Nekane Alzelai. Parlamentaria. La negociación de la renovación
del concierto económico empieza en un contexto político en el
que desde distintas instancias del Estado se realiza una campaña dirigida
a reconducir el modelo de Estado hacia un mayor centralismo. Ejemplos como el
Informe sobre la unidad y cohesión social elaborado por el CES estatal,
el Informe sobre humanidades de la Academia de Historia, la reforma de la LOU,
el diseño del Plan Nacional de Formación Profesional que recupera
la figura de los centros nacionales, son claros indicativos de esa campaña.
Además, cuando desde los diferentes altavoces mediáticos se sigue
una estrategia perfectamente diseñada de acoso a todo lo nacionalista
y cuando hay manifestaciones expresas de dar por cerrado el desarrollo del autogobierno
de las comunidades autónomas, y existe la decisión de igualar
las competencias de todas ellas, como por ejemplo a través de la Ley
de estabilidad presupuestaria, nos enfrentamos a un ataque con una virulencia
desmesurada.
En coherencia con estas actuaciones, el Gobierno
español ha decidido prorrogar unilateralmente el Concierto Económico,
imponiendo su decisión, sin respetar su carácter de acuerdo entre
partes. Ante esta determinación lo que procede desde la CAPV es no considerar
tal prórroga.
Es preciso subrayar que el Concierto Económico
no es una oportunidad que la Administración del Estado ofrece a las Administraciones
Vascas, sino un derecho histórico de las mismas. Hay que recordar que
el País Vasco ha establecido su propio sistema fiscal desde hace siglos.
Incluso cuando en 1876 se abolieron los fueros la soberanía fiscal se
mantuvo. Desde entonces, solamente en la época franquista se abolió
el sistema del Concierto Económico para Gipuzkoa y Bizkaia. Hoy, según
la normativa vigente la CAPV tiene su propia Hacienda Autónoma para el
adecuado ejercicio y financiación de sus competencias. Por tanto, es
importante reconocer que la naturaleza del Concierto, la soberanía fiscal,
no debe estar sometida a la coyuntura política de cada momento; lo contrario
supone cuestionar, incluso negar, las garantías jurídicas de los
contenidos del Concierto Económico. Esto es precisamente lo que está
ocurriendo, como consecuencia de la prepotencia con la que está actuando
el Gobierno Español.
Según la disposición adicional
quinta del Concierto Económico, ‘para la gestión, inspección,
revisión y recaudación de los tributos concertados, las instituciones
competentes de los Territorios Históricos ostentarán las mismas
facultades y prerrogativas que tiene reconocidas la Hacienda Pública
del Estado’. De ello se deriva que las normas tributarias emanadas de las
distintas instituciones vascas son del mismo rango que las Estatales y sin embargo
hay una pretensión de definirlas como de segundo orden. Teniendo en cuenta
esta situación y el hecho de que la realidad europea actual es muy distinta
a la de hace 20 años, es evidente que el nuevo Concierto Económico
debe reconocer el derecho de las instituciones vascas a ser tratadas como una
administración competente más en la Unión Europea. De ahí
la necesidad y la pertinencia de recoger la referencia europea. Ciertamente,
la negación de este derecho por parte del Estado Español es coherente
con una pretendida superioridad del Estado sobre las instituciones vascas, pero
contraria, obviamente, a la filosofía soberanista que defiende Eusko
Alkartasuna.
El cupo, que es la cantidad a satisfacer por
las instituciones vascas por las transferencias no asumidas Este cálculo
se realiza independientemente de los ingresos que recauden las diputaciones
forales, muestra de la plena soberanía fiscal. Cuando mantenemos nuestra
discrepancia a este respecto se debe por varias razones. En primer lugar porque
no tenemos porque financiar el déficit de la mala gestión del
gobierno español. Por otro lado, cuanto más nos restrinjan las
competencias (vía leyes básicas, etc) nos corresponderá
pagar más cupo en concepto de esas competencias que nos eliminan. Esto
no es baladí, porque cuanto mas cupo paguemos menos dinero disponible
nos quedará para financiar las competencias ya asumidas y mejorar los
niveles de bienestar alcanzados. En cualquier caso es necesario recordar que
el actual sistema se está utilizando por el Gobierno Español para
obtener unos ingresos que luego no revierten en la CAPV, como queda de manifiesto
en la publicación de la Delegación del Gobierno español
Ventana Económica, según la cual las inversiones realizadas por
éste en la CAPV han sido de 47.100 millones de pesetas anuales de media
y por ejemplo, en 1997 tan solo destinó 20.581 millones. Esto es un claro
ejemplo de lo que está ocurriendo y explica el interés que tiene
el Gobierno Español en mantener esta situación, oponiéndose
sistemáticamente a cualquier proceso soberanista, incluso planteado de
forma democrática, asumiendo la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
Por otra parte, el Concierto y el Cupo son de
aplicación de toda la comunidad autónoma. Entrar a negociar con
cada Diputación es una política que recuerda el periodo iniciado
en 1937. En este punto, merece una mención el papel de las Diputaciones
Forales. Es conocido el papel de apoyo al gobierno central de la de Alava. Como
es claro, también, que el actual reparto de competencias interno en la
CAPV, según el cual las Diputaciones asumen las competencias normativas
y de gestión en la fiscalidad, es la causante de una situación
en la que es posible que se fijen posiciones y actuaciones diferentes en cada
territorio.
En cualquier caso, no quisiera terminar esta
reflexión sin hacer una mención especial al ingreso más
importante que no está concertado, como es el de las cotizaciones a la
Seguridad Social. En este sentido, no nos podemos olvidar del coste de oportunidad
que sufren los ciudadan@vascos por no gestionar la Tesoreria General de la Seguridad.
El INEM recauda en la CAPV 119.594 millones de pesetas y tan solo gasta 68.625
millones, es decir obtiene un superávit de 50.969 millones. La Seguridad
Social recauda 685.964 millones y gasta 636.555millones, obteniendo un superávit
de 49.409 millones. Sumas importantes de dinero que dejamos de percibir, necesarias
para desarrollar políticas que basadas en la justicia y la cohesión
social, contribuyan al bienestar de todos.
A la vista de la situación es necesario
reivindicar para las instituciones vascas la plena capacidad normativa y de
recaudación de todos los ingresos (tanto los impuestos como la Seguridad
Social) necesarios para la construcción nacional y social, donde se integren
todos los ciudadanos en igualdad de oportunidades.

Fuente: Eusko Alkartasuna