Artículo de opinión de Begoña Errazti Treinta años después de lo sucedido el 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco de Gasteiz, se mantiene una injusticia sin reparar tanto con las víctimas y sus familias, como con la ciudadanía de esa ciudad. Y que los sucesivos gobiernos del Estado se han negado a abordar.

Las circunstancias políticas de hace treinta años dificultaron el esclarecimiento de los hechos e hicieron imposible que se dirimieran las responsabilidades penales y políticas. Sin embargo es inconcebible y terriblemente injusto que a día de hoy no se haya hecho el más mínimo esfuerzo por aclarar lo sucedido aquella tarde en que la policía disolvió con fuego real una asamblea de trabajadores en huelga en la iglesia del barrio de Zaramaga, provocando cinco muertos y numerosos heridos.

Es importante tener en cuenta que los fallecimientos se produjeron por la actuación de policías uniformados –funcionarios del Estado- que respondían a órdenes de sus superiores. Durante estos años, distintos informes jurídicos han apuntado a que existen responsabilidades penales por los asesinatos. Las evidencias que demuestran las transcripciones de las conversaciones que mantuvieron los mandos policiales durante aquel día revelan lo sucedido, y se reconoce textualmente que “aquí ha habido una masacre”. Sin embargo, a pesar de ello desde las instituciones del Estado no se ha hecho nada para depurar las responsabilidades penales, y ni siquiera de manera simbólica.

La sociedad vitoriana, que se vio traumatizada por aquellos hechos, no entiende que perdure la injusticia que supone que nunca hasta ahora se hayan asumido responsabilidades por parte de la Administración, y ni siquiera se haya producido una condena oficial de estos terribles sucesos, que han quedado en la más absoluta impunidad. Por ello, el reconocimiento y la reparación a las víctimas es necesaria, y corresponde al Gobierno español.

Es evidente que el Partido Popular no tiene el más mínimo interés en tratar estos temas, que implican a su presidente de honor, el señor Manuel Fraga, entonces ministro de Gobernación, y por lo tanto responsable de la policía en 1976. Tampoco el PSOE ha hecho nada al respecto cuando ha ostentado el Gobierno español.

De hecho, no hay avances en la anunciada Ley de la Memoria Histórica, que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se comprometió a realizar para mediados del pasado año. Esta Ley no daría a los afectados por la masacre del 3 de marzo la respuesta que desean, pero supondría un ligero avance en el reconocimiento de las víctimas de hechos similares al de Gasteiz en los primeros años tras la dictadura. El hecho de que el recorrido de sus denuncias en los tribunales del Estado español se haya terminado, agotado, también dice mucho del poco interés prestado a este tema.

En este momento, las esperanzas de las familias de aquellas víctimas están ahora en lo que diga la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que ha admitido a trámite la demanda. Pero también tiene su limitación, pues su decisión no es vinculante.

El Gobierno debe cumplir el compromiso que adquirió en su día con Eusko Alkartasuna para contar con nuestro apoyo a la Ley de Víctimas del Terrorismo, saldando en breve y de forma clara la deuda existente con las víctimas de los sucesos ocurridos el 3 de marzo de 1976, trabajadores que luchaban por los derechos de toda la sociedad, haciendo frente a estructuras de la dictadura, como era el ineficaz y único sindicato vertical característico de una época sin garantías democráticas.

Begoña Errazti Esnal,
presidenta de Eusko Alkartasuna

Fuente: Begoña Errazti