Maiorga Ramirez opina que el informe “deja sin argumentos al Gobierno al recordar que la información que se oculta es pública” y califica de “sospechosa” la actitud del Ejecutivo Los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra avalan el derecho parlamentario a conocer la cuantía de las dietas que perciben los consejeros del Ejecutivo Foral por su asistencia a los consejos de administración de las empresas privadas en las que participan en virtud de su cargo público. En un informe dado a conocer hoy a la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, los servicios jurídicos de la Cámara dan la razón al grupo de Eusko Alkartasuna, solicitante del informe, y recuerdan el deber político del Gobierno de contestar a las preguntas que le planteen los representantes públicos de la ciudadanía.

El presidente de Eusko Alkartasuna en Navarra y parlamentario, Maiorga Ramirez, opina que el informe “deja sin argumentos al Gobierno Foral al recordar que la información que se oculta es pública” y califica de “sospechosa” la actitud “oscurantista” del Ejecutivo navarro “en relación con las percepciones económicas de los consejeros en empresas en las que participan con motivo del ejercicio de sus cargos”, expone.

“Llama la atención el afán del Gobierno de Navarra por no proporcionarnos una información pública, a la que la ciudadanía tiene derecho, para saber cuánto cobran realmente los consejeros del Gobierno personas que ejercen sus responsabilidades políticas a cargo del erario público y por tanto, deben dar cuenta de todo su sueldo a los contribuyentes para que esos puedan valorar a ciencia cierta la correspondencia de dicho salario con la labor que desempeñan, como en el caso del resto de trabajadores”, señala Ramirez.

En el informe remitido hoy a la Mesa y Junta, además de apelar a la obligación del Gobierno de Navarra de responder a las preguntas que, en virtud de su función de control al Ejecutivo, realizan los parlamentarios, y que en el informe se reconocen como “instrumentos para obtener información del Gobierno sobre cuestiones puntuales y concretas”, los servicios jurídicos de la Cámara Foral aclaran que la información solicitada por Eusko Alkartasuna en relación con las dietas de los consejeros en los consejos de administración de empresas privadas como Caja Navarra, CECA etc. es pública está en posesión del Ejecutivo, y por tanto, los parlamentarios tienen derecho a disponer de ella.

El pasado mes de noviembre el grupo parlamentario de Eusko Alkartasuna presentó una pregunta por escrito al Gobierno de Navarra, en la que se pedía el importe de las dietas que perciben los miembros del Ejecutivo Foral “en todos los organismo públicos en los que participan”, “el número de sesiones a las que han asistido en el último año” así como los “importes totales percibidos por cada uno de los miembros del Gobierno de Navarra”.

En contestación a esta pregunta, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra informó de las dietas recibidas por consejeros del Ejecutivo Foral, asistencia a sesiones etc por su participación en las sociedades públicas de la Comunidad Foral. Asimismo, y con fecha de enero de 2005 Maiorga Ramirez (EA) presentó una nueva pregunta al Ejecutivo Foral en la que se solicitaba completar la información remitida en respuesta a la anterior, y en concreto, “el número de sesiones en las que han participado miembros del Gobierno de Navarra en Caja Navarra, la CECA y cualquier otra sociedad o entidad en la que participen en función del cargo de representación que ostentan”. La contestación del consejero fue alegar el carácter privado de dichas entidades para negar la información, supuestamente protegida por la legislación privada y de protección de datos. Ante este respuesta, a petición de EA, la Mesa y Junta de Portavoces aprueba el 14 de marzo encargar un informe a los servicios jurídicos.

NATULAREZA PÚBLICA DE LA INFORMACIÓN

El informe, además de apelar al aval del Reglamento del Parlamento para justificar la obligatoriedad del Gobierno Foral de responder a las preguntas parlamentarias, conforme al sistema parlamentario arraigado en la legislación vigente, la propia LORAFNA y la Constitución, establece que la naturaleza de las cajas de ahorro es, efectivamente, privada, no obstante, resalta el “carácter relevante” de la participación de los poderes públicos de Navarra en la dirección y gobierno de Caja Navarra. Asimismo, aclara que “en la estructura de gobierno de la Caja participan miembros del Gobierno de Navarra, y en los órganos ejecutivos de la CAN mientras ostenten sus cargos públicos”.

Así, y tras analizar las funciones del presidente del Gobierno Foral y de los consejeros en la CAN, el informe fija que “ejercen una actividad que no es privada, sino pública, porque la ejercen por razón del cargo público que ocupan y cuya compatibilidad está expresamente reconocida”, así, “y de igual modo las cantidades económicas que perciban como consecuencia de dicha actividad son compatibles con las retribuciones de sus respectivos cargos, cantidades que consisten en dietas”.

El informe apela a los estatutos de la propia CAN y afirma que, “esta norma no se limita a declarar las actividades y percepciones compatibles, sino que, además, para garantizar su cumplimiento crea el Registro de actividades e intereses de altos cargos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que es gestionado por la propia administración, y al que están obligados los altos cargos a efectuar tanto la declaración de actividades como la patrimonial”.

Este registro es de carácter público y reconoce el derecho del Parlamento de Navarra a tener acceso a sus datos, “en aras de asegurar el control al que están sometidos” y, partiendo de ese marco de referencia, afirma que “no debe resultar extraño que el Parlamento de Navarra recabe para sí el conocimiento de las dietas, o percepciones económicas por razón de asistencia que reciben los miembros del Ejecutivo”.

Fuente: Maiorga Ramirez