Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco El fin del servicio militar obligatorio
constituye un ejemplo paradigmático de conquista social pacífica.
El trabajo incansable de miles de jóvenes enrolados en los movimientos
de objeción de conciencia y su constante
denuncia de lo que para todos, y más para los que lo han sufrido, suponía
un anacronismo, ha dado su fruto. Su actitud y sus convicciones pusieron al
descubierto un divorcio entre la sociedad y la ley. Se expusieron a procesos
y han pagado con penas de cárcel e inhabilitación la defensa de
unas ideas que han cuajado en el cuerpo social. Pero ocurre que ese triunfo
social no se ha visto recompensado desde la política de la forma que
corresponde.
El pasado 31 de diciembre me dirigí por
carta a los Ministros de Justicia y Defensa para exponer mi preocupación,
y la de todo el Gobierno Vasco, ante el vacío legal ya creado para esa
fecha. La ‘mili’ había dejado de ser obligatoria y desde el
poder político no se habían arbitrado medidas ni reformas para
posibilitar un final al calvario de los siete jóvenes encarcelados y
una respuesta democrática tanto para los inhabilitados como para los
4.700 procesos pendientes contra insumisos.
Esa falta de previsión se ha enmendado,
pero a medias. El consejo de Ministros del pasado viernes 1 de febrero, eliminó
el delito de insumisión y los referidos a la deserción del Código
Penal y del Código Penal Militar con efecto retroactivo. Apenas veinticuatro
horas antes, la fiscalía de Huesca, por poner un ejemplo, había
solicitado en vista pública penas de inhabilitación por un periodo
de cinco años para dos jóvenes insumisos de 23 años. La
decisión del Gobierno del Estado, una vez más, llegaba tarde ¡e
incompleta!.
El propio ministro de Justicia, Angel Acebes,
confirmó la disposición del Gobierno del Estado a ‘aceptar’
indultos si los siete jóvenes que están en prisión, la
mitad de ellos vascos, lo solicitaban. Se trata, evidentemente, de un proceder
incorrecto. El Gobierno sabe que ningún insumiso solicitará una
medida de gracia, ya que ello va en contra de la propia filosofía de
su actuación. Esos jóvenes no han cometido delito alguno por el
que tengan que pedir perdón. El Gobierno no ignora que existen procedimientos
para que, sin mediar la petición personal del afectado, pueda procederse
a la excarcelación inmediata. Esa medida debía haberse adoptado
el mismo 31 de diciembre como reconocimiento político a una conquista
ciudadana.
Sería muy saludable que, tanto desde el
Poder Ejecutivo como desde el Legislativo, se reconociera la deuda contraída
con el Movimiento de Objeción de Conciencia desde hace más de
veinte años. Un enorme grupo social que, por vías estrictamente
pacíficas y democráticas, ha defendido con constancia unas ideas.
No olvidemos que en 1995, la mayoría del Congreso y del Senado hizo posible
que el llamado Código Penal de la Democracia castigara a los insumisos
con la cárcel y con la inhabilitación o ‘muerte civil’
a quienes se negaran a la prestación social sustitutoria.
Nadie valoró entonces la fuerza de un
movimiento que sintonizaba con los verdaderos intereses de la sociedad. Nadie
pudo suponer que siete años después la mili habría desaparecido.
¿Podemos pensar ahora en el final de los ejércitos?. ¿No
debemos ir abriendo un debate en esa dirección?. Mi opinión personal
es que se debe acometer cuanto antes. No creo plantear con ello un simple sueño
y, en todo caso, me niego a renunciar a la utopía.
Sé que son muchos los intereses que juegan
en contra. La industria armamentística mueve demasiados miles de millones
para que este debate se acepte de forma pacífica. La ambición
por el poder tiene su fuerte en el control de las armas. Los gastos militares
no sólo crecen en EE.UU. También en el Estado español su
incremento ha sido notable. Pero soy de los convencidos de que el progreso de
un país no puede ni debe medirse por la calidad de un cada vez más
sofisticado sistema de armamento, sino por la capacidad de ese país para
ofrecer el mayor nivel de libertad, bienestar y solidaridad a sus ciudadanos.
Resulta que es precisamente España el país que se encuentra muy
por debajo de la media Europea en Gastos Sociales y donde, por el contrario,
los gastos militares se incrementan constantemente.
Mientras tanto, José María Aznar
-de ridículo en ridículo- recorre Europa y recala en Estados Unidos
ofreciendo su ejército para cualquier acción bélica que
se tercie, encontrándose con la negativa de George Bush a aceptar su
‘regalo’. Olvida el presidente español que ese ejército
que él ofrece a otros países, como si de naranjas o melones se
tratase, representa una cuantiosa merma de los Gastos Sociales que deben ser
destinados a miles de ciudadanos de toda la península que se encuentran
en el umbral de la pobreza.

Fuente: Eusko Alkartasuna