El pasado 12 de diciembre se firmó solemnemente en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo la Carta Europea de Derechos Fundamentales. La Carta establece que toda persona tiene derecho a la vida. Obviamente, el terrorismo como vía de consecución de objetivos políticos choca frontalmente contra este enunciado. Por otro lado, la Carta afirma que la Dignidad Humana es inviolable y será respetada y protegida. Asimismo, toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. Las amenazas y la extorsión no tienen cabida en estos artículos de la Carta de Derechos Fundamentales.

Pero hay que señalar a su vez, que según el mismo texto “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. La sospecha de torturas es consecuencia directa de la llamada Ley anti-terrorista que establece excepciones al habeas hábeas, es decir, permite la incomunicación de los detenidos antes de declarar delante del juez. En palabras de Irujo, “”plantearemos a la Comisión si este tipo de legislación es acorde con el nuevo texto recientemente aprobado y que entrará en vigor con probabilidad en el 2009. La UE no puede afirmar que se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos y permitir este tipo de legislaciones. Las sospechas de que se tortura en la comisarías no sólo es un grave problema ético de violación de los derechos humanos, sino algo que echa más gasolina al fuego de la violencia”

Red Judicial Europea

El nuevo Tratado afirma que la “la Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros”. Todo ello podría enmarcarse dentro de la “Red Judicial Europea” creada en 1998 como una herramienta destinada a facilitar el auxilio judicial en el marco de la lucha contra la delincuencia transnacional. La Red está formada por una serie de puntos de contacto a disposición de las autoridades judiciales locales y de los demás Estados miembros que les permiten mantener contacto directo entre sí. Eusko Alkartasuna considera necesario que la llamada política anti-territorista se integre en esta Red europea, la cual garantizaría de a manera más objetiva el respeto de los derechos de los detenidos.

Fuente: Mikel Irujo