Artículo de opinión de Begoña Errazti Hoy lunes, día 27 de febrero, se cumple el 30 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Y como si todos los elementos adversos se hubieran puesto de acuerdo en empañar su suerte, la lluvia torrencial ha hecho acto de presencia en forma de inundaciones en Tindouf, refugio de varios cientos de miles de saharauis exiliados a la fuerza por la invasión armada de su patria, el Sahara Occidental.

Son ya treinta años de lucha saharaui por recuperar aquellos territorios que España dejó sin descolonizar en su día dando pábulo a lo que sucedió después: la colonización del Sahara por parte de Marruecos ante el silencio y la pasividad de los sucesivos gobiernos españoles.

Una situación que ha originado la guerra y la muerte de miles de personas inocentes, condenando al exilio a los saharauis, ante la impasibilidad de quienes, al no asumir en su día su responsabilidad descolonizadora, abandonaron al pequeño pueblo del desierto ante el dictatorial régimen marroquí. Abocándolo a décadas de una lucha desigual para salvaguardar su independencia, su soberanía e incluso su territorio, hoy ilegalmente ocupado. Una ardua batalla que ilustra aquella metáfora del enfrentamiento entre David y Goliat.

La defensa de un pueblo sojuzgado y maltratado diariamente por las autoridades marroquíes y un reino, el de Mohamed VI, que pese al cambio sucesorio y a las modificaciones introducidas en el régimen, mantiene unas prácticas políticas absolutistas y recurre a métodos de represión que vulneran cualquier principio democrático y, por supuesto, los derechos humanos, tales como la tortura, la detención indiscriminada de personas, su enjuiciamiento sin ningún tipo de garantías procesales, es una obligación democrática. Por no hablar de las desapariciones, las violaciones de mujeres y otras formas de guerra que se están utilizando en la persecución de todas aquellas ideas que contradigan el status quo dictatorial del invasor.

Incluso el Tribunal de La Haya negó abiertamente todo derecho de soberanía por parte de Marruecos sobre los territorios del Sahara Occidental. Hasta la ONU ha reconocido el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Pero ello no ha sido óbice para que el Reino de Marruecos siga imponiendo por la fuerza el derecho de conquista en pleno siglo XXI.

Tal es la situación, que este año han sido innumerables los intentos por parte de organizaciones internacionales y distintos parlamentos de Europa por comprobar in situ el estado de los saharauis, y evitar la continuación de las represalias sistemáticas por parte de Marruecos. Sin embargo, ha resultado imposible debido a las presiones de las autoridades marroquíes impidiendo el aterrizaje de esos aviones, mediante negativas expresas o negando la correspondiente autorización de entrada, además de recurrir a presiones y chantajes a las compañías aéreas.

Haciendo caso omiso de todas las resoluciones de la ONU que preveían la celebración de un referéndum en 1992, después en el 98, el 99 y el 2000, Marruecos ha impuesto con el ejercicio de la violencia una invasión que atenta contra el derecho internacional.

De nada ha servido que, año tras año, Amnistía Internacional y otras organizaciones acreditadas en la defensa de los derechos humanos hayan denunciado sus prácticas. Una situación dramática, a consecuencia de la postura unilateral que mantiene Marruecos, que ha desoído y boicoteado todos y cada uno de los intentos del Frente Polisario y el legítimo gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (la RASD) para buscar una solución democrática.

¿Vamos a consentir para este pueblo lo que no quisiéramos para el nuestro? ¿Vamos a dejar que prevalezca la ley de la fuerza sobre el derecho, el más básico principio democrático y el sentido común?

Curiosamente han sido los gobiernos del Partido Socialista los que mayor partido han tomado en la consolidación del régimen marroquí. Bien por acción u por omisión. Duele comprobar cómo son muchos los militantes y simpatizantes del PSOE profundamente comprometidos con la causa del Sahara, sin que su partido atienda a sus reclamaciones, y sin que actúe de acuerdo con la deuda que dejó pendiente España hace treinta años con este pueblo.

El pueblo saharaui merece y reclama una solución digna. Las organizaciones internacionales ya se la han reconocido, aunque no han exigido su cumplimiento con la firmeza y el compromiso que es necesario. El 30 aniversario de la RASD es la ocasión de exigir esta implicación, también por parte del Gobierno español.
Fuente: Begoña Errazti