El ex secretario general de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, reflexiona sobre que lamentablemente no desaparece de la actualidad vasca, la tortura. El artículo coincide con la celebración de una manifestación contra la tortura que se celebra mañana a la tarde en Donostia y a la que Eusko Alkartasuna llama a acudir.

¿Qué puede empujar a una persona a confesar su participación en un delito que no ha
cometido? ¿Qué puede empujar a un detenido a declarar algo que puede agravar su
situación personal y conducirle a condenas más largas y severas cuando el sistema
jurisdiccional le permite guardar silencio y no declarar contra sí mismo? Son preguntas
que pueden resultar incómodas. Incómodas, sí, porque en la respuesta se esconde un
drama, el de la tortura, una realidad que los poderes del Estado tratan de ocultar
sistemáticamente. Hasta que la evidencia lo hace imposible y a la Fiscalía no le queda
más remedio que sentar en el banquillo de los acusados a quince guardias civiles por
presuntas torturas a dos detenidos, como esta misma semana hemos visto en la
Audiencia Provincial de Donostia aunque algunos medios casi ni se hayan dado por
enterados.
Son preguntas que cuesta formular porque están íntimamente ligadas a una realidad
oculta que, por molesta, es más cómodo obviar. Con la tortura sucede como con esas
noticias desagradables y esas imágenes que por su crudeza nos llevan a cambiar de
canal en la televisión. A nadie le gusta ver a un niño en África muriendo de
desnutrición, y tampoco gusta imaginar qué se le puede estar haciendo a un chico o una
chica detenida e incomunicada para que llegue al extremo de confesar que ha
participado en un asesinato cuando luego se demuestra con datos y hechos objetivos que
no ha tenido nada que ver con él.
Muchos lectores y lectoras recordarán a ‘los cuatro de Guildford’, cuyo caso fue llevado
al cine por Jim Sheridan. Su película, ‘En el nombre del padre’, denuncia lo ocurrido en
Inglaterra en 1974 cuando tras un atentado del IRA cuatro irlandeses son detenidos,
interrogados y torturados hasta la autoinculpación y condenados a largas penas de cárcel
hasta que, 15 años después, recuperan su libertad tras quedar probada su inocencia, y
también la culpabilidad de un sistema policial y judicial que posibilitó aquella enorme
injusticia.
En Euskal Herria también tenemos, por desgracia, nuestra propia versión del caso de
Guildford. En la versión vasca los protagonistas fueron Ainara Gorostiaga y otros tres
jóvenes navarros que pasaron dos años en prisión después de que la primera confesara la
participación de todos ellos en el asesinato del concejal de Leitza José Javier Múgica.
Con posterioridad, documentos incautados a ETA demostraron, sin ningún género de
dudas, que tanto Gorostiaga como sus tres amigos eran completamente inocentes y la
Audiencia Nacional no tuvo otra salida que no fuera ponerles en libertad. ¿Pero por qué
había confesado Gorostiaga dos años antes la autoría de un delito del que no era
culpable? ¿Quién pagó por aquella injusticia? La respuesta la conocen todos ustedes.
La realidad que da respuesta a esas preguntas existe en dependencias policiales, oculta a
los ojos de la sociedad, pero imposible de esconder pese a todo. La evidencia asoma
cada cierto tiempo con toda su crudeza. Acaba de hacerlo hace muy pocos días cuando
el abogado de oficio de un detenido se ha negado a firmar la declaración de su
defendido en comisaría a la vista de su mal estado físico evidente.
Ésa es la realidad de la tortura que se practica al amparo del sistema democrático
español, el mismo Estado español que la intenta ocultar por sistema, negando incluso la
posibilidad de investigar mínimamente las denuncias de maltrato policial; el mismo
Estado español que recientemente ha sido condenado por ese motivo por el Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos, por ni siquiera investigar la denuncia de torturas
presentada en 2002 por el preso donostiarra Mikel San Argimiro.
Ésa es la realidad que determinados medios de comunicación ocultan. Todos conocemos
esa máxima periodística: lo que no sale en los medios no existe. Para los diferentes
poderes del Estado español la tortura simplemente no existe. Y si alguna vez asoma,
como sucede ahora con los 15 guardias civiles juzgados en Donostia, se recurre a la
cantinela de que todos los miembros de ETA tienen la consigna de denunciar torturas. Y
ya está. Conciencias acalladas. Porque es más cómodo pensar que la tortura es cosa de
Irak, de una guerra que no va con nosotros y nuestras cómodas vidas. Por eso para
muchos fue un shock que un alto directivo del diario ‘Egunkaria’ denunciara haber sido
torturado. Porque eso convertía en algo real ese temor que en el fondo todos llevamos
dentro, que también cualquiera de nosotros puede ser víctima de esa violencia. Pues
bien, hay quienes ya los están siendo.
Ésa es la realidad de nuestro país, Euskal Herria. Compleja, difícil, dura. Lo ponen de
manifiesto organismos tan respetables como Amnistía Internacional, Human Rights
Watch o el Relator Especial de la ONU contra la Tortura. Todos ellos coinciden en la
necesidad de derogar la legislación que permite la incomunicación de las personas
detenidas, ese espacio oscuro que facilita la impunidad de los torturadores, algo que
desde Eusko Alkartasuna hemos exigido reiteradamente. También lo ha reclamado más
de una vez el Parlamento Vasco, pero la respuesta del Gobierno y del conjunto del
Estado español es siempre la misma: negar la evidencia, negar la realidad. Y aún peor:
indultar y condecorar a agentes condenados por torturas. ¿Dónde está Galindo,
condenado por torturar y asesinar a Joxean Lasa y Joxi Zabala? En la calle. No sólo no
hay compromiso contra la tortura, sino que se fomenta con determinadas acciones y
actitudes.
Ésa es la realidad que todos tenemos la obligación ética y política de combatir porque
luchar contra la tortura, desde trayectorias y realidades diferentes, es luchar por la paz y
la normalización política de nuestro país. Eso es lo que muchos y muchas vamos a hacer
este sábado, día 30, al manifestarnos y exigir “Torturarik Ez” en las calles de Donostia.

Fuente: Unai Ziarreta