Artículo de opinión de Begoña Errazti El lunes el Parlamento de Navarra inicia el debate en torno a la reforma de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral (la LORAFNA), norma que regula los derechos y las competencias de Navarra, de sus instituciones y del conjunto de la ciudadanía.

Un debate trascendental que ofrece no sólo una ocasión para revisar nuestro marco de autogobierno, sino la oportunidad histórica de corregir algunas de las carencias de fondo y forma que lastran el actual Amejoramiento.

A diferencia de otros estatutos de autonomía que fueron avalados por sus respectivas ciudadanías, la LORAFNA no fue refrendada democráticamente por los navarros y navarras, con el argumento de que se trataba de una readaptación del régimen foral al nuevo sistema emergente. A este déficit democrático evidente se suma el hecho de que el marco jurídico político para Navarra se elaboró desde la exclusión y para la exclusión de un tercio de la sociedad, cuyas posiciones no estuvieron representadas en la negociación, al ser intencionadamente excluidos los diputados Bueno Asín y García de Dios, y al traicionarse después, en el transcurso de las conversaciones y acuerdos con el Estado, las bases políticas pactadas y aprobadas previamente por el Parlamento Foral, entre ellas, el acuerdo del reconocimiento de la cooficialidad del euskera y el castellano en todo el territorio.

El contenido del Amejoramiento se vio además impregnado del pacto entre PSOE y UCD para recortar y limitar los procesos autonómicos pendientes – materializado en la LOAPA de 1980 – que pretendía poner freno a dicho desarrollo.

Veintitrés años después, nos encontramos inmersos en un debate estatutario general, en el que nuevamente Navarra está yendo por detrás del resto de territorios históricos. Y lo que es más preocupante, el enfoque y propuesta de las fuerzas políticas que sustentan el Gobierno de Navarra, que es quien hoy tiene la exclusividad en la iniciativa de la reforma, se orienta a repetir, e incluso ampliar, los planteamientos excluyentes con que se redactó dicha norma, tratando de circunscribir el debate en torno a un único proyecto: el de la derecha navarra.

Hace meses ya hicimos público nuestro temor a que, a la vista de los derroteros que estaba tomando el debate, se perdiera una ocasión histórica para integrar en el Amejoramiento a ese tercio de la sociedad navarra que quedó fuera en 1982. Esta misma semana, el anuncio de UPN y CDN de su intención de alcanzar, antes del debate parlamentario, un pacto en torno a la reforma, ampliable a posteriori y sólo al PSN, no sólo reafirma nuestras hipótesis sino que las agrava.

El debate político de fondo en torno al marco jurídico político de Navarra no puede ceñirse a la posibilidad de exigir nuevas competencias o aquellas competencias todavía pendientes y que el Estado no ha transferido a Navarra en todos estos años; sino a la voluntad de dar respuesta a su pluralidad en el Amejoramiento. A diferencia de otras comunidades, en Navarra existe un importante porcentaje de ciudadanos que no estamos cómodos en la actual configuración política, y tenemos pleno derecho a disponer de los cauces democráticos para defender otra distinta. Es precisamente esta peculiaridad la que justifica la existencia de la Disposición Transitoria Cuarta.

Quienes defienden o apoyan la supresión de esta disposición atentan contra una premisa básica en todo sistema democrático, como es la igualdad de condiciones que debe existir entre todos los proyectos para materializarse, si así lo decide la ciudadanía en las urnas.

Lo que pretenden es ‘blindar’ Navarra en torno a un proyecto excluyente, cerrar las puertas a cualquier desarrollo político futuro distinto al actual, aun a costa de sacrificar la capacidad de decisión de los navarros. Y es que, si se suprime la citada disposición constitucional, perderíamos toda capacidad decisión para definir nuestro estatus.

UPN, que constantemente alude a la voluntad de los navarros, es precisamente quien con más ahínco ha defendido y defiende su sumisión a foros y voluntades ajenas a Navarra, clara muestra de su desconfianza hacia la ciudadanía, hacia las mayorías; en definitiva, hacia la democracia.

Hemos sido otros los que históricamente hemos puesto sobre la mesa la necesidad de eliminar las limitaciones que la condicionan actualmente, algunas recogidas en la propia Constitución española, como la exigencia de la autorización del Senado para la firma de acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas, o la prohibición a la federación y confederación entre comunidades.

Si el debate que se abrirá a partir del lunes no aborda estas cuestiones de fondo desde la pretensión de solucionarlas con solvencia y espíritu democrático, se estará reincidiendo en un error histórico con consecuencias que, por responsabilidad política, no podemos asumir. Un error que lastra la legitimidad de un marco jurídico establecido no tanto para Navarra, como en contra de una parte fundamental de ella.

La ‘estabilidad institucional’ nunca puede basarse en la exclusión y negación de la pluralidad, sino en su reconocimiento e integración, desde el respeto a la libertad de todos los proyectos políticos para desarrollarse democráticamente.

BEGOÑA ERRAZTI ESNAL, PRESIDENTA DE EUSKO ALKARTASUNA

Fuente: Begoña Errazti