El pasado 3 de marzo, la Policía detenía en Eibar a Naroa Ariznabarreta por no presentarse al juicio que tenía pendiente. Asier López, fotógrafo de Argia, cubría la noticia y la daba a conocer en las redes sociales acompañada de una imagen de la operación policial. Nada fuera de lo habitual: una operación policial como tantas hemos vivido en este país y un profesional de la comunicación haciendo su trabajo.

Nada raro, si no fuera porque el twit con la foto de dicha operación le ha costado a su autor una multa de 601 euros en función de la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa Ley Mordaza. Y otro dato que tampoco puede extrañar: la primera multa por ese concepto se ha puesto a un ciudadano vasco que trabaja para un medio de comunicación euskaldun.

La Ley Mordaza recibió durante su tramitación críticas de todos los ámbitos nacionales, estatales e internacionales. Pero el PP no cejó en su voluntad de imponer un Estado policial, no tan diferente del que soñaba Manuel Fraga cuando decía aquello de “La calle es mía”.

El PP impuso la Ley de Seguridad Ciudadana porque contaba con la mayoría absoluta para ello, pero insistió en ello porque la Ley es un elemento más en su política de recortes de derechos sociales, económicos y humanos. El PP ha aplicado sus recetas neoliberales y necesita que las consecuencias de las mismas –desahucios, servicios hospitalarios en situación crítica, pobreza, …- no se conozcan. Es decir, necesita limitar el derecho a la libertad de expresión y la práctica libre del periodismo.

Por otra parte, es consciente de que los recortes suponen descontento ciudadano que puede plasmarse en manifestaciones y protestas, por lo que necesita una Policía con amplias facultades para reprimir y sacar de las calles toda expresión de censura.

Es decir, la Ley de Seguridad Ciudadana es el complemento lógico de las políticas del PP.

Y no son planteamientos nuevos, desde luego no en Euskal Herria, donde recordamos el Plan ZEN de Barrionuevo o a la Policía disolviendo celebraciones de Olentzero en Nafarroa, así como los cierres de Egin, Egin Irratia y Egunkaria.

Las políticas del PP, ya sean sociales o en materias de derechos nacionales, necesitan de la violencia y la represión para imponerse. El PP necesita mantener a la sociedad con la verdad oficial y las calles limpias de movilización ciudadana. De hecho, el relato de que los recortes sociales no son otra cosa que “gestión eficaz” no se sostiene con gente manifestándose en las calles por el derecho a la vivienda, a la sanidad y educación de calidad,con fotografías de desahucios…

El todavía vigente Gobierno del PP está inmerso en una espiral de control sin fin: Ley Mordaza, Ley Antiyihadista, operaciones contra tuiteros,… Las normas de seguridad parecen mas destinadas a inculcarnos un miedo paralizante que a protegernos. Así lo dice la mismísima Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que alertó de que las reformas de la Ley de la Seguridad Ciudadana, del Código Penal y antiyihadismo amenazan con violar los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía en el Estado.

Esta semana hemos vivido dos ejemplos de la virulencia con la que el Estado está dispuesto a actuar contra la libertad de expresión. Por una parte, la multa impuesta al fotógrafo de Argia y por otra una nueva operación contra tuiteros. Es un capítulo más de la batalla del relato, en la que, como para compensar, en los últimos días también ha habido una victoria: la Plaza Conde de Rodezno de Iruñea que ha pasado a llamarse de la Libertad.