Joseba Azkarraga / Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social
La cuestión es no tener que preguntarse dónde está la trampa. Me explico. Es la experiencia y no el victimismo la que nos ha llevado a los vascos al recelo permanente en nuestra relación con España. Dudamos de la sinceridad de las palabras porque en muchas, en demasiadas ocasiones, éstas se han diluido hasta el punto de que una ley orgánica como lo es la del Estatuto de Gernika se ha incumplido sin que nadie se haya inmutado por ello. Dudamos de la voluntad de entendimiento porque se ha evitado el compromiso en construirlo y no podemos tener confianza en aquél que nos exige lealtad, cuando la deslealtad ha sido pauta a la hora de respetar el autogobierno y su desarrollo.
No pretendo plantear aquí una guía de fallos ni enumerar culpas de otros. Lo que quiero es decir que si nos hemos sentido estafados no es por una malintencionada percepción de la realidad, sino porque se nos ha querido vender gato por liebre. El Estatuto se ha desfigurado desde una premeditada decisión de no cumplir sus previsiones. Por eso, para no tener que preguntarnos permanentemente dónde está la trampa, queremos que el nuevo pacto contemple garantías de respeto y cumplimiento.
Estamos hablando de una propuesta de mínimos, porque eso es el proyecto que se somete a debate en la Cámara vasca. Y de una apuesta por el pacto para la convivencia en un Estado plurinacional, pero desde la libre decisión de los ciudadanos vascos. Esto se ha venido explicando durante meses, con insistencia por parte de los responsables del Gobierno, con el lehendakari a la cabeza, y por los partidos involucrados en el acuerdo de coalición. Sin embargo, falsamente se ha vendido que estábamos en la ruptura y, al tiempo, se nos acusaba paradójicamente de entreguismo a los intereses marcados por el Estado.
Ahora que ya no se discute al menos la legitimidad de una iniciativa que siempre se ha movido en estrictos parámetros democráticos, es hora de admitir que desde el engaño o la hábil simulación lo único que se generan son barullos, líos irresolubles en los que se sitúan cómodamente todos aquellos que se quieren perpetuar en el inmovilismo. Por eso, es preciso que la verdad se instale en las relaciones de Euskadi con el Estado. Es la única forma de encontrar una salida que ponga fin a una situación encallada. Y verdad, en mi opinión, supone perder el miedo a los cambios, reconocer como tales las discrepancias y avanzar lealmente hacia los acuerdos.
Defiendo la pérdida de miedo ante los cambios porque lo único que debe preocuparnos para abordarlos y materializarlos es que respondan a las demandas sociales, que sean justos y que no impliquen dominación sino mayor igualdad, libertad y derechos. Por eso, y desde los parámetros que acabo de citar, no debe asustar la propuesta de nuevo Estatuto porque nada hay en ella que pueda resultar lesivo para la ciudadanía.
Creo que hay que reconocer las discrepancias porque son parte de la realidad y negarlas sólo aboca al estancamiento inútil y yermo, cuando no al desastre. Si de verdad creemos en el pluralismo, no podemos renegar de esas diferencias que son fundamentales en toda sociedad. Y es evidente que, entre otras cosas, hoy discrepamos sobre el alcance de la reforma constitucional, sobre el trato a las reconocidas como nacionalidades históricas, sobre los límites del autogobierno, sobre el -bajo mi punto de vista- incuestionable derecho de autodeterminación como conquista de libertad, sobre el sujeto donde reside la soberanía Discrepamos sobre muchas cosas, pero si las reconocemos, si las dialogamos, si las debatimos, es posible que, desde una real convicción democrática, encontremos puntos en los que aproximarnos.
Por último, creo que avanzar lealmente hacia los acuerdos exige actuaciones inmediatas en relación con el cumplimiento del Estatuto. Siempre he defendido que en tanto no se firme un nuevo pacto, es preciso cumplir con el actual. Ello obliga al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a asumir las responsabilidades que le tocan para romper con la unilateral decisión de imponer el bloqueo total a los traspasos que en su día adoptó el PP.
Como responsable del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, estoy en condiciones de asegurar que la asunción de las competencias reconocidas en el Estatuto, pero vetadas en su ejecución, redundaría de forma notable en un mayor bienestar para la ciudadanía vasca. Y es que estamos hablando, por ejemplo, del fomento y la gestión del empleo, de la gestión del sistema de protección social por desempleo, de la formación profesional ocupacional, de la inspección de trabajo, de unos centros penitenciarios que humanicen la vida de los reclusos y de sus familias… Hablamos, en resumen, de políticas cercanas, sensibles a una realidad concreta y centradas en trabajar por una sociedad más justa y equilibrada.
Creo, por tanto, que si hay interés en abrir una nueva etapa en la relación de los vascos con el Estado no es disparatado exigir que esa relación esté ausente de trampas. Hemos vivido ya demasiadas. Hay que poner las cartas boca arriba y entiendo que el Gobierno vasco lo ha hecho con una propuesta de nuevo Estatuto que, lógicamente y en última instancia, tendrá que ser necesariamente sometida a la opinión de los ciudadanos. Y en este punto hay que decir con claridad que el Estado no puede imponer un modelo que ignore y orille las aspiraciones de una sociedad. Más bien al contrario, debe respetar y asumir lo que libre y democráticamente decidan los ciudadanos vascos.
La mentira que se construyó en torno a la iniciativa no puede eludir lo que siempre ha sido verdad, y es que en todo momento hemos hablado de pacto. De un Pacto con mayúsculas. Porque hoy, en el siglo XXI, no se puede pretender que quienes se comprometen en un acuerdo no lo hagan desde la igualdad. Ya no hay súbditos ni amos. Hablamos de ciudadanos que, desde su libertad y el respeto mutuo, llegan a acuerdos para convivir de la forma más satisfactoria posible.
Ése es el empeño en el que estamos comprometidos. Ahora, en la recta final de la legislatura y con importantes incógnitas todavía por despejar, lo que ha quedado claro es que, tras la negra y sofocante era de Aznar, la palabra sustituye a la imposición. Estamos en lo que siempre ha defendido y propugnado Eusko Alkartasuna, en una nueva estrategia de diálogo de la que ya nadie puede excluirse ni ser excluido y que nos debe conducir a encuentros razonables.
Nunca como en este pasado trimestre se han prodigado las citas entre dirigentes de partidos, los encuentros, las fotos inéditas, las conversaciones en foros de debate y discusión. Lo que empezando el año nos parecía difícil, cuando no una quimera, se presenta ahora como factible. Por ello, creo que en esta recta hacia mayo de 2005 todos estamos emplazados a dar pasos. Los debe dar el Gobierno de Zapatero para hacer creíble su buen talante; los tendrán que dar el Gobierno vasco y los partidos de la oposición. Y también los tendrá que dar ETA, porque no puede continuar siendo, además de un foco generador de muerte y sufrimiento, el principal obstáculo político a nuestra toma de decisiones. Cuanto antes empecemos a componer ese escenario, más fácil será acercarnos a la salida. Sin violencia. Sin trampas.
Fuente: Joseba Azkarraga
