aznar, quien utilizará,
modificará y ampliará su Ley del Norte como le venga en gana.
Con ella puede sacar mucho rendimiento electoral a ese particular Far West que,
junto a los violentos, mantiene en el País Vasco.
Fuente: Eusko Alkartasuna