Asegura que las medidas adoptadas “infringen claramente los principios de un derecho penal democrático”
El grupo parlamentario de Eusko Alkartasuna ha presentado una moción en la que propone que el Parlamento Foral rechace las reformas penales presentadas por el Gobierno del Partido Popular al Congreso de los Diputados, por entender que “infringen claramente los principios de un derecho penal democrático”. Asimismo, EA propone a la Cámara instar al Gobierno de Navarra a que presente recurso de inconstitucionalidad contra dichas medidas, “en función de los derechos y libertades fundamentales que entienda vulnerados”.

En la exposición de motivos, la presidenta de Eusko Alkartasuna y portavoz parlamentaria, Begoña Errazti, subraya que “durante el año 2003 el Gobierno del Partido Popular ha impulsado un número importante de leyes con gran repercusión en la legislación penal, procesal y penitenciaria”, en concreto, la Ley de Juicios Rápidos, la Ley del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, la Ley del cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, la Ley de prisión provisional, la Ley sobre seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, y la Ley de reforma del Código Penal.

Errazti considera que “los aspectos esenciales de éstas son contrarios a los derechos humanos, a los textos internacionales, a la constitución y a las recomendaciones europeas”. Así, explica “las penas de prisión de hasta 40 años, la exclusión del acceso al tercer grado y la libertad condicional en unas plazos que hacen ilusorias las finalidades constitucionales de la pena, la generalización de la prisión provisional, el incremento generalizado de las penas para muchos delitos, la definición innecesaria de nuevos delitos, la extraordinaria penalización de la reiteración delictiva y la reincidencia o la obligatoriedad de la expulsión de extranjeros son aspectos incorporados con la nuevo legislación que Eusko Alkartasuna considera “inadecuados e inhumanos en muchos casos”.

Destaca también otras consecuencias de las nuevas modificaciones como “la disminución de garantías de acusados y víctimas en los juicios rápidos, el recorte del ámbito decisorio de jueces y tribunales, y la tendencia al menoscabo de la independencia judicial”, entre otras.

A juicio de la portavoz parlamentaria, “estas medidas infringen claramente los principios de un derecho penal democrático, tales como la intervención mínima, la prohibición de penas inhumanas, el objetivo de la resocialización, los principios de igualdad y presunción de inocencia, etc”.

Así, expone, “el conjunto de normas propuestas por el Partido Popular conduce al hacinamiento en unas prisiones ya masificadas”. Desde que gobierna el PP y está en vigor el Código penal de 1995 se ha incrementado la población penitenciaria del Estado español en más de 10.000 personas, casi un 25%, llegando a las 55.000 actuales. “Teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentras las cárceles, que no son capaces de proteger los derechos fundamentales a la vida, a un trato digno, a la salud, estas regresivas reformas incrementan peligrosamente el nivel de conflictividad y la violación de derechos fundamentales”, apunta Begoña Errazti.

Reducción de penas a delitos fiscales

Frente a la filosofía y política que propugna y aplica el Partido Popular “basada en la intolerancia y la imposición”, Eusko Alkartasuna considera que la delincuencia “es expresión de conflictos sociales, al menos en parte, por lo que la solución debe ser social”. Al contrario, “reformas como las del PP, basadas en la tolerancia cero con el pequeño delincuente, producen el aumento de la represión frente a los sectores más desfavorecidos, que precisamente por esta situación se ven a menudo inmersos en actividades ilegales”.

Por el contrario, EA destaca que las reformas defendidas por el PP “reducen el castigo penal de los delitos fiscales y similares”, que suelen ser más habituales en sectores sociales de mayor capacidad económica, “lo cual demuestra a quién defiende el PP”.

Seguridad, derechos y libertades

La presidenta de EA y portavoz parlamentaria resalta también “la estrecha visión de la seguridad ciudadana” en la que se basan dichas reformas penales. “Se excluye la amenaza a la seguridad de los derechos y libertades que proviene de las medidas policiales y punitivas de los propios poderes públicos. Se margina de este concepto la seguridad para derechos fundamentales como la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, la presunción de inocencia”, apunta Errazti.

Por otra parte, denuncia “la difusión deliberada de datos inexactos, cuando no falsos, sobre el crecimiento de la criminalidad, con el fin de señalar a los sectores sociales más desfavorecidos como culpables de todos los peligros”. Así, expone que el aumento de la criminalidad “es una afirmación no demostrada, menos aún en el caso de Navarra”.

Como consecuencia, ante una reforma que califica de “regresión política” y afirma que “vulnera principios constitucionales”, Eusko Alkartasuna propone que el Parlamento de Navarra exprese su oposición “por entender que se oponen a los principios político – criminales consolidados en los sistemas penales occidentales y en la Constitución: principio de igualdad, principio de intervención mínima, orientación resocializadora, principio de individualización del tratamiento, principio de culpabilidad etc”.

Igualmente, propone a la Cámara que manifieste su adhesión a los principios de respeto absoluto a la dignidad de la persona, por encima de cualquier otro tipo de consideración, y garantía de todos sus derechos; el principio de humanidad de las penas, que debe traducirse fijando el límite de cumplimiento en los 30 años, ya de por sí severo y excepcional; el principio de resocialización; la integración de la política criminal dentro de otras políticas de carácter social, laboral, sanitaria, educativa etc; propiciar alternativas a la prisión, entre otros.

Asimismo, propone instar al Gobierno de Navarra a que estudie la adecuación de la normativa al ordenamiento jurídico vigente y a que presente recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que vayan entrando en vigor, en función de los derechos y libertades fundamentales que entienda vulnerados.

Por último, EA propone que el Parlamento de Navarra constituya un grupo de trabajo que tenga por objeto realizar el seguimiento de las modificaciones penales impulsadas por el Partido Popular, así como analizar su repercusión sobre la realidad navarra.

Fuente: Begoña Errazti