Mikel Irujo “Del siglo VIII al siglo XI, los vascos, tras establecer el Reino de Pamplona/Iruña, resistieron la expansión árabe”, reza la introducción del informe sobre la situación del euskera en Navarra, elaborado por el comité de expertos del Consejo de Europa. Tal vez, al portavoz del gobierno de UPN se le olvidó leer frases de este tipo cuando manifestó, no sin cierto cinismo, que estaba de acuerdo con el informe.

Lo cierto es que dicho informe ha supuesto un toque de atención serio a la nefasta política lingüística del Gobierno de Navarra. Cualquier gobierno con algo de vergüenza hubiera cesado a su responsable en esta materia, se hubiera reunido con los colectivos y asociaciones representativas en este asunto para valorar el informe y, por supuesto, hubiera tenido la iniciativa de organizar un debate en el Parlamento. Sin embargo, el Gobierno foral ha considerado que el informe “avala la política lingüística de la Comunidad Foral y su legislación”.

El informe se ha realizado sobre la base de la Carta de Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, aprobada en 1992 por el Consejo de Europa, máximo responsable europeo de los derechos humanos, y ratificada por el Estado español en el 2002. Esta Carta previó la creación de grupos de expertos independientes que elaboraran informes que tendrían que ser aprobados por el Comité de Ministros (compuesto por representantes de los 46 estados miembros del Consejo de Europa).

Dicha Carta contiene una parte II y una parte III. La parte II, sobre principios y objetivos de la Carta, es mucho más genérica que la parte III, que enuncia, de una manera más detallada, medidas de promoción de las lenguas en la vida pública. El Estado español, bajo la dirección de Aznar, declaró en el instrumento de ratificación que la protección establecida en la parte III sólo sería de aplicación para aquellas lenguas declaradas oficiales en los estatutos de autonomía. Dicho de otra manera, en Navarra sólo la zona vascófona entra en el área de protección de la parte III. Esto es así porque el Gobierno español lo quiso, como bien dicen los expertos.

A pesar de ello, el comité de expertos recomendó “reflexionar sobre la posible necesidad de brindar a la zona mixta una protección adecuada, de conformidad a lo establecido en la parte III”; algo que el Comité de Ministros recogió en su recomendación oficial. ¿Va a reflexionar el Gobierno de UPN y CDN sobre esta cuestión, como le piden 46 estados?

Las zonas mixta y no vascófona han sido valoradas, exclusivamente, de acuerdo a la parte II (menos concreta que la III, como ya he señalado). Aún así llaman la atención muchas cosas. El informe destaca que los expertos han recibido una “imagen contradictoria del reconocimiento real de la lengua vasca como expresión de riqueza cultural”. ¿Contradictoria? ¿Por parte de quién?

Por otro lado, el informe alienta a todas las autoridades competentes a hallar “modos de reforzar la cooperación entre el País Vasco y Navarra”. También destaca el informe que “no se ha recibido información que ponga de relieve el establecimiento de una política clara que fomente la utilización del vascuence en la esfera oficial y en la vida pública, y algunos elementos sugieren que … en la zona mixta, se utiliza cada vez menos en esta esfera”, poniendo como ejemplo la retirada de señalización bilingüe.

También recomienda el Comité que, en Navarra, se desplieguen esfuerzos para garantizar la plena legitimidad a la protección y promoción del vascuence, que “son totalmente independientes de cualquier forma de violencia política o de terrorismo”.

Tampoco debería estar tan contento el Gobierno de Navarra de la valoración de la zona vascófona, es decir, donde el euskera es oficial y se tiene el deber legal de protección y promoción. El informe hace una valoración exhaustiva de 57 puntos de los cuales el Gobierno de Navarra y los servicios del Estado aprueban tan sólo diez. En otros ocho, cumple parcial o formalmente. En siete de ellos, no cumple en absoluto.

Más grave me parece que, en treinta y dos casos (más de la mitad), el Comité se queje de falta de información, no pudiendo valorar el punto y alentando a las autoridades españolas “a aportar aclaraciones sobre la situación específica de Navarra en su próximo informe periódico”. Los gobiernos español y navarro no han facilitado información en el 56 % de los casos. Realmente para estar satisfecho.

En otras palabras, si fuera un examen de 57 preguntas, el Gobierno suma tan sólo 14 puntos; suspenso, a todas luces. Todo ello donde el euskera es co-oficial. Entre los suspensos, cabe destacar la ausencia de canales privados de radio y televisión en euskera (el informe recuerda el contencioso con Euskalerria Irratia) o la falta de información bilingüe en servicios sociales, compromisos que se encuentran recogidos en la Carta.

Existe otro tipo de valoraciones que no se escriben, pero que se intuye. Por ejemplo, que, en una territorio de poco más de medio millón de habitantes, existan tres zonas lingüísticas, algo único en Europa. Seguro que los miembros del Comité de Expertos se quedaron estupefactos al comprobar que el máximo responsable de política lingüística no dominaba el euskera ni ninguna otra lengua. Pero bueno, ya sabemos, aunque el mundo se hunda… Navarra siempre para atrás , ¿o es que un grupo de expertos avalados por el Comité de 46 ministros del Consejo de Europa van a saber más que nuestro Gobierno?
Fuente: Mikel Irujo