Joseba Azkarraga. Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social

La celebración del Primero de Mayo se produce esta vez a caballo entre dos acontecimientos de primera magnitud: una ilegal e injusta guerra que ha provocado miles de víctimas civiles en Irak y las elecciones municipales y forales que convocan a los ciudadanos a las urnas, el próxima día 25.

Cabe subrayar que en la masiva y mayoritaria denuncia social contra la cruenta agresión a un pueblo, los sindicatos, como ha sucedido otras veces, también en Euskal Herria, han jugado un papel fundamental en la vida pública con un efectivo compromiso para dinamizar la repulsa y no me cabe ninguna duda de que, como lo han hecho siempre, favorecerán también un debate sereno en el escenario electoral en el que ya estamos inmersos.

Pero es hoy cuando la fecha da protagonismo a la clase trabajadora y a las organizaciones nacidas para defenderla, en un mundo que evoluciona y se transforma al albur, sobre todo, de los intereses del mercado y prescindiendo, por desgracia demasiado a menudo, de políticas que garanticen un crecimiento sostenible, equitativo y democrático.

Sé que la cuestión se presta a la demagogia, pero trataré de huir de ella por convencimiento y porque no es ese mi objetivo. Entiendo que la fecha supone una oportunidad para referirme, si quiera de pasada, a la Cumbre Social para el Crecimiento y el Empleo, que el pasado marzo confirmó la importancia del diálogo social como un componente clave de la política europea. El desarrollo de esta cita quedó oscurecido por los terribles acontecimientos que en esos días preocupaban y ocupaban al mundo, conmovido por el irracional ataque contra Irak. Además, la división de Europa en torno a la guerra, división promovida activa y vergonzosamente por el presidente del Gobierno español, José María Aznar, contribuyó a diluir la divulgación de los resultados de la cumbre, entre los que se incluye el propósito de concluir para finales de 2003 el informe sobre trabajo temporal.

La declaración que cerró la reunión invitaba a los Jefes de Estado y a los Gobiernos de los Estados miembros a proceder a una serie de reformas macroeconómicas con un objetivo de desarrollo sostenible que incluya aspectos sociales, económicos y medioambientales. También recogió el compromiso de todas las partes con el pleno empleo, la igualdad de derechos y oportunidades, la educación y las pensiones.

Es cierto que hablamos de una declaración, pero debemos entender que compromete y obliga a los poderes públicos a afrontar sus responsabilidades.

Los Gobiernos tienen que garantizar las transformaciones necesarias en un contexto de cohesión social y defensa de los derechos de los ciudadanos. Por lo menos, lo deben hacer los Gobiernos que se afirman comprometidos con la democracia y con el progreso y el bienestar de los ciudadanos a los que sirven y a los que deben escuchar. Es el caso del Gobierno del que formo parte, aunque todavía hoy debamos denunciar que nos enfrentamos a limitaciones derivadas de la ausencia de traspasos competenciales.

La falta de instrumentos nos impide disponer de un marco sociolaboral vasco propio y desarrollar con ciertas garantías -las totales nunca existen- un sistema público orientado a la reducción del desempleo, la cualificación y la inserción de los trabajadores y trabajadoras en el mundo laboral.

De todas formas, no hemos renunciado a nada y hemos puesto las herramientas de las que disponemos al servicio de políticas que contribuyan al pleno empleo y al impulso de un desarrollo sostenible basado en la justicia social y en la participación de los trabajadores. Es el objetivo que anima, por ejemplo, el programa de ayudas para la promoción territorial de empresas de Economía Social, porque estamos convencidos de que el fomento de estas empresas fomenta también una sociedad más participativa, más democrática y más solidaria.

Creemos en la necesidad de la participación y en el diálogo social. Cuando éstos no se tienen en cuenta se pervierten elementos esenciales de la democracia y se producen situaciones realmente indeseadas. Y me remito a lo que sucedía hace ahora un año. Aunque los acontecimientos se precipitan a gran velocidad, no podemos olvidar que en vísperas del Primero de Mayo de 2002 los trabajadores se vieron obligados a manifestar su alarma ante lo que en ese momento sólo era una propuesta del ministro de Trabajo para modificar el sistema de protección por desempleo.

Cuando la soberbia del Gobierno Aznar transformó el proyecto en decreto, la respuesta de los agentes sociales fue inmediata y contundente. El ejecutivo no tuvo más remedio que remover una disparatada decisión tomada al margen y en contra de las organizaciones sindicales. Estas sacarán hoy a la calle sus reivindicaciones. Forma parte de la tradición democrática y es deseable que lo sigan haciendo muchos años más, como signo de una vitalidad imprescindible para que las políticas económicas no prescindan de su elemento esencial, las personas, los trabajadores y las trabajadoras.

Fuente: Joseba Azkarraga