Maiorga Ramirez, parlamentario de EH Bildu, ha instado al Gobierno de Nafarroa a trabajar desde la Eurorregión Nafarroa-Aquitania-Euskadi para abrir los pasos fronterizos entre Ipar y Hego Euskal Herria que el Gobierno francés cerró el pasado 14 de enero de manera indefinida bajo el argumento de la lucha antiterrorista. La moción ha tenido el apoyo de una parte del Gobierno foral, de Geroa Bai, además de Podemos e Izquierda-Ezkerra, pero con su abstención el PSN ha permitido que los votos en contra de UPN se impongan. “La acción del Gobierno de Navarra no se puede limitar a que el lehendakari Urkullu mande una carta a Macron”, ha dicho Ramirez a quienes han rechazado la moción.
Se trata del segundo cierre de fronteras en el plazo de un año, con las consiguientes graves afecciones a la movilidad y las relaciones económicas y culturales para las personas que viven alrededor de la muga, por lo que Ramirez ha pedido al Gobierno que solicite la convocatoria de una reunión extraordinaria y urgente de la Eurorregión para abordar el tema, analizar la repercusión que tiene en la movilidad de los vecinos y vecinas de la zona, y activar la apertura de las mismas a la mayor brevedad.
Sin entrar a valorar las competencias de la Eurorregión, ha dicho Ramirez, “el Gobierno tiene instrumentos para actuar en ese ámbito”. La decisión sobre la libre movilidad de personas no corresponde a la Eurorregión, ha reconocido, pero “para eso se articulan estas agrupaciones europeas de colaboración institucional, para hacer análisis vinculados al territorio y proponer actuaciones a quienes tienen la capacidad de decisión”. El representante de EH Bildu ha considerado que se pueden encontrar fórmulas para conseguir los objetivos de seguridad del cierre de fronteras sin obstaculizar la vida diaria de la gente.
Lo cierto, ha dicho el parlamentario, es que “ahora hay una muga donde no la había”, generando problemas en los diferentes ámbitos de la vida diaria de cientos de navarros y navarras.
El Pleno de hoy ha aprobado además una moción que establece las condiciones para que las personas mayores puedan acceder a la oferta de alquiler protegido, aun siendo propietarias ya de una vivienda, y en la que EH Bildu ha introducido la obligación de que se haga en función de la renta. Maiorga Ramirez ha afirmado que “aunque es muy difícil jerarquizar en materia de derechos, es cierto que el parque público de vivienda debe priorizar a quienes no la tienen y a las rentas más bajas”.
Es evidente, ha dicho Ramirez, “que lo primero es ofrecer el derecho a quienes lo ven vulnerado, porque hay personas mayores de 65 años que disponen de recursos para cambiar de vivienda sin hacer uso de los servicios públicos”.
Ramírez ha defendido la moción afirmando que se está cambiando la concepción de vivienda en propiedad, “que ya no es para toda la vida, porque las necesidades no son las mismas en todas las etapas”.
Además, el representante de EH Bildu ha considerado que este tema debe incluir el ámbito social: “Con la Covid ha quedado claro que debemos repensar el modelo de residencias”. Hay que garantizar otro modelo de vivienda, que combine la autonomía con los cuidados y que incluya nuevas fórmulas como las viviendas colaborativas.
