Viene siendo recurrente que el debate fiscal se despierte coincidiendo con las reuniones del Consejo Vasco de Finanzas. Tras la última, hemos confirmado que la recaudación del último año no ha cumplido las previsiones marcadas por las haciendas forales y el Gobierno vasco, ni siquiera las revisiones hechas a la baja en el mes de octubre.
Las Haciendas de la CAV han recaudado 550 millones de euros menos de lo previsto y, independientemente de pedir a los responsables institucionales que hagan mejor los cálculos o que, directamente, no nos engañen haciéndonos creer en milagros imposibles, lo malo del incumplimiento son sus consecuencias, evidentemente. Hablamos de 550 millones menos que, sí o sí, tendrán su reflejo en los presupuestos de todas las instituciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. De esta forma, se confirma que el actual sistema fiscal –con todo lo que supone, desde los impuestos al fraude- es insuficiente para que la ciudadanía vasca disponga de los servicios del sistema de bienestar, para políticas de impulso a la economía y de desarrollo de la sociedad y, mucho menos para una redistribución de rentas que nos ponga en el camino de la justicia social.
El actual sistema fiscal de la CAV no permite ningún avance en materia de servicios sociales, ni siquiera permite mantener lo que tenemos, y lo que tenemos es un Estado de Bienestar de medio pelo: augura más recortes.
Lamentablemente, es la crónica de un fracaso anunciado. La contrarreforma fiscal impulsada por PNV-PSE contra la reforma que llevó a cabo EH Bildu en Gipuzkoa auguraba malos resultados, los que se están cosechando, ni más ni menos. Los datos son objetivos y el incumplimiento de las previsiones canta: en 2015 el agujero fue de más de 467 millones, en 2016 más de 547. Es decir, en dos años tenemos 1.015 millones menos para desarrollar los servicios públicos.
Y la pregunta es qué han hecho los gobiernos forales y el Gobierno vasco del PNV y el PSE, qué han hecho a parte de esperar a ver los resultados, asegurando que el milagro se produciría, que el modelo vasco iba a producir una sorpresa imposible.
Hubo un amago de esperanza cuando el consejero de Hacienda afirmó que ha llegado la hora de replantear el sistema fiscal de esta parte del país. Esperanza que se evaporó cuando Confebask le hizo un marcaje rápido, para que se olvide el tema. Asunto zanjado.
La reforma fiscal es necesaria y urgente. Solo un cambio en la fiscalidad que haga posible la recaudación de los recursos que las instituciones necesitan, nos permitirán avanzar en materias claves: planes de empleo, servicios sociales, sanitarios y sistema educativos,…
Puntos importantes de la reforma serían la modificación del impuesto de sociedades para eliminar todas esas vías de escape que tan bien saben usar las grandes empresas, no cargando el peso de la recaudación en las rentas del trabajo como hasta ahora, ahondando para ello en la tributación del capital y recuperando el impuesto sobre la riqueza, …
Eusko Alkartasuna insiste en la necesidad de un debate fiscal abierto en el que participen también los agentes sociales y sindicales, y con transparencia ante la sociedad porque no es cierto que no queramos pagar impuestos, lo que exigimos es una fiscalidad justa y una buena gestión del dinero que cada uno y una de nosotras aportamos a la sociedad.