Pasado, presente y futuro del debate sobre la transferencia de la seguridad social.

La transferencia de la gestión de la seguridad social en el marco de la CAV ha sido eje central de la política de alianzas post electorales desde la puesta en marcha del Estatuto de Gernika en el año 1979. Es el artículo 18 del propio Estatuto el que dispone que le corresponde a la CAV el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma, y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Aclarado este legajo, cabe recordar, que fue precisamente la negativa del PSE a su transferencia lo que frustró el primer y único intento para la configuración de un gobierno de izquierdas alternativo en la CAV entre PSE, Eusko Alkartasuna y Euskadiko Ezkerra tras las elecciones de 1986.

Por aquel entonces el debate bipolar en su formulación estaba situado entre aquellos que defendían la necesidad a nivel estatal de mantener el nuevo concepto de caja única (concepto nada constitucional y si muy político) y aquellos que pretendían implantar un sistema vasco de pensiones fundamentado en la solidaridad intergeneracional. Al respecto en el año 2007 se volvió sobre la propuesta Lagunkidetza cuyo origen esta ya en los años 80 y que ahora el PNV pretende recuperar como si se tratara de algo novedoso.

El sistema estatal en el momento actual

En el informe elaborado por el Gobierno Vasco respecto a la viabilidad de un sistema propio de seguridad social (10 de septiembre de 2015) se establece que pertenecen al régimen de la seguridad social como recursos, las aportaciones progresivas del estado, las cuotas de las personas obligadas, las cantidades recaudadas en concepto de recargas u sanciones y los frutos de su propio patrimonio. Esta cita de carácter tan solo descriptivo, es del todo elocuente para aclarar que el sistema de pensiones español es de carácter de reparto y que esta abierto a modificaciones en su gestión sin establecer en ningún momento el concepto de caja única como un elemento imprescindible para su desarrollo.

Además, el pacto de Toledo apoyado en la ley estatal de la seguridad social, establece para el calculo de pensiones, la variable del tiempo y las cotizaciones como base para el cálculo de la pensión a recibir por cada persona, estableciendo topes para la cantidad a recibir o los años de cotización a aportar para el computo. Así pues, el sistema estatal, asume como propia la solidaridad colectiva de las personas residentes en el estado español a la hora de distribuir la renta, lo cual, para nada, limita la competencia de la recaudación o la propia gestión colectiva del sistema por territorios.

Desde esta perspectiva, Eusko Alkartasuna ha reclamado constantemente la transferencia de la seguridad social, dando cumplimiento al acuerdo estatutario. La respuesta a esto siempre ha sido un NO rotundo por parte de los partidos estatales y del propio gobierno del estado independientemente del inquilino que lo ocupara en cada momento.

La supervivencia de las pensiones en los distintos modelos europeos

En la CAV actualmente, si nos guiásemos por el modelo estatal, obtendríamos como cifras referentes los 5.881.866.392, 96E que en 2014 hubo de ingresos y los 7.685.313.112,37E que costaron en 2014 las pensiones contributivas (los ingresos cubren el 76,53% de los gastos ,un 4% más que los porcentajes existentes a nivel estatal). Pero observar modelos decrépitos no debe ser una practica política habitual y es en Europa donde hay que poner la mirada fija si se quiere construir un modelo sostenible, moderno y diferente.

En Francia, se aplica un gravamen especial a los ingresos superiores (algo similar al impuesto sobre la riqueza que impulso EH Bildu cuando estuvo al frente de la DFG), se gravan también un 3% las plusvalías, se han impulsado nuevas tasas a los intereses del capital e incrementado las retenciones sobre las opciones de compra. En Holanda se ha impulsado el modelo mixto para generar más recursos para la seguridad social y en Suecia, se calcula en función de lo cotizado pero aplicándole el tipo de interés ficticio que hubiera acumulado como renta esos años, calculando este por medio de la tasa de crecimiento del PIB, de los salarios agregados, de los ingresos por cotizaciones… Todos ellos aseguran al beneficiario una pensión mínima pues su elaboración global sale de los presupuestos generales del estado. Esta explicación a groso modo de los sistemas europeos nos lleva a pensar que sin duda la gestión directa, favorece la adaptación del modelo a la situación económica que atraviese cada país en cada momento pues la flexibilidad es un elemento fundamental a la hora de adaptarse a la coyuntura política económica del momento.

El modelo vasco en un estado independiente

En mayo de 2016, PNV, PP y UPD unieron sus votos en el Parlamento vasco para evitar que la cámara aprobara una ley de pensiones que posibilitara a las personas cobrar un mínimo de 1080E al mes, negando la dignidad a muchas de las personas que viven en nuestro país. Nosotras creemos que un modelo propio del régimen de la seguridad social digno es posible siempre y cuando, provisionalmente hasta la constitución de una república vasca independiente, se gestione desde aquí.

Toca dejar de mendigar en las calles y bajo los leones en Madrid y comenzar a activar una hoja de ruta propia donde leyes e instituciones jueguen un papel decisivo en favor de las personas y en la constitución de un estado vasco soberano bajo la vía de la unilateralidad. Los pensionistas y las pensionistas de este país lo están ya reclamando desde diferentes ámbitos y pronto lo harán también en la calle.

Leire Pinedo, secretaria de Política Económica y Fiscal