Joseba Azkarraga. Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco Les da igual. El
Gobierno del Partido Popular se ha propuesto ilegalizar a Batasuna y, un día
sí y otro también, sus miembros repiten que lo harán solos
o acompañados. Les da igual que quede quebrado el camino del consenso,
tan trabajosamente labrado para hacer posible la Ley de Partidos de 1978. Les
da igual que su ampuloso discurso a favor del diálogo y el acuerdo quede
reducido a una afable retórica que se limita al halago de oídos
prestos a escuchar un único mensaje. Les da igual que juristas de prestigio,
nada dudosos de su fe en el Derecho, expongan serias reservas y graves dudas
sobre un anteproyecto que roza los límites de la constitucionalidad y,
en mi opinión, de la democracia.
Una prueba de que
les da lo mismo la brindó, el pasado jueves, la Comisión de Estudios
del Consejo General del Poder Judicial. La división de sus cinco miembros,
tres nombrados por el Partido Popular y dos designados por el PSOE, evidencia
algo más que una mera ‘diferencia’ de pareceres, como la ha
definido el portavoz del órgano de gobierno de los jueces. En un tema
crucial y de indudable trascendencia para el futuro de la democracia -hablamos
de uno de sus pilares básicos, del derecho de asociación política-
la derecha española impuso una consigna que dicta como ‘esencial’
la nueva Ley de Partidos Políticos propuesta por el PP, con el fin, en
ningún caso oculto, de ilegalizar a una formación que ganó
en los Tribunales su derecho a tomar parte en el mapa político
Entiendo como importante
subrayar esa división porque ilustra como fábula al llamado Pacto
por la Justicia. El reparto de poder impuesto en el órgano de gobierno
de los jueces no escapa al control del ejecutivo. No vamos a discutir la legitimidad
de esa situación; lo que no pueden pretender es que los ciudadanos se
crean que no existe. No opera la necesaria búsqueda de equilibrio, exigible
en casos que se reconocen especialmente ‘delicados’. Opera la mayoría
con la que cuenta el PP. Es cierto que el dictamen que el CGPJ remita al Gobierno
sobre el anteproyecto de la nueva Ley de Partidos Políticos, al igual
que el que elabore el Consejo de Estado, no tiene un carácter vinculante
para el ejecutivo, pero son referencias de legalidad que no se pueden obviar.
Lamento que esa referencia limite prácticamente sus observaciones a cuestiones
de orden considerado técnico y opte por transmitir al Gobierno un ‘muy
bueno lo tuyo’.
Y lo lamento porque
voces autorizadas, expertos en Derecho Constitucional y Penal, han manifestado
serias objeciones a un anteproyecto elaborado a la carta con el único
fin de so pretexto de defender la democracia frente al terrorismo -necesidad
que, por otra parte, nadie discute- poner fuera de la ley a un partido. Los
dos bloques en los que se ha dividido la comisión de estudios del CGPJ
reflejan posiciones divergentes muy de fondo sobre las causas previstas para
ilegalizar a un partido, sobre quienes están legitimados para instar
la disolución de una fuerza política y qué órgano
judicial deberá dirimir el proceso.
Buena parte de
los juristas que han cuestionado el contenido de la ley propuesta por el PP
como trágala al PSOE y, por añadidura, a todos los demás
partidos del arco democrático, se sitúan en la socialdemocracia.
No son sólo diferentes formas de entender el mercado lo que separa a
la derecha y a la izquierda sino también, y sobre todo, el diferente
modo de interpretar que la libertad política es la que sirve de apoyo
a la legalidad y no lo contrario.
La ministra francesa
de Justicia, Marylise Lebranchu, declaró hace apenas unos días
que en su país no se han planteado la posibilidad de ilegalizar a Batasuna.
Reconoció que hay que tener ‘mucho cuidado’ a la hora de colocar
el cursor de la prohibición a una fuerza política. Convencida
de que la situación es realmente compleja, reflexionaba que, en caso
de ser española, ‘tendría mucho cuidado’ a la hora de
tomar una decisión semejante.
He comentado en
más de una ocasión que no defiendo a Batasuna sino el derecho
de hombres y mujeres que así lo deseen a identificarse con esa opción
política en condiciones de libertad. Que me repela, me repugne o rechace
su comportamiento es otra cuestión. Pero quienes siempre hemos creído
que al terrorismo se le combate con más democracia, nos sentimos sobradamente
alarmados ante la propuesta del PP.
Un sistema garantista
de derechos y libertades entra, con el planteamiento del Gobierno de Aznar,
en una vía impredecible marcada por el pulso de la derecha con una visión
puramente revanchista. Tanto que no tiene reparos en enfatizar su disposición
a llevar en solitario lo que presentan como causa de la democracia. Quizá,
les convendría recordar que para poner pilares a la ponderada transición
española se hizo en 1978 el esfuerzo necesario para que una cuestión
esencial se saldara con acuerdo. El problema es que ahora, veinticinco años
después, les da igual lo que suceda porque, desde su mayoría absoluta
han pasado a detentar el monopolio de la verdad y el acierto. Lo administran
sin escuchar la opinión de los que discrepamos porque, es evidente, nuestra
opinión les da igual.

Fuente: Eusko Alkartasuna